INFORME ESPECIAL

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Extranjeros dominan concesiones costeras

Solo el 19% de los derechos de explotación está en manos de costarricenses

Ocho de cada diez concesiones otorgadas en la Zona Marítima Terrestre (ZMT) tienen participación -de capital o administrativa- de personas extranjeras, según reveló una investigación realizada por El Financiero.

Estos extranjeros -cuyo principal país de origen es Estados Unidos- aparecen como socios o directivos de la sociedades anónimas concesionarias que están en los archivos del Departamento de Concesiones del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

El detalle de los socios y directivos fue corroborado en el Registro Nacional de acuerdo con la lista de 177 firmas escogidas que poseen una concesión mayor a los 10.000 metros cuadrados.

Se trata de propiedades que suman en total 16,6 millones de metros cuadrados, es decir, prácticamente tres veces el tamaño de la provincia de San José.

Las concesiones seleccionadas por su tamaño se encuentran en los litorales de las provincias de Guanacaste, Puntarenas y Limón. El más grande está en la primera, Ecodesarrollo Papagayo, que tiene una extensión superior a los ocho millones de metros cuadrados.

Pero más allá de los incuestionables beneficios que traen la mayoría de esos proyectos en términos de inversión y empleo, la investigación reveló que la estructura institucional involucrada en esta concesiones tiene graves fallas, que ocasionan violaciones a la Ley 6043 sobre la Zona Marítima Terrestre, de 1977.

Y los dedos apuntan a las 21 municipalidades que tienen a su cargo la administración y la fiscalización de parte de la ZMT, así como también al ICT, como ente rector de la materia.

Específicamente: hay desorden en el otorgamiento de esos derechos, carencia de registros informáticos de las solicitudes y sus participantes, así como de planes reguladores, requisito indispensable para poder otorgar las concesiones.

Esto ha ocasionado que se otorgue más de una concesión a un persona física o que se otorguen a sociedades controladas por extranjeros (ambos hechos prohibidos por la ley) y que existan personas y empresarios con obras construidas en la ZMT sin tener el derecho.

Algunos casos se presentan en Limón. Y es que si se aplicara la ley, familias y empresarios de varios cantones de esa provincia tendrían que derrumbar sus edificaciones y ser desalojados.

Esas fallas ya han llamado la atención de la Contraloría General de la República, la cual ha empezado a exigir orden a los ayuntamientos y al ICT.

Otro hallazgo reveló que a pesar de que los 200 metros de la ZMT son propiedad del Estado (incluidos 50 metros de playa inalienables), algunos hoteles en Guanacaste y Puntarenas son propietarios de esos terrenos gracias a un portillo abierto por una legislación anterior a la 6043, a saber, la Ley 4558 sobre Urbanización Turística, de 1970.

Limitaciones

Para tener una idea clara de quiénes son los dueños de esas concesiones, El Financiero decidió tomar en cuenta las más grandes (de más de 10.000 metros cuadrados), que en total representan un 18% de todas las registradas en el ICT (un total de 1.006).

Sin embargo, no se tomaron en cuenta todas las solicitudes que se encuentran en vías de aprobación en el ICT, ya que esta entidad no tiene la información ordenada ni de forma electrónica. Es más, los expedientes de todas las concesiones están esparcidos en varios archivos.

Les tomó casi 20 días a cuatro periodistas de este semanario revisar los expedientes de 20 de las concesiones más grandes.

Igualmente, no todas las 21 municipalidades involucradas tienen registros de esas solicitudes, pero se supo que al menos las de Hojancha y Liberia (Guanacaste), de Garabito (Puntarenas) y de Talamanca (Limón) tienen en conjunto 1.161 peticiones por aprobar, es decir, el doble de las que hay registradas actualmente.

Del estudio quedaron excluidas las zonas protegidas, que representan 62.686 hectáreas.

Aun así, el estudio registral permitió determinar la identidad y la procedencias de los socios y directivos de las concesiones.

Un 65% tiene participación de estadounidenses, un 2% de italianos, una porcentaje similar de canadienses y libaneses, y un 1,5% de mexicanos y españoles.

Valga decir que no todas las grandes concesiones están en manos de sociedades anónimas, también hay otras en manos de personas físicas.

De ellas, la más grande pertenece al estadounidense residente John Tresemer Grainger, con 170.210 metros cuadrados en Puntarenas, es decir, más de dos veces el tamaño del Terramall.

No obstante, se investigó con mayor profundidad el avance en los proyectos turísticos de mayor envergadura, entre ellos, Ecodesarrollo Papagayo, que ya posee dos hoteles en funcionamiento y emplea a 1.057 personas.

Otros proyectos, sin embargo, no tienen el avance esperado. Tal es el caso de Hotelera Media Luna, Inversiones Monte del Barco y Occidental Esmeralda, en Guanacaste, y Faro Escondido y Agroservicios Helicópteros de Costa Rica, en Puntarenas (véase mapa aparte).

Hoteles de lujo, villas residenciales y las canchas de golf son algo común en los planes de inversión que han presentado estas empresas en los últimos años. Por ahora, son solo promesas.

En Limón solo tres de las concesiones otorgadas sobrepasan los 10.000 metros cuadrados y las tres pertenecen al estadounidense James Zeller y al costarricense Alvaro Fernández Romero. Ambos planean construir villas turísticas en los terrenos.

En pocas manos

Pero esta situación de acaparamiento de concesiones se repite en las otras dos provincias, a pesar de que la ley prohíbe que haya más de una concesión en manos de una solo persona.

Si se toma en cuenta su participación como socios o como directivos, entre las personas que más aparecen ligados a concesiones están: el contador Orlando Castellón Navarro (con 28), el actual directivo del ICT Alvaro Martín Salazar (con 15), el diputado del Partido Unidad Social Cristiana Olman Vargas Cubero (con 7) y el actual aspirante a una curul por esa agrupación política Marco Vinicio Araya (con 5).

Martín dijo que solo en una es coinversionista, mientras que Vargas reveló que se había desligado de esas sociedades en 1999.

Además, otros empresarios que fungieron como presidentes ejecutivos del ICT también tienen concesiones, tal es el caso de Rubén Pacheco Lutz (con dos en la Península de Papagayo) y Carlos Roesch (con una, en Manuel Antonio, Quepos).

Pero la lista de políticos con negocios en las costas no termina ahí: se destacan el caso del exvicepresidente de la República Armando Arauz (1982-1986) -quien impulsó la Ley de Urbanización Turística- y el expresidente Daniel Oduber (1974-1978).

Precisamente, esa ley tenía un transitorio que permitió que algunas empresas actualmente sean dueñas de los 150 metros reservados de la ZMT, como los hoteles Tambor y Langosta (operados por la cadena española Barceló), Los Sueños (administrado por la firma estadounidense Marriott) y Punta Leona.

Sin controles

Lo anterior demuestra que el desorden en el otorgamiento, administración y fiscalización de esos derechos de explotación no es algo reciente.

Un sondeo realizado entre las municipalidades que administran parte de la ZMT demostró que hay serias deficiencias en el manejo de la información sobre esas concesiones y el control sobre las obras hechas por los concesionarios.

Falta de recursos y falta de capacitación del personal son señaladas como las principales limitaciones.

Por ejemplo, en la Municipalidad de Puntarenas, los encargados reconocieron que los archivos de las concesiones están desordenados y, en Aguirre, los responsables del área fueron despedidos recientemente y sustituidos por una persona de forma interina.

A esa falta de controles se une la ausencia en buena parte de los ayuntamientos de planes reguladores, requisito indispensable para otorgar los derechos y para que estos cantones puedan cobrar el respectivo canon.

Esa situación tiene en vilo a varias familias y hoteleros de Tortuguero, Siquirres, Talamanca y Limón, pues de aplicarse la ley tendrían que derribar sus construcciones y abandonar los terrenos.

Entre las opciones analizadas se encuentra un proyecto de ley presentado por el diputado del Partido Acción Ciudadana Edwin Patterson, para declarar como ciudades las áreas urbanas de Cahuita y Puerto Viejo.

Casualmente, este no es el único proyecto en la corriente legislativa que quiere ordenar el manejo de la ZMT. Existen ocho planes que pretenden desde ordenar la fiscalización de esos terrenos y eliminar algunos límites hasta dar en propiedad esos terrenos.

Y aunque todos los responsables reconocen el problema, no hay una solución clara a la vista.

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