A raíz del comentario anterior, se desató nuevamente una discusión en donde más de uno recurrió al lugar común de equiparar el reconocimiento de los iguales derechos ante la ley de las parejas homosexuales con la violación o el aborto. Para mí las distinciones son muy claras, sin embargo no queda de más explicar un poco la teoría de derechos que rige a una sociedad libre.

¿Qué derechos tienen la personas? El debate al respecto se ha complicado en las últimas décadas con la introducción de “derechos” positivos, colectivos y de grupos específicos como mujeres y niños. El reconocido filósofo liberal Isaiah Berlin, inspirado en la distinción que hiciera Benjamin Constant entre la libertad de los antiguos comparada con la libertad de los modernos, escribió un influyente ensayo titulado “Dos conceptos de libertad“. En éste, Berlin distingue entre lo que el catalogó como la “libertad negativa” (definida como la ausencia de coacción sobre un individuo por parte de terceros) y la “libertad positiva” (tener la capacidad y los recursos para hacer algo).

Los liberales clásicos suscribimos la definición negativa de la libertad (no se necesita “hacer algo” para ser libre), excluyendo por lo tanto las demás variantes “positivas” que se han planteado a lo largo de los últimos años. Bajo esta definición, mi imposibilidad de volar no va en detrimento de mi libertad, ya que nadie está atentando contra mi integridad personal o mis propiedades. Tampoco va contra mi libertad el no poder matar a alguien más, ya que más bien en este caso yo sería el agente agresor de los derechos de esa otra persona.

Destaco el derecho de propiedad porque éste va de la mano con el concepto de libertad negativa. De ahí surge la interrogante, ¿de dónde vienen los derechos de propiedad? ¿Son naturales o construcciones sociales? Yo me inclino a decir que los derechos son naturales. Son naturales porque el derecho de propiedad sobre uno mismo es “evidente por sí mismo” como dijera Thomas Jefferson. La propiedad sobre uno mismo es el fundamento de la teoría de derechos lockeana. Si uno no fuera dueño de su cuerpo, sólo habría otras dos opciones:

1.- Alguien (un rey o raza superior) puede(n) ser el o los dueños de los demás.
2.- Todos son dueños de todos.

Ninguna de las anteriores es lógica y las dos van en contraposición con la naturaleza humana. Es a partir de la propiedad que el individuo tiene sobre su cuerpo que “Podemos también afirmar que el esfuerzo de su cuerpo y la obra de sus manos son también auténticamente suyos… Siendo, pues, el trabajo o esfuerzo propiedad indiscutible del trabajador, nadie puede tener derecho a lo que resulta después de esa agregación…” [John Locke, El Segundo Tratado sobre el Gobierno]. En otras palabras, de nuestro derecho de propiedad sobre nosotros mismos se deriva el derecho de propiedad sobre las demás cosas.

Sin embargo, no únicamente de nuestro trabajo es que logramos tener derechos de propiedad sobre las cosas. Robert Nozick en su Anarquía, Estado y Utopía estableció “La Teoría de Justicia de Derechos”. Nozick señala las dos maneras en que uno puede poseer algo justamente: 1.- La adquisición original de las posesiones (o sea, cosas que no eran poseídas antes), 2.- la transferencia de las posesiones (donde entra en juego la legitimidad del intercambio voluntario).

Si tenemos posesiones que hemos obtenido a través de dichas formas, contamos con un reclamo justo sobre las mismas, es decir, un derecho de propiedad. De ahí que, como escribiera Nozick, “los individuos tienen derechos, y hay cosas que ninguna persona o grupo pueden hacerles (sin violar esos derechos)”.

La libertad entonces se limita a los derechos de propiedad que uno tiene sobre su cuerpo y sobre los bienes adquiridos bajo los principios de adquisición original o intercambio voluntario. Por lo tanto, bajo la teoría de derechos liberal, una violación a la libertad debe necesariamente comprender el acto de iniciar, o la amenaza de iniciar, el uso de la fuerza contra mi persona, mi vida o mis posesiones, es decir, mis derechos de propiedad.

