Los cupones de descuento siempre me han generado una pésima impresión.

La idea de buscar entre cientos de cupones como los que aparecen en los periódicos en Washington, agarrar las tijeras para recortarlos y caminar a lo largo y ancho de los pasillos hasta dar con el producto y tamaño indicado en el cupón –todo para ahorrar $0.25- me parece absolutamente sin sentido.

Ni se diga de hacer fila detrás de alguien que de pronto sale con un rollo de 20 cupones, para cuada uno de los cuales el cajero debe revisar fecha de expiración, discutir con el cliente cuando se rechaza un cupón, etc.

Si es en Costa Rica, las posibilidades de que el negocio salga con alguna cláusula de letra pequeña (“la promoción era solo para la primera persona que trajera el cupón…”) son bastante altas.

Con Internet, han aparecido blogs dedicados a las mil y una técnicas para cazar cupones en la red y hasta cursos (sí, ¡cursos!) de “extreme couponing”.

Más recientemente se han popularizado los sitios de descuentos u “oportunidades”, los cuales –en mi opinión- funcionan a la inversa: En vez de obtener un descuento para lo que necesita comprar, el cliente compra cualquier cosa que se ofrezca con descuento.

Por supuesto, no hay nada malo en buscar mejores precios, todo lo contrario; pero dedicar todo el tiempo y esfuerzo que esos sistemas requieren por una recompensa mínima me parece hasta triste.

No obstante, nuevas opciones más prácticas y atractivas han empezado a surgir gracias a los teléfonos inteligentes.

Hace poco, haciendo fila para pagar en una tienda, vi que la persona adelante mío mostró su celular a la cajera y recibió un descuento de $15.  Preguntando, supe que chequearse en la tienda con Foursquare automáticamente genera un código de descuento (obviamente hice el “check in” antes de pagar).

En otra tienda vi algo similar, pero la tienda no aparecía en Foursquare. Una búsqueda en Google con el nombre de la tienda y la palabra descuento me llevó a http://www.retailmenot.com.  El código de descuento aplicaba encima del descuento que ya tenía la tienda. Resultado: Una de las cosas que estaba comprando (casi $50) me salió gratis.

Al parecer, he estado pagando más mientras otros clientes pagaban menos, por lo que ahora cuando puedo reviso en línea antes de pagar.

Si los descuentos se pueden conseguir con un par de clicks en el momento de comprar algo que ya había decidido comprar, son una excelente opción: Para el cliente (por razones obvias), pero también para el negocio, que logra una interacción en línea con los clientes mucho más productiva que saturar a la gente con emails y mensajes de texto no deseados.

No dudo que en Costa Rica conforme se generalice el uso de teléfonos inteligentes pronto empiecen a verse buenas opciones en este campo.

Cuando la primera acción de los nuevos diputados de un país es tratar de subirse el salario en un contexto nacional de crisis económica, salta a la vista que hay una enorme desconexión entre los legisladores y los ciudadanos cuyos intereses en teoría representan.

En Costa Rica los ejemplos sobran y la desconexión se explica fácilmente por -entre otros factores- el hecho de que los diputados no tienen incentivos ni desincentivos reales para escuchar y actuar con respecto a los problemas e intereses de los ciudadanos.

Gracias a la elección por listas provinciales, la ausencia de reelección inmediata y otros factores, la lealtad de los diputados se debe única y exclusivamente a las manos que mueven la maquinaria electoral que los bendijo con una curul.

La web podría ayudar a reducir esa desconexión si se experimentara con proyectos como “We the People”, iniciado recientemente por la Casa Blanca. Se trata de una plataforma en línea que le permite a cualquier ciudadano pedirle al gobierno “actuar” en una amplia gama de temas.

Si la petición recibe apoyo en Internet de al menos 5,000 personas en los 30 días posteriores a su ingreso al sitio web, el gobierno se compromete a atenderla y responderla en un período de semanas, dependiendo del número de peticiones que ingresen.

El vocabulario del sitio electrónico no especifica si “responder” necesariamente implica tomar una decisión sobre el tema (en un sentido o el otro), pero tiene como objetivo garantizar que temas importantes para los ciudadanos sean discutidos por las instituciones públicas con miras a hacer algo al respecto.

Sería sumamente interesante aplicar un proyecto de esa naturaleza a la Asamblea Legislativa, no solo con propuestas y firmas en línea, sino también con aquellas que se presenten en papel.

Ciertamente, la oportunidad podría ser aprovechada por quienes pueden dedicar grandes recursos económicos a movilizar gente. Por otra parte, eso no debe ser excusa para cerrarle la puerta a movilizaciones populares genuinas que ahora son capaces de utilizar las nuevas tecnologías para articular sus intereses y hacerse escuchar sin necesidad de gastar millones en estrategia política, cabildeo u otros métodos de influencia política.

