REELECCIÓN CONFLICTIVA

¿Límites a la judicialización de la política?


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La intervención –legítima –de la Sala Constitucional en el proceso legislativo, sus órdenes a la Asamblea Legislativa para legislar a plazo y en determinado sentido, constituyen el telón de fondo sobre el que debe explicarse la no reelección del magistrado Fernando Cruz.

El magistrado Cruz es un hombre íntegro y un jurista estudioso, pero su filosofía judicial entró en conflicto con las filosofías judiciales de las  mayorías parlamentarias.

La reelección de este  juez se constituyó en una oportunidad propicia para la reafirmación del ámbito del poder de la institución legislativa.

El mensaje de los diputados a los magistrados es claro, la autonomía y separación de poderes deben respetarse.Es también  un mensaje a otras instancias y autoridades públicas que no reconocen  la autoridad constitucional que le ha sido asignada al parlamento.Sin embargo,es de reconocer que la decisión legislativa puede interpretarse como venganza política por decisiones contrarias al bloque que rechazó la reelección.

Los jueces  supremos replicarán que  la independencia   del poder  judicial debe respetarse también y llevan razón en ello, partidarizar y pervertir la justicia puede significar el fin de la democracia.

Algunos verán en el rechazo a Cruz un cobro por sus decisiones judiciales  anteriores  relacionadas con el TLC,la integración de las comisiones legislativas y  Crucitas.

Para otros se trata de una divergencia de fondo sobre   filosofía judicial en temas como la ecología y el libre comercio .

Esta decisión plantea un conflicto político filosófico entre los poderes  del Estado que reviste una dimensión histórica muy importante, pues se relaciona con el problema de  la demarcación de las líneas de acción de ambos poderes.

La salida de Cruz  también afecta  las relaciones de poder internas  en el tribunal constitucional. Mucha atención deberá prestarse a la filosofía judicial de los  futuros jueces que se elijan. Un delicado equilibrio debe establecerse entre  las necesarias líneas innovadoras  y la adaptación a la filosofía judicial mayoritaria.

Esta decisión  se puede convertir en un límite  al proceso de judicialización de la política.Los diputados tendrán que entender que pueden resolver sus disputas en el ámbito politico y no en estrados judiciales.

Los diputados no pueden continuar abusando de la consulta legislativa ante la Sala IV  y de las denuncias recíprocas ante la fiscalía.

Los magistrados deberán entender que la introducción de la política en su esfera de acción puede dar al traste con su legitimidad.También deberán comprender que la tentación de franquear sus límites y ejecer poder mas allá de sus  potestades  introduce la política partidaria en sus filas y deslegitima su trabajo.

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Con Tino Constantino Urcuyo

Costarricense.  Abogado y Politólogo. Universidad de Costa Rica 1973.  Doctor en Sociología Política, Universidad de París 1979.  Director, Escuela de Ciencias Políticas, Universidad de Costa Rica (1979-1984).  Director Académico del Centro de Investigación y Adiestramiento Político Administrativo (CIAPA) (2003).  Catedrático de la Universidad de Costa Rica desde 1991.  Diputado a la AsambleaLegislativa (1994-1998).  Richard Greenleaf Distinguished Visiting Professor, Tulane University 2007.  Profesor Visitante, Universidad de Salamanca 2008.  Consultor Internacional para diversos organismos nacionales y extranjeros.

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