Haciendo frente a la creciente presión internacional para restaurar a un déspota en potencia, el gobierno provisional de Honduras ha tomado una decisión muy equivocada al pedirle a la Asamblea Nacional que extienda temporalmente el toque de queda y limite ciertas libertades individuales básicas.

El gobierno dice que las medidas, las cuales estarán en efecto por 72 horas, son justificadas para prevenir cualquier conmoción civil dado el inminente regreso del ex presidente Manuel Zelaya al país. Sin embargo, las con esta acción las autoridades provisionales más bien están socavando el Estado de Derecho y las libertades constitucionales decían estar protegiendo cuando removieron a Zelaya del poder el domingo pasado.

Los derechos y las libertades individuales que serían afectadas son: el derecho a protestar pacíficamente, la garantía en contra de ser detenido por más de 24 horas sin cargos presentados, y la libertad de moverse alrededor del país.

Estas acciones no tienen justificación. Al suprimir las libertades civiles de los hondureños, el gobierno provisional socava su autoridad moral en relación al mandato cada vez más autocrático de Manuel Zelaya que reemplazó.
Aún si se pretende que estas medidas sean temporales, la historia muestra que una vez que un gobierno exige poderes de emergencia, es muy difícil deshacerse de ellos completamente una vez que la “emergencia” ha desaparecido.

Además, estas restricciones le hacen un flaco favor al argumento del nuevo gobierno de que la destitución de Zelaya no fue un golpe militar. Tener a las fuerzas armadas vigilando las calles e impidiendo el libre movimiento de las personas y su derecho a protestar pacíficamente da la impresión de que los militares están a cargo y son los que mandan.

El gobierno hondureño debería retractarse de estas medidas y asegurarle a la población que sus derechos y libertades individuales garantizados bajo la constitución hondureña serán enteramente respetados.

Es un día de locos aquí en la oficina debido a la crisis que estalló ayer en Honduras con la remoción de Manuel Zelaya. Este es la declaración que he preparado como analista del Cato Instititute:

“El presidente hondureño Manuel Zelaya es otro presidente latinoamericano más que ha violado la constitución de su país para obtener metas políticas personales. Ahora Zelaya y la democracia en Honduras están pagando el precio.

La expulsión de Zelaya de la presidencia hondureña por parte de las fuerzas armadas es la consecuencia de sus intentos por promover un referéndum que permitiría su reelección, una acción que fue declarada ilegal por la Corte Suprema y el Tribunal Electoral, y que además fue condenada por el Congreso hondureño y el fiscal general. Desdichadamente, la constitución hondureña no establece un mecanismo civil para remover a un presidente luego de repetidas violaciones a la ley, como lo es el juicio político en la constitución estadounidense. Sin embargo, las fuerzas armadas actuaron bajo órdenes de la Corte Suprema hondureña, y la presidencia fue rápidamente otorgada a una figura civil—el presidente del Congreso—como especifica la constitución.

El reestablecimiento de la democracia en Honduras se podría beneficiar de dos cosas: uno, que el Tribunal de Elecciones y el Congreso adelanten las elecciones generales que están programadas para noviembre, y dos, que la comunidad internacional condene los intentos de líderes democráticamente electos como Zelaya por minar las instituciones democráticas y el Estado de Derecho en sus países”.

Añado nada más que me parece hipócrita la reacción de la comunidad internacional ante los acontecimientos de ayer en Honduras. La OEA habla de expulsar a dicho país de su seno, dos semanas después de que mandara la carta democrática a la basura con el fin de readmitir a Cuba. El presidente Obama dice que no reconocerá a ningún otro presidente que no sea Zelaya, pero cuando se trata de la masacre que se vive en las calles de Teherán y el fraude descarado de Ahmadinejad, mantiene el silencio y dice que es un tema de política interna iraní.

Las preguntas de fondo son: ¿está un presidente por encima de las leyes? ¿puede un presidente hacer lo que le da la gana sin ningún tipo de consecuencias? ¿La democracia se traduce en lo que el presidente quiera o lo que dice el ordenamiento jurídico de un país?