¿Por qué habrían de resistirse los representantes de la gente a usar tecnologías que los pueden mantener conectados con las personas que en teoría representan?

La SUTEL aclara que el criterio emitido por la Procuraduría de la República, responde a una consulta por parte de la Comisión Nacional del Consumidor del 22 de marzo del año en curso (oficio N° CNC-OF-004-11), por lo que en ningún momento esta Superintendencia ha tratado de evadir o rehuir su responsabilidad respecto a la protección de los derechos de los usuarios.

Lo anterior se comprueba al considerar que al día de hoy se han atendido más de 250 reclamaciones por problemas en los celulares y en muchos más se ha llegado a una conciliación con los operadores. La SUTEL mantiene el compromiso con los usuarios de velar por las condiciones de prestación, calidad y tasación de sus servicios, apegándonos a lo dispuesto en el criterio de la Procuraduría C-176-2011 del 27 de julio del presente año.

En todo caso, la SUTEL recomienda a los usuarios que opten por adquirir terminales homologados, los cuales son sujetos a una serie de pruebas que permiten verificar su correcto funcionamiento en las redes nacionales.

Ana Carolina Mora, vocera de SUTEL.

Lejos de verla disminuir, esta semana nos encontramos con el nacimiento de un nuevo hijo de la amplia, variada y tristemente cómica maraña de trámites ineficientes que tenemos en Costa Rica.

Esta vez no proviene de una institución antigua presa de la inercia ni de una ley creada cuando no se podía prever lo rápido que avanzarían las telecomunicaciones, sino que proviene de la reluciente y recién creada Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL).

Según un dictamen de la Procuraduría, “escapa a la competencia técnica de la SUTEL asegurar la compatibilidad técnica y el correcto funcionamiento de cada aparato o equipo que utilice el usuario final para recibir el servicio de telecomunicaciones”.

Como resultado, dice el dictamen, los usuarios deben acudir a la SUTEL solo cuando el problema sea de servicio y a la Oficina del Consumidor cuando sea del aparato.

Surge la pregunta obvia: ¿Cómo se supone que un simple usuario va a saber cuándo es un problema del primer o segundo tipo, si la misma entidad técnica fiscalizadora no tiene competencia técnica para determinarlo? ¿Cómo se puede creer que una oficina de asesoría al consumidor tiene más competencia técnica que la entidad fiscalizadora nacional?

El único resultado que se puede esperar de semejante medida es que los usuarios anden de oficina en oficina, entre el operador, la SUTEL y la Oficina del Consumidor, hasta que eventualmente lleguen quizá a la correcta. ¿Qué pasa si, como suele ocurrir en ese tipo de casos, las oficinas se contradicen entre sí y envían al usuario de un lado a otro más de una vez?  ¿Cuánto tiempo va a estar el usuario sin servicio mientras atraviesa la maraña burocrática? ¿Cuántos recursos vamos a desperdiciar como país en ese laberinto de filas, esperas, gasolina, llamadas, etc.? ¿Es esto lo mejor que se les ocurre a quienes diseñan estas regulaciones?

Los únicos que podrían beneficiarse de ese modelo son la SUTEL, que tendrá menos trabajo, y, por supuesto, los operadores, que posiblemente venderán más aparatos cuando los usuarios se rindan ante la dificultad de obtener respuesta oportuna a sus quejas y simplemente opten por comprar un aparato nuevo.

La venta de aparatos es precisamente el aspecto clave. “La compatibilidad técnica y el correcto funcionamiento de cada aparato” son factores intrínsecos a la prestación del servicio, particularmente cuando en la mayoría de los casos son los mismos operadores quienes venden los teléfonos a los usuarios (como desde hace un año lo hace el ICE). Es por eso, por ejemplo, que en Estados Unidos la Federal Communications Commission (FCC) fiscaliza todo lo relacionado con las telecomunicaciones, desde denuncias de los usuarios por desperfectos de los aparatos hasta fusiones corporativas y regulación del espectro.

Pero en Costa Rica, en lugar de construir una entidad dinámica y altamente especializada acorde con las necesidades del mercado actual, decidimos deliberadamente ponerle restricciones y limitaciones ficticias a la capacidad técnica de una entidad que podría hacer mucho por los usuarios y el país.

Al parecer, los obstáculos a la competitividad y a la reducción de trámites no provienen solo de instituciones o leyes arcaicas sino que más bien siguen impregnados en nuestra mentalidad burocrática.

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