Dime a quién le pedís consejo y te diré a cuál despeñadero nos querés llevar. El vicepresidente Luis Liberman ha llamado “miopes” a todos aquellos que por algún motivo no entendemos las bondades del paquete de impuestos que impulsa la administración Chinchilla. Sin embargo, el gobierno encontró esta semana a alguien que sí entiende: Georgious Papandreou, el fatídico ex primer ministro socialista de Grecia quien tuvo que renunciar a su cargo hace unos meses por la manera incompetente en que lidió con la crisis fiscal de su país.

Papandreou estuvo de visita en el país esta semana en el marco de la conferencia de la Internacional Socialista, de la cual él es presidente. Como reportara ADN Radio, luego de dar el discurso inaugural de la conferencia, la presidenta Chinchilla aprovechó para pedirle consejos sobre temas fiscales a Papandreou. ¡A qué árbol se arrimó la presidenta!

Recapitulemos antes lo acontecido en la nación helénica: Papandreou llegó al poder en octubre del 2009 bajo una plataforma política que prometía más gasto y beneficios sociales. El problema es que al asumir el mando, descubrió que su antecesor, el conservador Kostas Karamanlis, había cocinado los libros y le había heredado un desastre fiscal de enormes proporciones. El déficit fiscal era mucho peor de lo que se esperaba, a un 12.7% del PIB. Sin embargo la debacle griega no fue el resultado de un gobierno en particular, sino de todo un modelo económico socialdemócrata, impulsado por gobiernos socialistas y conservadores por igual, que siempre enfatizó al Estado sobre el mercado, como bien lo describiera el periodista Takis Michas en un artículo publicado en La Nación hace un par de años.

Papandreou inmediatamente tuvo que pedir ayuda a la Unión Europea y al Fondo Monetario Internacional para salir del atolladero. A cambio de sendos rescates económicos, la UE y el FMI demandaron que Atenas implementara un fuerte programa de austeridad que involucraba privatizaciones, recortes de gasto y aumentos de impuestos. El socialista Papandreou se puso manos a la obra. ¿Dos años después qué había sucedido? A pesar del discurso de austeridad, Papandreou enfocó su programa de consolidación fiscal en aumento de impuestos y no recortes de gastos, al punto que en diciembre el FMI advirtió que el margen de maniobra para seguir incrementando impuestos se había agotado. Mientras, las privatizaciones nunca se hicieron, y los recortes fueron simbólicos. Por ejemplo,  The Economist señaló en su edición de hace dos semanas que de los 470.000 griegos que han perdido su trabajo desde el 2008, ni uno solo vino del sector público. El aumento de impuestos y la incertidumbre producto de la inminente bancarrota del estado griego ha contribuido a que la economía de ese país se contrajera en 12.5% desde el 2008 y se espera que caiga 3% más este año. La incapacidad de Papandreou de arreglar las finanzas de Grecia–el déficit fiscal del 2011 al final fue mayor al del 2010–terminó sacándolo del poder luego de que sus socios europeos perdieran la confianza en él.

Al igual que Papandreou, Laura Chinchilla llegó al poder para descubrir que le habían heredado un desastre fiscal (el gobierno del cual ella fue vicepresidenta, no olvidemos). Y al igual que Papandreou, Chinchilla se rehusa a hacer recortes de gasto y enfatiza la consolidación fiscal en aumentos de impuestos. Y al igual que Papandreou, Chinchilla amenaza con llevar al país al despeñadero si logra que le aprueben su paquete de impuestos. No es de sorprender entonces que Papandreou declarara públicamente que apoya el “plan fiscal” del gobierno. Por su parte Bernal Jiménez, presidente del PLN, felicitó a Papandreou por la manera en que manejó la crisis griega. El ex gobernante helénico debe estar pensando seriamente venirse a vivir a Costa Rica, el único país donde se le trata como todo un estadista.

