Por:  29 abril, 2016

Las organizaciones sindicales detrás de la huelga del pasado 26 y 27 de abril incitaron públicamente a un movimiento que es ilegal.

Es ilegal por haber afectado servicios públicos esenciales como la atención de la salud, y además porque los sindicatos saben perfectamente que la ley les exige que de previo a la suspensión de las labores deben haber agotado toda posibilidad de conciliación y detallado sus quejas a través de un pliego de peticiones, requisitos que no cumplieron.

¿Qué es el pliego de peticiones? Un documento por medio del cual los sindicatos comunican sus quejas, el número de trabajadores que las apoyan, los centros de trabajo en los que ha surgido las controversias, nombre de los delegados y fecha. Si no van a trabajar al menos que justifiquen por qué ¿no?.

Ni un cajón de sastre tiene tanta variedad como los motivos que exponían los huelguistas para justificar el abandono de trabajo. Desde la defensa de la soberanía alimentaria y los territorios indígenas, hasta el fraude fiscal, proyectos de ley, Alianza del Pacífico, oponerse a la desaparición del INA, defensa del presupuesto para educación, y eliminación de las listas de espera en la CCSS. Básicamente todo lo que está en discusión en este momento en el país y más.

No es una huelga legal porque se trató de una huelga política, y los principales sacrificados fueron los estudiantes y los asegurados de la CCSS. La huelga no estaba dirigida contra el Estado como empleador sino contra el gobierno y sus decisiones políticas.

Los manifestantes tendrían que haberse esperado a este domingo 1 de mayo para ejercer a todas sus anchas el derecho de manifestarse pacíficamente y exponer sus puntos de vista en contra de los proyectos de ley sobre educación dual y empleo público. Pero hacerlo a costa de gente enferma, de estudiantes, paralizando las calles en un día normal de trabajo, es un abuso y un atropello.

Si actuaron mal que asuman entonces las consecuencias. Aplaudo la decisión del gobierno de solicitar la declaratoria de ilegalidad de la huelga en sede judicial, y que se gire la orden de no cancelar el salario a quienes no se presentaron a trabajar. Y digo más, dado que los funcionarios públicos se ausentaron sin permiso y sin justificación dos días consecutivos debería la CCSS, el MEP y las demás instituciones afectadas hacer la consulta legal r para determinar si procede el despido sin responsabilidad patronal.

Si el gobierno cede ante este tipo de presiones sería un engaño decir que las huelgas en servicios públicos esenciales están prohibidas en el país porque se estarían permitiendo “de facto”, al margen de la ley y sin ningún tipo de penalización.

ACTUALIZACIÓN al 02 de mayo del 2016:

Según fue dado a conocer, el sábado por la noche el gobierno cedió y pactó con el grupo sindical que incitó a la ilegalidad. Ya lo había hecho con Patria Justa en octubre pasado y ahora era el turno de Bussco.

En un comunicado circulado por Undeca ( Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social), gracias a ese "acuerdo" lograron que el gobierno aceptara NO tomar represalias ni sanciones de ningún tipo contra los trabajadores.

Fue una tomadura de pelo el que se dijera que buscarían la declaratoria de ilegalidad y el rebajo de salario por abandono de labores.

¿Cuál es el mensaje que se le está dando al país cuando el jerarca del Ministerio de Trabajo, apoyado por Casa Presidencial, permite de facto las huelgas ilegales?