¿Cuál es el problema con la concepción positiva de libertad? Todo derecho implica un deber. En el concepto negativo, mi derecho a la vida significa que Ud tiene el deber de no matarme. Mi derecho a la libre expresión involucra su obligación de no callarme. Sin embargo, cuando empezamos a tratar los derechos positivos, esta distinción tan clara se pierde. Mi “derecho” a la vivienda implica que alguien más me la debe proveer. ¿Quién? ¿Cómo? Si Robinson Crusoe estuviera solo en su isla, es muy fácil ver cómo sus derechos negativos son respetados, pero cuando se trata de sus derechos positivos, ¿a quién se los reclama?

Esto nos lleva al punto final de este comentario. Quizás uno de los aspectos más importantes de la teoría de derechos liberal es que los derechos individuales no pueden entrar en conflicto los unos con los otros. Immanuel Kant señaló en este sentido que “Cada acción, la cual por sí misma o por su máxima permite la libertad de coexistir de cada voluntad individual con la libertad de todos los demás de acuerdo con la ley universal es un derecho”. Es decir, tengo un derecho a las acciones que son compatibles con la misma libertad de todos los demás. Mi derecho de propiedad no puede estar en conflicto con su libertad de vivir. Una teoría de derechos que permita dichos choques de derechos–como ocurre con la libertad positiva–lleva al caos y a la arbitrariedad, ya que se necesitaría siempre de alguien que defina quién tiene derecho a qué.

Es por tanto que un Estado cuyas funciones sean legítimas debe limitarse a la protección por igual de los derechos de propiedad de las personas y a la resolución de los conflictos que surgirán cuando alguien le viole tales derechos a otro o cuando los términos de las transferencias de posesiones requieran del arbitraje de un tercero. Cualquier otra función que el Estado lleve a cabo es incompatible con los derechos individuales y por lo tanto pervierte la finalidad con la que éste fue creado.

Vientos de intolerancia recorren nuestro país. Bajo el manto de la defensa de “la familia y la vida”, grupos conservadores han lanzado una campaña abiertamente homofóbica contra cualquier intento que signifique reconocer los iguales derechos ante la ley de las parejas del mismo sexo. Lamentablemente, la presidenta electa Laura Chinchilla le ha dado alas a esta agenda.

Hoy en el Diario La Extra sale un campo pagado del “Observatorio Ciudadano por la Vida y la Familia” el cual ataca a cinco ministros por haber gestionado ante el presidente Arias la convocatoria del proyecto de ley de “Sociedades de Convivencia”. Este proyecto vendría a garantizar derechos básicos patrimoniales, laborales, entre otros, a las parejas del mismo sexo que se hayan registrado como “sociedades de convivencia” ante un notario o un juzgado. El proyecto de ley puede leerse aquí. La figura legal dista mucho de la de la unión de hecho o el matrimonio civil, pero aún así ha generado la ira de ciertos sectores conservadores quienes incluso amenazan con llevar a referéndum la decisión de si se aprueba o no el proyecto.

Estos grupos han pasado a la ofensiva en los últimos meses, inspirados por lo que perciben como una firme aliada en la presidenta electa. Primero fue la denominada “Marcha por la Vida y la Familia” que se organizó en noviembre pasado contra el aborto (¿quién está proponiendo legalizarlo?) y “el matrimonio homosexual”. La entonces candidata Chinchilla participó en la misma, la única de los principales candidatos en hacerlo. Luego la presidenta electa pactó con dos diputados electos evangélicos su oposición a las uniones gays. Como si no fuera poco, ayer se anuncia la creación de una “comisión permanente” entre la nueva administración y la Iglesia Católica tendiente a trabajar diversas políticas, incluyendo las de “familia”. No hace falta recordar el papel que jugó la Iglesia Católica nacional en la recolección de firmas para convocar a un referéndum contra “el matrimonio homosexual”. (Todo esto tiene sentido ante la campaña casi que abierta que la jerarquía católica hizo a favor de Laura Chinchilla.)