Como escribiera hace 2 años, el déficit fiscal que dejó la administración Arias amenaza con convertir a Costa Rica en la Grecia Centroamericana. La diferencia es que Costa Rica siempre puede recurrir al Banco Central para financiar el gasto del gobierno vía impuesto inflacionario–una amenaza que ya ha hecho explícita el presidente del BCCR. Grecia, al adoptar el euro, renunció a esa posibilidad. Esta semana nos quedó claro que la administración Chinchilla y el gobernante Partido Liberación Nacional ven a Grecia como el modelo a seguir. Que el último en salir apague la luz…

Se empezaron a destapar las irregularidades alrededor del cobro de la deuda política del PLN. Lo que la presidenta minimizó como un “problema local” ahora ya involucra a dirigentes y diputados en al menos 19 cantones del país. Cobro de platas al TSE por montos inflados o servicios que al parecer jamás se prestaron, proveedores que dicen que nunca recibieron el dinero por servicios que el PLN sí le cobró al TSE, funcionarios de campaña que no dan declaraciones para “no meterse en problemas”, supuesta alteración de firmas en cheques y un tesorero nacional que se desapareció y no da la cara. La pregunta en la mente de muchos costarricenses es: ¿actuará la Fiscalía con la misma rigurosidad y espectacularidad que mostró en el caso de las irregularidades del Movimiento Libertario?

Todos recordamos la manera en que la Fiscalía General de la República, al mando de Jorge Chavarría, ex viceministro de Seguridad de Laura Chinchilla, allanó la sede del Movimiento Libertario en Los Yoses y arrestó al contador y tesorero de dicho partido durante las investigaciones sobre el cobro al TSE de capacitaciones que al parecer nunca tuvieron lugar. La Fiscalía actuó celosamente en base a denuncias ventiladas en la prensa y sobre las cuales había una investigación en el TSE. Probablemente fue una mera coincidencia que la Fiscalía allana la sede del ML una semana después de que dicho partido rompiera su alianza legislativa con el PLN y le diera el control del Congreso a la oposición por primera vez en 40 años.

Curiosamente la Fiscalía no ha actuado con la misma rigurosidad con Renovación Costarricense del diputado Justo Orozco, fiel aliado del gobierno de Laura Chinchilla. Desde julio pasado el TSE denunció ante la Fiscalía a Orozco por tres delitos en el cobro de la deuda polítca. Hasta el momento, no ha habido allanamientos, arrestos de funcionarios del partido (Orozco cuenta con inmunidad) ni mayor noticia sobre qué pasó con dicha denuncia.

Probablemente el lector ya sabe por dónde voy con todo esto, así que lo diré claramente: a muchos nos queda el mal sabor de boca de que la Fiscalía  se acomoda a los intereses del Partido Liberación Nacional. Este no es un fenómeno reciente. El regreso del expresidente José María Figueres a Costa Rica nos recordó los pormenores del caso Alcatel. La misma Fiscalía que investigó, denunció e incluso arrestó preventivamente a los expresidentes Calderón y Rodríguez por el recibo de comisiones, desestimó cualquier denuncia contra Figueres.

Y ni qué decir de las situaciones irregulares alrededor de los hermanos Arias. Desde el 2005 se ha reportado sobre las llamadas de Rodrigo Arias a funcionarios como el Contralor de la República para incidir en contratos públicos por las cuales luego recibía “honorarios de éxito”. La Fiscalía nunca movió un dedo para investigar algo que muchos podrían considerar un tráfico de influencias. Y cómo olvidar el caso de la llamada de Rodrigo Arias alrededor de la indagatoria que en ese momento le hacía la Fiscalía por el manejo de las donaciones del BCIE y que alegremente coincide con la decisión de Jorge Chavarría (aún sin asumir funciones) de pedir que se dejara sin efecto dicho proceso (todo el caso fue reseñado muy bien por Laurencia Sáenz en este artículo de opinión de La Nación). Al final la indagatoria contra Rodrigo Arias continuó pero el pasado 27 de diciembre (en medio de las vacaciones del Poder Judicial), un abnegado funcionario de prensa de la Fiscalía que se quedó trabajando esa semana dio a conocer a los medios la decisión de desestimar cualquier denuncia contra el ex ministro de la Presidencia. Y aún sigue pendiente la investigación contra Oscar Arias que recomendó la Sala I en relación al caso Crucitas. ¿Estará la Fiscalía tras de eso?

También ha habido situaciones curiosas como el traslado de Atenas a Alajuela de la fiscal que acusó a Karla González por homicidio culposo en el caso de un alud que mató a 14 personas, de tal manera que perdía la jurisdicción sobre el caso. Dicha investigación continúa, pero la misma fiscal fue la que imputó también a González por el caso de la tragedia en el puente colgante sobre el río Tárcoles. En octubre pasado el Fiscal General Chavarría anunció que eximía de cualquier responsabilidad a González.

Ahora que estalla este escándalo alrededor de la campaña del PLN, el Fiscal General Jorge Chavarría cuenta con una magnífica oportunidad para demostrarle a mal pensados como yo que todo esto son teorías de conspiración y que no existe una colusión entre dicho órgano y el partido de gobierno. Me encantaría que el Fiscal General Chavarría me demuestre cuán equivocado estoy.

