INFORME ESPECIAL

Imprimir || Enviar por E-mail

Casos de costas

Activo Natural

Las costas del país miden unos 1.466 kilómetros de longitud; de estos, 1.254 se ubican en el Pacífico. 590 kilómetros son utilizables para la operación ya que el resto son parques nacionales, desembocaduras de ríos, manglares y otras áreas protegidas.

Un caso

La Municipalidad de Nicoya administra 38 kilómetros de playas; sin embargo, solo tiene cinco kilómetros con algún tipo de regulación para definir las actividades que se pueden desarrollar.

Una única concesión

Según el artículo 57 inciso e) de la Ley 6043 una persona solo tendrá una concesión, sin embargo varias personas físicas aparecen en distintas sociedades concesionarias.

Cuidado con planos

La Procuraduría General de la República ha advertido al Registro Nacional sobre las intenciones de algunas firmas de ampliar sus linderos incluso hasta los 50 metros inalienables.

Problema recurrente

Solo en los últimos cinco años, el desorden y problemas generados en torno a la Zona Marítimo Terrestre afloran en múltiples casos.

La polémica más permanente

"El Plan de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo cambia el uso del suelo a la Zona Marítimo Terrestre de bosque a urbana, lo cual permite desarrollarla con densidades de 60 o 40 personas por hectárea y eliminar completamente la vida silvestre, permitiendo que se puedan instalar allí unas 30.000 personas, si no más". Anacristina Rossi, 20 de octubre 2004.

"Los supuestos desastres ecológicos en el refugio Gandoca Manzanillo no existen". Fernando Arias, presidente de la Asociación de Desarrollo Ecológico de Cocles, Manzanillo y Gandoca (Adecomaga), 8 de febrero 2005.

Sacando a algunos

Desde hace dos años la Municipalidad de Santa Cruz, en Guanacaste, ejecuta desalojos en las playas bajo su tutela.

En agosto del 2003 funcionarios de la municipalidad y tres policías, desmantelaron ranchos construidos en las playas de Frijolar y Eriza, en Marbella. En noviembre pasado Pastor Gómez Ruiz, alcalde de Santa Cruz, indicó que estaban pendientes de ejecutarse unas 90 demoliciones de edificaciones que estarían violentando la Ley de la Zona Marítimo Terrestre.

Regulaciones parciales

La Sala Constitucional resolvió en agosto del 2004 la imposibilidad de acampar en la franja de 50 metros.

¿El huevo o la gallina?

Fernando Godínez, alcalde de Parrita, aseguró en octubre del 2003 que si contaran con un plan regulador en la Zona Marítimo Terrestre podrían recaudar ¢400 millones más por año, pero no disponen de los ¢300 millones que cuesta el estudio. El presupuesto para un año en el municipio es de ¢270 millones.

Ampliando la ley

Un decreto gubernamental de junio del 2004 permitió talar bosque primario y secundario en las zonas costeras costarricenses para construir proyectos ecoturísticos.

Tres días después de la publicación del decreto la sociedad Playa Dulce Vida S.A. recibió el visto bueno del despacho del Ministro del Ambiente y Energía (Minae) para cortar 46 árboles, algo que pretendía hacer desde el 2002, en una zona que se había calificado como de bosque secundario.

Allí participaban en ese momento el estadounidense Glenn Jampol y el exministro de Turismo de la administración Figueres Olsen, Carlos Roesch Carranza, actual presidente de la Cámara de Hoteleros.

Para llegar a la playa

Luego de una década de disputas, el 10 de octubre del 2002 se abrió el acceso a las playas Mantas y Blanca, en Garabito, Puntarenas.

Así lo resolvió un año antes el Tribunal de Juicio de Puntarenas y lo confirmó en junio del 2003 el Tribunal de Casación Penal.

Con maquinaria pesada se destrozó el portón y la cerca colocados por el Club Punta Leona para impedir el paso público.

Más reclamos

Como en el caso de Punta Leona, hay otros reclamos similares. En febrero del 2001,

José Manuel Agüero, representante de Playa Escondida y Faro Escondido, dijo en su defensa que no solo tienen 19 años de pagar la concesión sino que, además, el portón que impide el paso hacia las playas está en terreno privado por lo tanto no hay motivo para abrirlo al público.

Y el Estado reconoce los problemas

Para el procurador Agrario, Víctor Bulgarelli, el espíritu de la Ley de Zona Marítimo Terrestre es que todos los ciudadanos tengan acceso a la costa pero esto no se cumple en el plan regulador. ¿Qué tocaría hacer? Su solución, según indicó en el 2001, es que el ICT vele porque todas las personas tengan derecho a disfrutar de las playas y las municipalidades impulsen las expropiaciones para garantizar caminos públicos.

Servicios

En formato PDA

De nuestros anunciantes

Alianza Hoteles Hampton Inn y restaurantes, para su comodidad

¿Cuáles son los requisitos para obtener la visa de Estados Unidos?

Tarifas Especiales de Hoteles Marriot en Latinoamérica