Todo cambia. Y eso es una premisa que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) debería valorar y asumir para evitar sanciones,  conflictos con otros y competir de manera más eficiente en un mercado de telecomunicaciones abierto.

Durante 15 años, nadie en este país se preguntó bajo qué condiciones se instalaban las radiobases que componen la red celular de la que hoy hacemos uso.  Tampoco ninguna municipalidad se imaginó que esta infraestructura podía representar una fuente de ingresos importante para sus arcas. 

El nuevo ambiente en competencia ha venido a poner en orden una actividad que habíamos ignorado. Esto implica que el ICE debe solicitar, a partir de ahora, el aval de algo que hasta ahora ha hecho libremente, y por lo tanto, aprender a ser un actor más en el mercado de telefonía celular. 

Una realidad que parece no ha asimilado aún la empresa estatal y que está generando problemas a municipalidades como Montes de Oca y Escazú, las cuales se han dado a la tarea de poner sellos de clausura a los postes que la empresa estatal ha instalado recientemente.   No obstante, estos gobiernos locales admiten que demoler estas infraestructuras requiere su trámite y desconocen si los recursos de radio colocados en los postes clausurados están en funcionamiento.

A la vez, esta situación pone en desventaja a los dos nuevos operadores, América Móvil y Telefónica, que enfrentan problemas para desarrollar sus redes ante la ausencia de reglamentos en los municipios y los conflictos vinculados con el tema de salud.

Por ello, consulté a Anabel González, ministra de comercio exterior, sobre si esta situación podría verse como un trato discriminatorio a las otras  empresas en el mercado.

Adjunto la respuesta:

 “Es criterio de la SUTEL que el nuevo marco jurídico en telecomunicaciones no permite interpretar que el artículo 3 de la Ley N°3226 autoriza al ICE de forma abierta y discrecional para establecer infraestructura de telecomunicaciones, sin ajustarse a los parámetros establecidos en las leyes, reglamentos y por las autoridades competentes.
Por tanto, no es correcto afirmar que la Ley N°3226 autoriza al ICE a instalar infraestructura, como torres, sin necesidad de pedir permiso … Específicamente sobre la instalación de torres de telecomunicaciones, la SUTEL considera que tanto los operadores públicos como privados tienen un derecho genérico de hacer uso de los bienes públicos y privados para desplegar redes públicas de telecomunicaciones, pero que en cada caso ese derecho debe concretizarse a través de la solicitud del título habilitante correspondiente, como puede ser un permiso temporal o servidumbre o derecho de vía o de paso, en una vía cantonal o nacional, ante la municipalidad respectiva o el MOPT. En resumen, que en la instalación de torres de telecomunicaciones el ICE no tiene prerrogativas o excepciones de derecho público”.

Ahora lo que queda es esperar a que los señores del ICE se ajusten  y cumplan con las reglas y nuevas condiciones del mercado.

La confirmación de que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) está en cuidados intensivos producto de una asepsia en sus finanzas, debería llamar la atención sobre la posibilidad de cuadros similares en el resto de instituciones y empresas públicas del Estado.

Por ello, no sería mala idea hacer un chequeo preventivo al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el cual debería gozar hoy de buena salud para enfrentar la competencia de los nuevos actores en el mercado: América Móvil (Claro) y Telefónica (Movistar).

La más reciente encuesta del proyecto Inteligencia Financiera de EF, publicada en la edición 827, advierte sobre el riesgo que corren los ingresos del ICE si no se solventan rápidamente dos problemas que han persistido en el tiempo: la calidad del servicio y la atención al cliente.

En la actualidad, la empresa estatal tiene en “veremos” tres cuartas partes de sus ingresos porque un 16% de sus clientes ya decidió pasarse a otro operador, mientras un 54% lo hará si otra firma le ofrece buena cobertura celular y trámites ágiles.

El estado real del ICE es un secreto amparado bajo la Ley de Fortalecimiento de la entidad. Sus jerarcas evitan responder las consultas sobre el manejo de la inversión y el estado de las redes GSM y 3G alegando que esta es “información estratégica” en un mercado en competencia.

Y si se logra una respuesta, ésta suele ser escueta. Por ejemplo, al ICE se le consultó qué medidas específicas están tomando para cumplir con la orden de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) de optimizar el servicio de telefonía móvil.

La contestación fue: “estamos tomando acciones para tener la mayor y mejor cobertura móvil del país. Es por esto que diariamente se realizan ampliaciones de capacidad y mejora del servicio”.

No hay que olvidar que la compra de las redes GSM y 3G se realizó con recursos públicos y que, por tanto, los ciudadanos tenemos derecho a saber por qué esa infraestructura no opera como debería hacerlo.