Una de las principales críticas que nos hacen a los liberales es nuestra supuesta indiferencia ante los pobres. Esta percepción nace del hecho de que los liberales nos oponemos a gran parte del llamado “gasto social” del Estado. Para nosotros, en lugar de regalarles cosas a los pobres, el Estado debería facilitar que estos puedan trabajar y salir adelante mediante sus propios medios. En resumen, es la parábola de que en lugar de regalar pescado, hay que enseñar a la gente a pescar. Esto no significa que los liberales nos opongamos por completo a toda ayuda social. Friedrich Hayek, premio Nóbel de economía y uno de los principales exponentes del liberalismo en el siglo XX, enfatizaba la necesidad de que el Estado brinde una “red de protección social” para aquella gente que no puede valerse por sí misma. Milton Friedman, otro Nóbel de economía, promulgó la idea de un “impuesto de renta negativo” mediante el cual la gente que gana por debajo de un nivel mínimo de ingreso recibe una transferencia del Estado en lugar de pagarle impuestos a éste. Sin embargo, en todos estos casos, la ayuda estatal debe ser la excepción, no la regla.

En Costa Rica hemos apostado por un abotagado Estado Benefactor que, según el último estimado, comprende 44 programas contra la pobreza llevados a cabo por 24 instituciones públicas y que en el 2010 gastó casi ¢493,000 millones, o el equivalente de 2.2% del PIB. Este Estado de Bienestar se ha convertido en un artículo de fe de la clase política costarricense. Cada campaña electoral nos trae la promesa de un nuevo programa social. Oscar Arias nos trajo “Avancemos”. Laura Chinchilla la “Red de Cuido”. Cualquiera que ose proponer la eliminación de uno de estos programas o a tratar de racionalizar el gasto es rápidamente acusado de ser un desalmado “neoliberal”.

¿Está funcionando todo este gasto social? Las estadísticas no mienten. Costa Rica lleva casi dos décadas en que el nivel de pobreza no baja del 20% de la población. Más bien en los últimos 3 años ha experimentado un ligero aumento. Y hoy El Financiero reporta que Costa Rica es el segundo país en América Latina donde más ha crecido la desigualdad en la última década.  Docenas de programas estatales y cientos de miles de millones de colones en gasto social no están haciendo mella en el nivel de pobreza que ostenta el país. ¿Nos sorprendemos? En lo absoulto. En diciembre un informe de la Contraloría señaló que el Estado no sabe en qué se está gastando toda esa plata destinada a la lucha contra la pobreza. Ana Isabel García, ex viceministra de Desarrollo Social, afirma que “No hay manera de saberlo. Costó dos años determinar que había 44 programas. Pero nadie sabe si la ayuda llega a quien lo necesita, ni si esa ayuda hace bien”. Mientras tanto, la pobreza en Costa Rica permanece incólume y la desigualdad va en aumento.

Mi diagnóstico es simple: En Costa Rica tenemos una clase gobernante a la que le interesa que los pobres estén inscritos en las planillas del IMAS en lugar de que salgan adelante honradamente mediante el trabajo. Una razón puede ser que estos políticos ven condescendientemente a los pobres como gente inútil que no puede ganarse el sustento por sí solos y necesita ayuda. Otra teoría más cínica (y creo que más realista) es que a la clase política le interesa contar con un segmento importante del electorado que dependa del asistencialismo y, por ende, sea susceptible al clientelismo.

El Estado es el principal agente empobrecedor en nuestro país: Les encarece los alimentos básicos a los más pobres mediante el proteccionismo agrícola. Les dificulta poder ganarse su sustento mediante mil y una regulaciones que les imposibilita poder ponerse un negocito. Les licúa sus ingresos a través de la inflación. Les niega un título de propiedad sobre los terrenos que habitan. El sistema mercantilista que Costa Rica ha adoptado de 1985 a la fecha ha generado un crecimiento anual promedio de la economía del 4.7% sin que la pobreza baje del 20% desde 1994 y con una desigualdad en crecimiento. No hay que ser brujo para llegar a la conclusión de que los beneficios de este crecimiento no están llegando a las clases más desfavorecidas.

