INFORME ESPECIAL

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Ayuntamientos | Pocos manejan listados de concesionarios

Ineficiencia municipal debilita controles

Algunos municipios tienen solo un funcionario en el área

Si la Municipalidad de Osa cobrara el canon por concesión de Zona Marítimo Terrestre (ZMT) en la mitad de los 160 kilómetros de su litoral podría duplicar su presupuesto de gastos de un año.

Ese municipio tiene previsto invertir este año ¢225 millones. Según su alcalde, Gabriel Villachica, si se contara con plan regulador para 80 kilómetros -actualmente solo existe para 25- recibirían ¢500 millones, en lugar de los ¢8 millones que generó el canon por concesión en el 2004.

Pero el municipio no puede hacer los planes reguladores para esos 55 kilómetros: no tienen recursos.

En la Municipalidad de Santa Cruz la historia es similar. Los inspectores de la ZMT esperan que salga un vehículo de otro departamento para atender las denuncias por infracciones relacionadas con la concesión.

Aunque velar por el desarrollo y aprovechamiento de esta zona, patrimonio de los costarricenses, es tarea de los municipios, estos realizan a medias su labor e incumplen lo dispuesto por la Ley.

Las municipalidades saben que son ineficientes en la administración de la información y supervisión de los concesionarios.

Pero -alegan en su defensa- no tienen recursos ni personal, aunque reconocen que la Ley 6.043, a cambio de su tarea, les permite el cobro de un canon anual a los concesionarios.

Según datos del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), Guanacaste, que tiene unas 70 concesiones superiores a los 10.000 m², recaudó en el 2003 el 76% del canon de la ZMT, mientras que Puntarenas el 22% y Limón el 2% (véase gráfico: "Cantones con mayor recaudación").

El Financiero consultó hace poco más de un mes el nombre, la extensión y la naturaleza de las concesiones a 18 de las 21 municipalidades con costas. Siete enviaron parte de la información, cinco manifestaron que necesitaban más tiempo y el resto no contestó.

Luz Marina Jiménez, quien coordina el departamento de ZMT de Puntarenas desde hace cuatro meses, y no pudo dar la información porque los archivos están desordenados.

En Aguirre -para citar otro caso- fueron cesados los trabajadores de todo el departamento y contrataron a una persona de manera interina.

Con la uñas

Los administradores de las costas carecen de sistemas informáticos para los expedientes y las búsquedas de información deben hacerse manualmente.

El desorden también llega al Departamento de Concesiones del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), donde los datos de los concesionarios están agrupados por cantón. No existe un sistema automático que permita localizar un expediente y su contenido, para facilitar la labor de vigilancia que les corresponde.

También, en algunos casos, la información está desactualizada o difiere de otra como la del Registro Nacional de la Propiedad, según comprobó El Financiero en su investigación.

Santa Cruz sí tiene un programa de archivo, el MAR, pero no guarda los datos nuevos que se ingresan, dijo Eduin Ortiz, encargado del departamento de la ZMT.

En Parrita, el alcalde, Fernando Godínez, afirmó que existe un listado con la información básica de los expedientes de solicitudes (nombre, número, área, ubicación por mojones y playa).

Se le pidieron el pasado 26 de enero; Godínez contestó que requeriría más de un mes para obtenerla.

Por el contrario, municipios como el de Hojancha tienen listados de las concesiones otorgadas y de las solicitudes pendientes de aprobación con datos como el área y el número de plano.

En Talamanca, aunque ninguna de sus zonas costeras cuenta con un plan regulador, se mantiene un listado con los nombres de los ocupantes de las propiedades.

Problema medular

Mientras el descontrol de la ZMT aumenta, los municipios siguen girando en un círculo vicioso: la mala administración causa que no puedan percibir más recursos y esto a su vez impide mejorar las condiciones para fiscalizar.

Para Juan José Echeverría, presidente del IFAM, este problema no es nuevo ni único. Se extiende a todos los departamentos de los municipios; y en el caso de la ZMT es un problema que se arrastra desde 1977, cuando entró en vigencia la ley.

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