La constitución de Honduras, en su artículo 4, es explícita en señalar a la alternabilidad en el poder como una norma “pétra” que no puede ser modificada. Cualquier intento por hacerlo constituye “Traición a la Patria”. En eso es precisamente lo que incurrió Zelaya al pretender llamar a una constituyente que le abriera paso a su reelección, siguiendo los pasos de sus amigotes Chávez, Morales y Correa.

Lo ocurrido en Honduras no es blanco y negro como lo presentan muchos de los medios internacionales.

En Costa Rica sufrimos un severo caso de regulacionitis. Bien lo describe la nota de esta semana de El Financiero: “El calvario de ‘hacer’ en Costa Rica“. Cualquier tipo de emprendimiento comercial que se quiera llevar a cabo en el país requiere de un viacrucis de permisos, licencias y esperas que en el mejor de los casos implica grandes costos y atrasos para los empresarios, y que en el peor significa que muchos negocios no ven la luz del día, o se trasladan al sector informal, ahogados en un mar de regulaciones.

Para muestra un botón. Hace aproximadamente dos años, un amigo liberal dejó de defender al libre mercado en debates y foros y decidió mejor empezar a ponerlo en práctica convirtiéndose en un empresario. Es así como abrió una clínica para la depilación láser, la cual se localiza en Curridabat.

Con el fin de promover su negocio, mi amigo sacó afiches donde muestra a modelos. Nada fuera de lo normal, o al menos así lo creyó. Sin embargo, a los meses de abierto el negocio recibió una carta de la Dirección Nacional de Control de Propaganda del Ministerio de Gobernación, en donde se le notifica que la publicidad de marras constituía un “ejercicio ilegal de la actividad publicitaria” puesto que no se sometió a la aprobación previa de dicha oficina según el artículo 6 de la ley 5811.

Mi amigo llamó sorprendido al Ministerio de Gobernación, puesto que no sabía que la publicidad comercial tuviera que ser sometida a censura previa. En el ministerio le comunicaron que el anuncio de su clínica sí debió haber pasado por dicha revisión puesto que “está explotando la imagen de la mujer para fines comerciales”, y “podría estar ofendiendo la dignidad de la familia”. Cartas aquí, citas con abogados allá, el asunto no pasó a más. Pero a los meses recibió una notificación del Colegio de Médicos, indicándole que su negocio estaba al margen de la ley puesto que aplicaba tratamientos médicos sin la supervición de un doctor. Esto llevó a más cartas, citas con abogados, etc. Mi amigo ha pasado buena parte de los últimos dos años lidiando con la burocracia y con inspectores de distintos órganos estatales que llegan a su negocio constantemente a inspeccionarlo y ver que esté al día con el sinnúmero de regulaciones que le aplican.

Lo peor del asunto es que cuando una actividad económica no está sujeta a esta chaqueta de fuerza regulatoria, algunos periodistas salen a reclamar que se encuentra “por la libre” (de ahí el nombre de este blog). Y es así como nos encontramos con titulares comunes como “Maleteros trabajan sin control en el aeropuerto“, o “Institutos de inglés imparten clases sin supervición estatal“. Hay una necesidad generalizada por regularlo todo. Papi Estado debe intervenir en relaciones contractuales voluntarias ya que dejarlas “por la libre” no es conveniente para las partes involucradas.

De ahí que Costa Rica aparezca en la posición 117 de 181 países como una de las economías más reguladas del planeta, de acuerdo al índice Haciendo Negocios del Banco Mundial. ¿Qué hacer al respecto? Tenemos en Jorge Woodbridge a un ministro de la Competitividad que ha venido trabajando con las uñas y sin el apoyo del presidente por más de tres años (don Oscar Arias está ocupado pensando en la Conferencia de Cambio Climático en Copenhague en diciembre próximo).  Se habla de simplificar trámites cuando lo que hay que hacer en la mayoría de los casos es eliminar la mayoría de estos. (Por ejemplo, ¿por qué hay que hacer estudios de factibilidad económica para abrir cierto tipo de negocios? ¿Qué le importa a un burócrata si a un negocio le va a ir bien o mal? ¡Eso es problema del empresario!).

La regulacionitis es uno de los principales problemas que atrasan el despegue económico de Costa Rica. Basta de vacilaciones. Empecemos a dejar más cosas por la libre.