La interrogante radica en cómo hacer para que los pobres se beneficien del crecimiento de la economía. La respuesta de las autoridades es que debemos gastar más en programas sociales y para eso necesitan más impuestos. Los liberales sostenemos que la mejor manera de ayudar a los pobres es permitirles que salgan adelante por sus propios medios sin tanta traba por parte del Estado. La evidencia es contudente en que aquellos que defienden el Estado de Bienestar lo hacen más basados en un acto de fe que en resultados concretos.

Los números del nuevo censo nos ofrecen datos interesantes e inquietantes. El crecimiento de la población en Costa Rica se ha desacelerado significativamente y el país cuenta con menos habitantes de lo proyectado: 4,301,712 personas en el 2011. Según el censo, la tasa de fertilidad es de apenas 1.8 hijos por cada mujer, por debajo de la tasa de reemplazo, que es 2.1. De continuar esta tendencia, la población de Costa Rica empezará a envejecer y decrecer en las próximas décadas, lo cual representa todo un desafío para la economía del país. El gobierno debe responder con una política concertada de atracción de inmigrantes.

Pongamos la situación en perspectiva. De acuerdo al nuevo censo, el ingreso per cápita de Costa Rica en términos reales para el 2011 es de aproximadamente $8.792 (ajustado al poder adquisitivo sería más alto). Somos un país de ingreso medio, pero con una tasa de fertilidad de país rico. En términos comparativos, tenemos un ingreso per cápita similar al de Kazakhstán pero con una tasa de fertilidad como la de Suecia. Resulta natural que la tasa de fertilidad de un país disminuya conforme la población se hace más próspera. El problema es que en Costa Rica parece que vamos más adelantados de la cuenta. Usualmente los países durante su historia cuentan con un “bono demográfico”, que es un boom en la tasa de nacimientos que luego se traduce en un aumento significativo en la fuerza laboral. Más gente trabajando implica un estímulo para la economía y el desarrollo económico de un país. Si se aprovecha bien, este bono demográfico representa la clave para dar el salto al desarrollo. Si se desperdicia, el bono luego se convierte en un pasivo demográfico conforme el boom pasa y la gente nacida en este empieza a envejecer y a pensionarse.

No he visto las cifras históricas de la población de Costa Rica, pero parece que el bono demográfico ya nos pasó y que ahora que la tasa de fertilidad cayó a 1.8, la población empezará a envejecer, lo cual pondrá más presión sobre el sistema de salud y pensiones de la CCSS. Más personas de tercera edad significa más requisitos de atención médica. Más pensionados por cada trabajador activo significa que tarde o temprano el sistema de pensiones colapsará (sin tomar en cuenta que al parecer ya está quebrado).

La mejor manera de revertir esta tendencia es incentivando la inmigración. Costa Rica es una nación de inmigrantes. Sin tomar en cuenta los inmigrantes que llegaron al país durante el período de conquista y colonia, a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX a nuestras costas llegaron miles de chinos, italianos, alemanes, jamaiquinos, polacos y personas de otras nacionalidades que no solo han enriquecido nuestra cultura sino que también jugaron un papel crítico en el desarrollo económico del país. En las últimas décadas del siglo XX fueron nicaraguenses, colombianos y otros latinoamericanos los que llegaron a establecerse al país.

La inmigración ha hecho de Costa Rica un país más rico en todo el sentido de la palabra. Sin embargo suele levantar sospechas y sentimientos de xenofobia en amplios sectores de la población. Una de las políticas más absurdas de las que tengo memoria fue la imposición de visas sobre los colombianos durante la administración Rodríguez Echeverría. La inmigración colombiana que llegó al país a finales de los noventa e inicios de la década pasada era extremadamente positiva, ya que consistía principalmente de pequeños y medianos empresarios que hoy podemos ver en muchos lugares de San José y Heredia (basta darse una vuelta por los alrededores de la UCR y UNA, por ejemplo). En lugar de cerrarles las puertas, el gobierno más bien debió haber incentivado a que más familias colombianas emigraran al país. Hoy la emigración colombiana ha mermado, pero Costa Rica bien podría aprovecharse, por ejemplo, de los miles de venezolanos que buscan escapar del régimen autocrático de Hugo Chávez. En México también hay mucha gente que busca huir de la violencia que atormenta a ese país.

Costa Rica debe asumir una política de puertas abiertas con todo aquel inmigrante pacífico que quiera venir a trabajar y a establecerse a nuestro país. Esto no significa eliminar por completo todo control migratorio, sino que implica no cerrar las puertas como lo hemos hecho en el pasado. Los datos del nuevo censo nos confirman que con admitir más inmigrantes no les estamos haciendo un favor a ellos, sino a nosotros mismos.