El Estado paga por caprichos de la ANEP

La estrecha relación entre la agrupación sindical ANEP, por medio de su secretario general Albino Vargas, y el actual gobierno del PAC no deja de sorprender. 



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El compadrazgo de amiguetes  al que nos tienen acostumbrados ha llegado al colmo: ante los caprichos de la ANEP el Estado asume el salario de funcionarios públicos para que colaboren con la causa específica de esa agrupación sindical en lugar de hacer su trabajo.

A la ANEP no le basta con que se destinen miles de millones de colones de fondos públicos para pagar los gustos de champán de unos funcionarios privilegiados y protegidos a través de convenciones colectivas, aunque eso signifique sacarle más plata a la gente por medio de aumentos en las tarifas de servicios o en el precio de la gasolina.  

La ANEP es insaciable. Ahora resulta que parte de su planilla la pagamos todos los costarricenses porque al Estado le parece buena idea que un grupo de empleados públicos en lugar de contribuir al bienestar del país se dediquen en horas laborales y de forma permanente a seguir las instrucciones del Sr. Albino Vargas. 

La forma en que lo han logrado ha sido a través de lo que la ANEP llama seccionales y se encuentran reguladas en el artículo 59 de su Estatuto, en el Capítulo IX sobre Organismos de Base.

Lo curioso es que el mismo Estatuto dice que “La Junta Directiva Nacional otorgará el personal y los recursos necesarios para el desarrollo de estos organismos”, pero en la práctica es el Estado quien está corriendo con parte de los gastos de la planilla.

El caso que se dio a conocer hace unos días está referido al AyA porque un trabajador de la institución tiene más de 2 años de gozar de una licencia pagada para trabajar permanentemente en la ANEP, respondiendo a una concesión discrecional del gerente general de la institución luego de recibir una supuesta solicitud directa y personal del viceministro de Trabajo, Harold Villegas.

Ese permiso no tiene respaldo legal y es una muestra más del contubernio que existe para favorecer determinados grupos de presión.  

En el AyA la ANEP ni siquiera tiene un apoyo suficiente de los trabajadores por lo que la representatividad la tiene otra agrupación, la Asociación Sindical de Trabajadores del AyA (Astraa).

No hay una ley que regule las llamadas licencias sindicales, me refiero al permiso que se le otorga a un trabajador para que deje sus funciones y se dedique a tiempo completo a la acción sindical sin afectar su salario.

La convención colectiva vigente señala que en el caso del AyA las licencias sindicales solo le corresponden a los representantes de Astraa y no a la ANEP.  Esto, sin embargo, no fue impedimento para que la ANEP tenga un empleado a tiempo completo a su total disposición.

Tanto el Convenio 135 como la Recomendación 143 de la OIT señalan que las concesiones y permisos que se otorguen a los representantes de los trabajadores no deben ser ni desproporcionadas ni ilimitadas, por lo que hay que darlas en condiciones razonables, considerando las posibilidades de la empresa y su naturaleza.

A esto último se suma el Comité de Libertad Sindical y las sentencias de la Sala Constitucional (sentencia 2967 del 2006 y 14194 del 2012).

No son todos los representantes de los trabajadores que tienen derecho de manera irrestricta a un permiso pagado, ni mucho menos hay obligación de otorgarles el tiempo que unilateralmente la agrupación sindical exija.

Que el AyA asuma el costo laboral de un funcionario que está a tiempo completo trabajando para la ANEP es un ridículo. Este abuso descarado no está amparado ni en convenios internacionales, ni en la ley, ni en la convención colectiva de la institución.

Albino Vargas reconoció que este no es el único caso en esas condiciones, así que insto al ministro de Trabajo para que le diga al país en cuantas negociaciones han intercedido como “amigables componedores” para facilitarle a la ANEP trabajadores pagados con fondos públicos, y que diga también si lo que sucede en el AyA se repite en las más de 100 seccionales de ese sindicato, como es el caso de Fuerza Pública, Cruz Roja, Sinart, MEP, Incofer, Banhvi, policía penitenciaria y municipalidades.

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Catalejo Laboral Paola Gutiérrez

Paola Gutiérrez es abogada y asesora empresarial con más de 13 años de especialización en Derecho del Trabajo. Es máster en Recursos Humanos de la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid, España;  máster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Estatal a Distancia en Costa Rica, y tiene una especialización en Derecho del Trabajo y derechos fundamentales de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, España. 

Durante su trayectoria profesional ha ocupado puestos gerenciales en Recursos Humanos y actualmente es co-directora de la división Lex Labor del Bufete Lex Counsel. 

Este blog pretende llamar la atención sobre aspectos que podrían estar quedando fuera del radar de observación de ustedes lectores. A través del lente del catalejo es posible “captar de lejos” contingencias laborales, con la posibilidad de realizar cambios estratégicos en el rumbo de las organizaciones empresariales.


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