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Lun 14 mar, 2005 - Dom 20 mar, 2005 | |
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Zona Marítimo Terrestre | Normativa no evita alta incidencia de violaciones Las leyes se ahogan en la marea Mario Bermúdez Vives Entes fiscalizadores denuncian falta de seguimiento A pesar de que los legisladores crearon un sistema de controles cruzados para la zona marítimo terrestre (ZMT), la mayoría de las disposiciones se ahogan en una marea de desorden, recursos y fiscalización insuficientes, así como de responsabilidad diluida. Los problemas no se generan por falta de experiencia.
La Ley 6043, de 1977, heredó una de las normativas más antiguas del país: la ley de la milla marítima dictada en 1828 por Juan Mora Fernández (véase recuadro: "Legado con sabor...). Esta propiedad estatal de la zona costera tenía en el siglo XIX una motivación de seguridad nacional, que evolucionó en el siglo XX a una protección de los recursos naturales. A pesar de esta añeja inquietud, en el siglo XXI todavía no se logra una buena vigilancia de estos terrenos. Mares de líos Para superar los embates del pasado, la ley determinó hace 27 años una red de controles. Al Instituto Costarricense de Turismo (ICT) le corresponde la vigilancia superior y general, y a las municipalidades velar por el desarrollo de estos terrenos. A la Procuraduría le encargó el control jurídico del tema. Además, delimitó otras responsabilidades, como un Registro General de Concesiones en el Registro Nacional (aunque a cargo del ICT), la demarcación de la zona pública al Instituto Geográfico Nacional, y al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) la aprobación de los planes de desarrollo urbano. Pero en lugar de funcionar como controles cruzados, los diferentes centros para registrar las concesiones fomentaron dispersión y responsabilidad diluida. Cuatro informes de la Contraloría agitaron en el 2004 las aguas mansas de la ZMT, todos con conclusiones casi idénticas (véase recuadro: "Fallas repetidas"). La Contraloría retrató un mar en caos: poca planificación, ausencia de planes, construcciones ilegales y escaso seguimiento. No estaba sola: la Defensoría de los Habitantes presentó una inquietud similar en su último informe, en el que destacó el caso de Golfito para alertar sobre actos irregulares que se presentan, debido a una administración deficiente desde la recepción, trámite y resolución en gestiones de la ZMT. No se puede alegar desconocimiento de este panorama. Un estudio de la Universidad Nacional, realizado en 1993, a solicitud del ICT, "Levantamiento de información de las construcciones en la zona pública de los litorales en Costa Rica", detectó numerosas anomalías. Pero como castillos de arena, estas situaciones fueron tragadas por la marea del olvido... o de los intereses. Seguir la corriente La ZMT se reparte en 21 municipalidades, responsables de administrar las concesiones. Pero los gobiernos locales se muestran desbordados ante esta responsabilidad (véase nota: "Ineficiencia municipal debilita controles"). Las concesiones lucen sin conexión, dado el carácter local de la aprobación del plan regulador, sin el cual no pueden existir obras. Las municipalidades declaran imposibilidad de contar siempre con dicho plan regulador, así como de controles sobre las concesiones, por falta de recursos. Y el ICT, que debe velar por la visión general, debate a la Contraloría el carácter de esa responsabilidad (véase nota: "Interpretación deja normas a la deriva"). También otras entidades parecen no estar a la altura. El ICT reclama al Instituto Geográfico Nacional la falta de mojones (señales permanentes para fijar los linderos), y esta entidad tiene dificultades para cumplir con su tarea. Dos informes de auditoría interna del Ministerio de Obras Públicas dicen que faltan controles en los trabajos de amojonamiento. Además, que los registros son deficientes y es inadecuada la supervisión.
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