Por:  21 septiembre, 2015

El “pacto social” firmado en junio entre el presidente ejecutivo del ICE, Carlos Obregón, de la mano de los gerentes de Telecomunicaciones, Electricidad y Gestión Administrativa (identificados como Administración Superior del ICE), y el sindicalista Fabio Chaves a la cabeza del Frente Interno de Trabajadores (FIT) deja muchas interrogantes en cuanto al verdadero espíritu y alcance de dicho acuerdo.

(Sí, el mismo Fabio Chaves que dice hablar en “nombre de la mayoría de los empleados públicos” mientras amenaza con represalias en las calles - actos de violencia - recibiendo por ello hasta el reproche de quienes comparten sus ideas).

En el sector público, las Juntas de Relaciones Laborales son órganos integrados de manera paritaria y bipartita por representantes patronales y de los trabajadores para resolver temas limitados a recursos humanos. ¡Ah no! Pero el ICE fue más allá permitiendo que el FIT participe activamente en la toma de decisiones en áreas medulares para la institución y para el país: tecnología y electricidad.

Lo que la Administración Superior de ICE implementó pareciera ser un modelo de cogestión administrativa, tropicalizado a la versión criolla. Fabio Chaves y sus camaradas tienen ahora facultades para proponer, opinar, analizar y ¿decidir? sobre aspectos críticos que además impactan el uso de fondos públicos.

¡Vaya cuota de poder y dosis de respaldo recibió esta agrupación sindical!. Importante recodar que el FIT forma parte del colectivo Patria Justa, de la mano, entre otros, de Albino Vargas (ANEP) y Rolando Blear (Sintrajap). Sí, esa Patria Justa que junto al partido oficialista y al Frente Amplio firmó la “agenda patriótica para el bien común” con el fin de apoyar y frenar proyectos de ley de la izquierda parlamentaria (cogestión legislativa), y que está convocando una huelga general para octubre.

Me pregunto, ¿el ICE negoció con el FIT o con Patria Justa?.

¿Es esto lo que los costarricenses queremos?. ¿Estamos siendo representados adecuadamente?. Según se dio a conocer, entre 2013 y 2014 las agrupaciones sindicales perdieron más de 14 mil trabajadores, la reducción más importante en los últimos 17 años. Eso sí, sería un error confundir reducción con debilitamiento según lo que estamos viviendo.

La concesión de poder desde las entrañas de una institución pública al sector sindical agudiza el debate ideológico y político que despertó la llegada del PAC al gobierno, agrupación que ni su presidenta, Margarita Bolaños, ha sabido definir con claridad: “…ni de izquierda ni de derecha, somos un partido democrático, de economía mixta”.

Precisamente sobre ese debate ideológico y político el gobierno tiene muchas papas calientes que le están quemando las manos: el pago de pluses, principalmente anualidades, que en muchos casos superan los salarios base de los funcionarios; beneficios excesivos otorgados por medio de convenciones colectivas (llegando al colmo de trasladar el costo a los consumidores); negativa de implementar la modalidad de salario único y de reformar el régimen de empleo público.

Ya tenemos el inicio de lo que podría ser una especie de cogestión por parte de la agrupación sindical (FIT) en una entidad pública, sumado a otra aún más amplia (Patria Justa) que cogestiona o colabora en la labor legislativa, como dije, con la izquierda parlamentaria.

Agregémosle a esta ecuación la relación de cercanía que unía, desde el poder ejecutivo, al anterior ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, con Albino Vargas, ¿quién puede olvidar el intercambio de mensajes de texto y frases de celebración (ejecutivo-sindicatos) por el levantamiento del veto a la Reforma Procesal Laboral?. Vargas lamentó la salida de Jiménez asegurando que hizo un extraordinario papel que jamás olvidaremos, jamás olvidaremos”.

¿Que tan vinculantes serán las decisiones del FIT para el ICE?. Los costarricenses tenemos derecho a saber a qué se comprometió - y nos comprometió – el presidente ejecutivo Carlos Obregón. Si al FIT se le reconoció poder de decisión, existe una duda razonable en cuanto a la legalidad de este “pacto social” que debe ser revisada.

¿Será que el acuerdo ICE-FIT cuenta con el apoyo del presidente Solís Rivera? Podría ser pero no estaría mal consultarle. No hay que confundir la apertura de vías de diálogo con la concesión de poder en la administración de la entidad pública, y es por ello que resulta trascendental conocer el alcance de esta propuesta ya en firme.

Etiquetado como: