La irresponsabilidad del sector sindical


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La irresponsabilidad de una parte del sector sindical costarricense como poco resulta sorprendente. La presión y las amenazas de huelga por un aumento salarial que supera las posibilidades económicas del país  no tiene ni pies ni cabeza.

El incremento de un 0.43% (y de un 1% adicional para quienes reciben salarios menores) entrará al bolsillo de 250 mil funcionarios públicos con efecto retroactivo al 01 de enero 2014, representando un costo cercano a los 14 mil millones de colones.

Está claro que las expectativas y las exigencias de un monto mayor representan un divorcio entre el deseo utópico y la razón con cordura.

Está claro también que a los dirigentes nada los detiene:  ni el sentido común, ni la responsabilidad que sería de esperar de su liderazgo, ni el déficit fiscal.  Los sindicatos pretenden apretar la soga sin importar las consecuencias.

Los 14 mil millones de colones les pareció “una burla” a los dirigentes sindicales. Para ellos el aumento no es más que un pichuleo, claro, acostumbrados a que en periodos electorales anteriores los incrementos  buscaban jalar votos.

Sus expectativas apuntan caprichosamente hacia la luna exigiendo una erogación cercana a los 144 mil millones de colones. ¿De dónde? Eso no importa, se verá luego, y si es del caso que responda la tarjeta de crédito que pagarán las generaciones que vienen detrás.

Y es que en río revuelto ganancia de pescadores. Por un lado los sindicatos pujan por un aumento mayor, y por el otro,  en este país  tenemos una maraña de sistemas de remuneración para la función pública, sin que haya sido posible avanzar en la búsqueda de soluciones.

Son tantos los sistemas de remuneración y tan distintos entre sí que provocan desigualdad y profundas asimetrías,  sin que hayan mecanismo que permitan medir el retorno en beneficios para el país de una planilla tan cara.

Los incentivos salariales en el sector público se crearon con el fin de impulsar la eficiencia, la calidad  y productividad de los funcionarios, sin embargo los instrumentos de revisión del desempeño son inoperantes. Así lo indicó la Contraloría en el informe sobre la Gestión del Estado en materia de Empleo Público (2009): “por cuanto en el 76.5% de las instituciones analizadas no se utiliza en forma oportuna y adecuada esta evaluación”.

No existe una relación entre eficiencia e incentivos, pero aún así, en mitad de este colocho, se pretende seguir aumentando, a ciegas,  el gasto rígido que representan los salarios.

La Nación reportó que los empleados del Gobierno Central y de las instituciones autónomas ganan entre 23% y 50% más que el sector privado.  Y como si ese dato no llamara la atención, el Ministerio de Hacienda registra 1.600 funcionarios públicos con salarios mensuales que varían entre ¢5 millones y ¢35 millones. 

Esta mañana en el programa de radio Hablando Claro, el Ministro Edgar Ayales manifestaba que las diferencias salariales tan elevadas a favor del sector público respecto al empleo privado afectan la sostenibilidad del Gobierno, contribuyendo a la desigualdad que se vive actualmente en Costa Rica. 

(El audio de la entrevista completa está disponible) 

Existe una multiplicidad de instrumentos jurídicos que afectan la forma en que se calcula la remuneración en el sector público: convenciones colectivas, regulaciones de carácter especial, acuerdos de junta directiva, reglamentos, etc.

Hay 3 incentivos que son comunes, representan sólo el estándar: anualidades, carrera profesional y  dedicación exclusiva o prohibición. A ellos hay que sumarles todos los demás. De acuerdo con un estudio realizado por el MIDEPLAN en el 2012, en el caso del  Gobierno Central y otros poderes del Estado se identificaron un total de 75 incentivos o pluses salariales para puestos administrativos, artísticos, docentes, ciencias médicas, tribunales administrativos, etc. Sí, 75 incentivos. 

Para el caso del Ministerio de Educación la lista incluye 117 recargos, tales como:  horario alterno, incentivo al desarrollo de la docencia, laborar en zonas de menor desarrollo, laborar sábados, promover huertas escolares, talleres de creatividad y talento, etc.

El editorial del pasado 14 de febrero de La Nación reforzaba la idea sobre la preocupación por la ineficiencia de los sistemas de evaluación en la función pública: de acuerdo con el Ministerio de Planificación de 160 mil empleados públicos solo 13 dejaron de recibir el pago por anualidad por bajo rendimiento.

Pretender y pujar por un aumento salarial que supere las posibilidades reales del país,  encadenándonos a todos a un gasto inflexible, resulta por lo menos irresponsable y populista.  Los salarios no deberían crecer hasta tanto los costarricenses no tengamos certeza de que el sueldo de un funcionario público es reflejo directo del rendimiento de su labor al servicio de este país.

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Catalejo Laboral Paola Gutiérrez

Paola Gutiérrez es abogada y asesora empresarial con más de 13 años de especialización en Derecho del Trabajo. Es máster en Recursos Humanos de la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid, España;  máster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Estatal a Distancia en Costa Rica, y tiene una especialización en Derecho del Trabajo y derechos fundamentales de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, España. 

Durante su trayectoria profesional ha ocupado puestos gerenciales en Recursos Humanos y actualmente es co-directora de la división Lex Labor del Bufete Lex Counsel. 

Este blog pretende llamar la atención sobre aspectos que podrían estar quedando fuera del radar de observación de ustedes lectores. A través del lente del catalejo es posible “captar de lejos” contingencias laborales, con la posibilidad de realizar cambios estratégicos en el rumbo de las organizaciones empresariales.


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