Nada bueno puede salir de esta cruzada de intolerencia hacia las personas homosexuales. Cuando algunos nos alegrábamos de ver a ministros y diputados de todos los partidos apoyando políticas sensibles de reconocimiento de derechos–o mejor dicho, fin de la discriminación–de las parejas del mismo sexo, vemos más bien ahora el surgimiento de una campaña homofóbica que arriesga no solo a engavetar estos proyectos, sino también a despertar un sentimiento de odio y discriminación hacia la comunidad gay costarricense. ¿En qué afecta a la vida que dos personas del mismo sexo convivan en una sociedad legalmente reconocida por el Estado? ¿En qué afecta a la Iglesia Católica si, como organización privada que es, nadie la está obligando a reconocer estas relaciones?

¿Queremos que Costa Rica sea un país abierto, tolerante y moderno con un Estado que no discrimina entre sus ciudadanos? ¿U optaremos por políticas oscurantistas promovidas por grupos religiosos intolerantes que, por alguna razón, olvidaron que el mensaje de Jesús fue uno de amor y paz? No permitamos que esta campaña homofóbica levante vuelo en nuestro país.

A raíz del debate sobre dolarización que acompañó a mis dos comentarios previos, salió a relucir una discusión muy interesante sobre el tema de la soberanía. Una de las objeciones válidas (hasta cierto punto) a dolarizar la economía es la pérdida de la llamada soberanía monetaria, es decir, la capacidad que tiene nuestro Banco Central de adecuar las políticas monetarias a la realidad económica nacional, en lugar de dejarlas a la mano de la Reserva Federal en Washington. [Como ya señalé en un comentario durante la discusión, nuestra cacareada soberanía monetaria es en la práctica casi que una quimera dado el alto nivel de dolarización de la economía y el hecho de que tengamos una cuenta de capital abierta, lo cual limita severamente el margen de maniobra del Banco Central].

Sin embargo, quiero retomar la discusión filosófica sobre el concepto de soberanía inherente en éste y otros debates similares, como el que tuvimos con el TLC con Estados Unidos.

En el siglo XIX, un gran liberal francés, Benjamint Constant, brindó una conferencia titulada “Sobre la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos“. En ella, Constant marcó la diferencia entre los dos conceptos de libertad que caracterizaban el debate político en la Grecia Antigua y en los tiempos modernos (en ese entonces siglo XIX). Constant indicó que en las polis griegas, la libertad implicaba la capacidad de los hombres libres (una minoría) de participar en los debates públicos y votaciones democráticas con las que se regían dichas entidades. Era la libertad de los hombres de gobernar sus propios estados sin estar sometidos a un monarca o pueblo extranjero. Sin embargo, la libertad de los antiguos, como Constant la describió, era muy diferente a la libertad de los modernos. Los griegos tenían esclavos después de todo, y la libertad de los pueblos podía desembocar en la aniquilación del individuo y en la instalación de tiranías como la de Esparta. “Hace del individuo un esclavo de tal forma que los pueblos sean libres”.

Constant la comparó con la libertad de los modernos, que es la capacidad de un individuo de vivir su propia vida de la mejor manera siempre y cuando respetara los mismos derechos de los demás. Dicho concepto versaba en el individuo, a diferencia del colectivo (llámese patria, polis, pueblo, nación, etc.).

Casi 200 años después de que Benjamin Constant hiciera dicha distinción, en nuestro país, y en muchos otros, sale a relucir una y otra vez la discusión sobre soberanía y libertad. Veámoslo en el tema del TLC con Estados Unidos. En la campaña sobre el referéndum del 2007, los opositores cargaban contra el acuerdo ya que éste pisoteaba nuestra soberanía. La interrogante es, ¿la soberanía de quién? ¿La de los gobernantes de decidir por los demás qué compañía de teléfonos podemos usar o a quién le podemos comprar pollo? Pues sí, esa soberanía se veía limitada por el TLC. ¿Pero qué hay de la soberanía del individuo de poder tomar esas decisiones por sí mismo? El TLC, con todos sus defectos, ampliaba dicha soberanía.

