Costa Rica es, sin duda, un país de extremos. Un día después de la celebración del Día del Ambiente, que este año, dicho sea de paso, se alarga todo el mes y a escasos meses del triunfo ambientalista que impidió la operación de la minera Crucitas, aparece que el gobierno está reviviendo la posibilidad de explorar yacimientos de petróleo y gas natural en las llanuras del norte. Esto, mediante una concesión de 20 años a una compañía estadounidense, que ya venía en proceso.  ¿Y, entonces?

¿Qué tipo de desarrollo queremos? El que nos ha posicionado como un líder en campos e iniciativas como el turismo basado en la naturaleza (el que realmente cuida los recursos naturales y genera beneficio social)  y el Pago por Servicios Ambientales (PSA), que ha incidido en lograr que hoy contemos con un 51% de cobertura forestal en el país, o aquel que en aras del lucro justifica actividades potencialmente de impacto ambiental y un rechazo social más que comprobado.

Y vuelven los conocidos argumentos: recursos para un país que lo necesita, empleos en una zona deprimida e incluso respeto a la legalidad (porque en este país de contradicciones el ministerio del Ambiente ha sido también de minas y exploraciones petroleras, lo cual quiere decir que estas actividades están permitidas aun cuando algún gobierno no les de pelota).  Pero, ¿no está claro que muchísimos costarricenses no quieren ese tipo de desarrollo al punto de impedirle a una minera entrar en operación y detener la exploración petrolera en El Caribe?

Otro contraste: Justicia para La Naturaleza, la organización no gubernamental sin fines de lucro que ha tratado hasta la fecha de frenar esta concesión, fue declarada de interés público según un decreto ejecutivo publicado en 1995. Su misión es, precisamente, mejorar la defensa del derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

¿Hacia dónde como país inclinamos, entonces, la balanza?