El pasado 14 de julio empezó a correr el periodo de concesión de América Móvil y Telefónica del espectro radioeléctrico por un lapso de 15 años.

En cualquier momento a partir de hoy, estas empresas podrán sorprendernos con el anuncio de que empezarán a comercializar el servicio celular y traer finalmente la competencia a este mercado.

Ante este panorama, la administración Chinchilla Miranda debería tomar el pulso y los signos vitales al ICE para conocer realmente su estado y no decepcionar a un 69% de los costarricenses que confía en su capacidad para competir.

¿Qué opina usted? ¿Requiere el ICE un chequeo preventivo?

La compra del celular a un operador es una modalidad que se intensificará cuando Claro y Movistar enciendan sus redes en los próximos meses.

La legislación nacional impide que tanto estas empresas como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) vendan los terminales bloqueadas, es decir, que vengan programadas para funcionar solo en sus sistemas.

Con esta posibilidad me pregunto: ¿qué tan conveniente será comprar el teléfono a estas compañías?, ¿será cierto que el aparato puede salir más barato o inclusive gratis?.

Para encontrar respuestas consulté a Saulo Passos, Gerente de Comunicaciones de Nokia para América Latina.

Saulo Passos explicó que el teléfono suele ser parte de la estrategia que usan las compañías telefónicas para atraer y asegurar una relación larga con sus clientes.

“Algunas empresas suelen asumir parte del costo real del aparato para que el cliente lo adquiera y se mantenga por un periodo – establecido en el contrato – consumiendo minutos de voz, mensajes de texto (SMS) y datos”, indicó Passos.

“Esta facilidad suele darse comúnmente en mercados donde el pospago es más popular. Por ejemplo, en Estados Unidos las terminales suelen costar muy poco o cero a los usuarios que aseguran cierto nivel de consumo”, agregó.

Otra estrategia que emplean los operadores es diluir el precio del terminal en la tarifa del paquete de servicios que una persona adquiere.

Como conclusión: el teléfono nunca va a ser gratis. Debemos tener claro que el negocio de una compañía telefónica no es vender terminales, sino estimular el uso de sus redes para asegurar el retorno de la inversión y ganar.

El aparato se paga, finalmente, con el consumo de llamadas de voz, SMS, descargas en Internet móvil y cualquier otro servicio de valor agregado que contratemos.

Por ello, es conveniente analizar cuáles son los hábitos de consumo (que se reflejan en la factura) antes de firmar un nuevo contrato con un operador.  Así se asegurará pagar el teléfono con la tarifa que más convenga a sus necesidades y estilo de vida.

Antes de darles la bienvenida oficial al blog debo aclarar algunas cosas.

Primero, soy de los usuarios de la telefonía celular que pocas veces – para no decir nunca – pagan la tarifa básica del servicio y que dieron gracias el día que se pudo acceder a Internet a través de un teléfono.

Segundo: pocas veces apago el celular y me inquieta estar en un lugar donde no tenga cobertura. La razón: se me vienen a la cabeza – casi de inmediato – esa llamada urgente que tenía que hacer.

Algunos dieran que es maña, otros pensarán que es normal por mi trabajo.  Eso no es tan importante. Lo que quiero que entiendan es que soy una usuaria activa de esta tecnología y, por lo tanto, la noticia de que voy a tener más opciones de servicios y tarifas (espero) me llena de expectativas y a la vez de dudas.

Este blog nace como un espacio para aclarar las inquietudes que nos surgirán como usuarios primerizos de un mercado en competencia. ¿Qué pasará con las tarifas? ¿Qué servicios diferentes me pueden ofrecer los nuevos operadores? ¿Realmente el celular puede salir gratis? Estas son solo  algunas preguntas que circulan en el ambiente.

Quiero iniciar la comunicación con esta idea: el cambio de un monopolio a un mercado en competencia regulada exige también un papel más activo de nosotros como consumidores de un servicio que tiene un costo  Dijo activos porque ya somos críticos desde nuestros escritorios.

La Ley General de Telecomunicaciones y el Reglamento de Protección al Usuario nos permiten exigir buena calidad y cobertura.

Para ejercer el derecho, primero debo acudir al operador y si no llego a un acuerdo satisfactorio, debe hacer el reclamo ante la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).

Este paso es un poco incómodo porque la queja ante la Sutel no puede tramitarse de manera electrónica, por razones que no previó la misma ley.

En lo que va del año, el ente regulador ha tramitado 160 reclamos. La mitad de ellos están asociados con las terminales (como el cumplimiento de garantías).

¿Ha sido usted uno de estos usuarios? Si tiene alguna queja, ¿qué le impide reclamar y hacer valer sus derechos? ¿Qué cambios espera con el ingreso de Telefónica y América Móvil?

Les animo a que me cuenten.