De igual forma, cuando hablamos de “soberanía monetaria” estamos hablando de la soberanía de un puñado de economistas (junta directiva del Banco Central) de decidir las condiciones y el valor de la moneda que usamos de manera obligatoria. Varias objecciones se vienen a la mente, desde las propias de la escuela austriaca (¿cuéntan estos economistas con toda la información económica necesaria para tomar decisiones acertadas?) hasta las de la escuela de Public Choice (¿defenderá esta junta directiva, nombrada por políticos, el supuesto interés común de los costarricenses o impulsará los intereses particulares de grupos de presión?). Pero el tema de la soberanía radica en que los individuos deberían tener la libertad de escoger la moneda que más les conviene. En este sentido, aún mejor que dolarizar, sería permitir que todas las divisas tengan poder liberatorio en Costa Rica, de tal forma que las personas escojan la moneda que prefieren a la hora de hacer sus transacciones económicas (en la medida que eso se permite en Costa Rica, ya la gente escogió el dólar).

De tal forma, podemos hablar de una sobería de los gobernantes y una soberanía de los individuos. Los matices varían. La tiranía de los Castro apela a la “soberanía del pueblo cubano” para mantener una prisión al aire libre en Cuba. Es la soberanía de los Castro, no de los cubanos. De igual forma (aunque guardando dramáticamente las distancias), la soberanía monetaria es la soberanía de la Junta Directiva del Banco Central (con nombres y apellidos) y no de los costarricenses.

Cuando se trata de cualquier debate político, prefiero la soberanía de los individuos sobre la soberanía de los gobernantes.

En el comentario anterior expliqué porqué lo dicho por don Ottón Solís respecto a la dolarización en el debate de Repretel hace una semana era mentira. Algunas personas pusieron en tela de juicio lo que escribí, particularmente porque mis credenciales económicas supuestamente palidecen vis à vis las de Ottón Solís o José Manuel Villasuso, otro economista opuesto a dolarizar.

Por eso me parece interesante compartir en este espacio lo escrito por Steve Hanke, profesor de economía aplicada en Johns Hopkins University en Estados Unidos, académico titular del Cato Institute (donde, aclaro, yo trabajo) y quien es la principal autoridad mundial en el tema de la dolarización. Pueden ver su amplia biografía aquí.

Hanke escribe hoy en el blog LibreMente del Cato Institute:

Mi “regla del 95 por ciento”—de que el 95 por ciento de lo que se dice o escribe sobre economía y finanzas es incorrecto o irrelevante— está viva y coleando en Costa Rica. El 28 de enero del 2010, el economista y candidato presidencial, Ottón Solís, afirmó que la dolarización de Costa Rica no contribuiría al desarrollo económico del país. Solís también dijo que, para dolarizarse, Costa Rica tendría que pedir prestados los dólares estadounidenses y pagar un interés del 8 por ciento sobre el préstamo.

Estas declaraciones de Solís son claramente falsas. Primero, consideremos el tema del desarrollo y el crecimiento económico. De acuerdo a las estadísticas oficiales, las tasas de interés en colones en diciembre del 2009 eran del 20,43%. Las tasas comparables en dólares eran de 10,57%. De tal forma, la dolarización disminuiría las tasas de interés en Costa Rica por la mitad. No hay que ser un físico nuclear para saber que la caída tan dramática en las tasas de interés y el costo del dinero que acompañaría a la dolarización impulsaría significativamente la economía costarricense.

Segundo, consideremos la viabilidad de la dolarización. De acuerdo a las estadísticas del Banco Central de diciembre del 2009, Costa Rica cuenta con activos netos externos que eran aproximadamente el doble de su base monetaria restringida en colones. Por lo tanto, Costa Rica cuenta con más que suficientes reservas extranjeras para dolarizar. La dolarización se puede llevar a cabo sin pedir prestado un solo dólar estadounidense. Mi experiencia de primera mano como Consejero Estatal y asesor del Presidente de Montenegro y como asesor del Ministro de Economía y Finanzas en Ecuador —dos países que dolarizaron sus economías exitosamente en 1999 y 2000, respectivamente— me permite afirmar con seguridad que Costa Rica podría dolarizarse 30 a 60 días después de que una ley de dolarización sea aprobada.

No hay peor ciego que el que no quiere ver. Habrá gente que insiste en que dolarizar la economía es inconveniente para Costa Rica. Pero recurrir a la falacia que dijera Ottón Solís en el debate me parece inaceptable, en particular porque mucha gente piensa que “dictó cátedra” de economía esa noche. Muy lejano a la verdad.