Necesaria reforma política



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El debate sobre la reforma política se desarrolla en varios campos de batalla. Por una parte los diagnósticos, que siempre son necesarios. Por otra, las propuestas que ponen en confrontación dimensiones subjetivas y objetivas de la acción política.

Desde hace varios lustros se habla de ingobernabilidad y se empezó definiéndola desde una hipótesis infantil. La sociedad es rebelde y no obedece al pater familias. Esta visión abre el espacio para soluciones autoritarias desde el Ejecutivo, con mano dura sobre los ciudadanos niños se soluciona el problema.

También ocupó espacio la hipotésis antipolítica: todos los problemas se originaban en el bipartidismo; pero, desaparecido este, por sus propios errores, los problemas han continuado.

También ha bailado en el escenario la explicación que centra todo el problema en  la creación de derechos sin contenido y la consiguiente frustración ciudadana que esto provoca, como si la distancia entre promesas, aspiraciones y realizaciones fuese algo nuevo en nuestra historia.

Surge también la explicación satanizante, la culpa la tiene una perversa clase política, de vagabundos y  ladrones, que impide que las fuerzas puras y sabias del país se expresen. Aquí nos quedan debiendo los criterios y mecanismos para separar y seleccionar los malos de los buenos.

También está la explicación centrada en la mala calidad de dirigentes politicos y de gerentes públicos, que supone, de manera aristocratizante, que el problema radica en la ausencia de tecnócratas, provenientes de las escuelas de negocios y de politología, carecemos de buenos gerentes y por eso las cosas no caminan.

También se ha acudido a explicar el problema como exceso de intervención estatal (burocratización), o la más política explicación de una inadecuada respuesta frente a las  necesidades de la ciudadanía.

A lo largo de este periodo de tropiezos del proceso político, iniciado a finales de la década de los años noventa, se ha culpado a la sociedad, a la burocracia, a la clase política, y se ha trabajado con definiciones difusas  u oscuras del problema de la gobernabilidad. 

Algunos ven la tarea de gobernar como un asunto desde arriba, no nos dejan gobernar una vez que nos eligen. Otros pretenden la democracia directa todos los días y a todas horas,trasladando el Agora griega a la manifestación callejera y brincándose el concepto de representación.

Lo cierto es que no se puede enfocar el problema  de  gobernar si  no se parte de ambas realidades. No se puede gobernar sin representantes, y la tarea del Gobierno también debe asumir el autogobierno ciudadano, particularmente importante en una época en que la sociedad de la información ha dado la palabra a la ciudadanía para que se exprese por los medios más diversos.

Gobernar es el camino conjunto y continuo que recorren el Estado y la sociedad, no solo una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo.

Gobernar implica mejorar la representación electoral y abrir las puertas del sistema político para una mayor participación ciudadana en los periodos interelectorales.

Llevar a los políticos a escuelitas de moralina no resuelve el problema, aunque la ciudadanía debe estar siempre atenta para exigir honestidad en el manejo de los dineros públicos y respeto a los principios democráticos de división de poderes.

Satanizar el oficio de político no resuelve nada, pues tras el desplazamiento de algunos siempre vendrán otros que seguirán pecando, si el sistema institucional no establece frenos objetivos para impedirlo y para promover políticas públicas eficaces y eficientes.

La antipolítica no es sino otra forma de hacer política, y hasta más perversa, pues oculta las mismas desviaciones  que pretende erradicar.

La reforma política tiene que dirigirse a modificar el diseño institucional, pues las instituciones, las reglas del juego se transforman en el marco que condiciona  la acción de los actores sociales y políticos (agentes).

La estructura institucional no surge del vacío, ni funciona en este, lo condiciona,pero no lo determina. Los actores políticos se ven constreñidos por esta, pero pueden modificar su trayectoria, cambio este que los termina transformando a ellos también.

No es posible mejorar de gobernabilidad si no se actúa sobre la dinámica de la relación entre poderes del Estado. El principio del equilibrio de poderes debe ser reformulado en un nuevo contexto sociopolítico y es imperativo introducir un sistema electoral que produzca mayorías y no fragmentación.

Las reformas  deben poner un muro de contención al proceso de judicialización de la política y establecer mecanismos de relación entre el Estado y la sociedad civil, más allá del acto electoral cuatrienal.

La desburocratización del aparato del Estado es un proceso ineludible si queremos acabar con la tramitomanía.

El cambio de la arquitectura institucional no agota todos los caminos. El comportamiento de los actores politicos es un factor clave en estas transformaciones y la ciudadanía debe exigir programas y visiones de mediano y largo plazo en el debate público, más allá del simplismo de las campañas electorales.

La lucha por la reforma política pasa también por el campo de la cultura política, de la discusión sobre principios y valores que organicen nuestra convivencia. La discusión de las rutas para llegar a esas nuevas metas también es parte del proceso.

La deliberación sobre los cambios necesarios pone sobre el tapete la responsabilidad de  sectores de los medios, usualmente más interesados por la espectacularidad, el inmediatismo y el regaño que por los problemas de fondo.

Sin embargo, la responsabilidad más grande corresponde a los actores políticos, pues las reformas institucionales las formulan y aprueban quienes gozan de poder en el aparato formal del Estado.

La rendición de cuentas es su deber, pero también deben tomar en cuenta que si las reformas no se hacen el sistema continuará aceleradamente por la pendiente y los puntos de ruptura se presentarán con graves consecuencias para todos.

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Con Tino Constantino Urcuyo

Costarricense.  Abogado y Politólogo. Universidad de Costa Rica 1973.  Doctor en Sociología Política, Universidad de París 1979.  Director, Escuela de Ciencias Políticas, Universidad de Costa Rica (1979-1984).  Director Académico del Centro de Investigación y Adiestramiento Político Administrativo (CIAPA) (2003).  Catedrático de la Universidad de Costa Rica desde 1991.  Diputado a la AsambleaLegislativa (1994-1998).  Richard Greenleaf Distinguished Visiting Professor, Tulane University 2007.  Profesor Visitante, Universidad de Salamanca 2008.  Consultor Internacional para diversos organismos nacionales y extranjeros.

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