El INEC me exige ¢2,2 millones a cambio de entregarme información pública


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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) me cobra $4.500 (sí, más de ¢2 millones) a cambio del acceso a datos de pleno interés público y que la ley le obliga a recolectar periódicamente con fondos de su presupuesto, pagado por todos los ciudadanos en impuestos.

Quiero acceder a la base de datos de la Encuesta Nacional de Hogares, de los años 2010 al 2012. Por cada año, me dice por correo una funcionaria del INEC, me cobran $1.500 (me pregunto cómo habrán fijado tal precio, que representa cinco veces el salario mínimo de una empleada doméstica). (Nota: La respuesta de la funcionaria llega 15 días hábiles después de solicitados, lo cual violenta los 10 concedidos por  la Ley de Jurisdicción Constitucional, lo que representa un acto ilegal.)

¿En qué se fundamentan para hacer tal cobro? En el artículo 18 de la ley del Sistema de Estadística Nacional (SEN), me dice la funcionaria. Tal artículo reza: “Autorízase al INEC para cobrar el costo de los servicios de información estadística, incluidos los directorios poblacionales, así como el de las publicaciones y cualquier otro medio de divulgar la información estadística que elabore.”

Hay argumentos sólidos para sostener que en el INEC hace una interpretación y aplicación inconstitucional de tal norma. Enumero tres:

  1. Empecemos por lo más importante. La Sala IV se refirió al tema del cobro por la información pública en el 2012, cuando el Registro Nacional impuso precios a los usuarios de sus servicios en Internet. En ese momento dijo: "el cobro de los nuevos servicios se justifica, dado los costos en que debe incurrir el Registro Público para su prestación, siempre y cuando se respete, en todo momento, el principio de servicio al costo."(sentencia 2012-1799 de las 10:50 hrs. del 10 de febrero de 2012). ¿Se respeta ese principio en este caso? Grabar en un disco unos datos no puede costar al INEC $4.500. Tampoco puede el INEC transferirme el costo de hacer la encuesta (que supera, por mucho, el precio dado) pues eso lo financió con su presupuesto, ya que, independientemente de mi solicitud, el instituto está obligado a hacer la encuesta por ley (el artículo 15, inciso  “c” de la norma del SEN obliga a que se realice periódicamente la encuesta, cuyos datos yo pido). A quienes se nos cobra este monto se nos impone un costo discriminatorio, ilegal, que no supera el mínimo examen de razonabilidad y proporcionalidad exigido por los magistrados constitucionales al valorar la legitimidad de las limitaciones a las libertades y derechos fundamentales.
  2. La norma autoriza el cobro de “servicios de información estadística”, y yo no pido ningún servicio especial al Estado. Solamente quiero las bases de datos, creadas anualmente con fondos públicos y por obligación legal, para extraer algo de ellas. No solicito al INEC que haga algún análisis a mi medida (los cuales realiza y tienen fijado un costo). No estoy pidiendo nada que implique una labor especial o extraordinaria que genere gastos adicionales al INEC por los cuales se justifique un cobro (menos uno de de $4.500). Mi requerimiento simplemente implica tomar un disco compacto en blanco y “quemar” en él la información (el disco puede costar ¢500, algo que yo puedo cubrir, y si no lo quieren comprar yo, gustosamente, se los puedo llevar a sus oficinas).
  3. Luego nótese que la ley también autoriza el cobro “de las publicaciones y cualquier otro medio de divulgar la información estadística que elabore”. Tengo dudas legítimas de que la base de datos con la información recolectada sea una publicación o un medio de divulgación de la información estadística que elaboren en el INEC, pero eso podría alegarse. Cuando hay duda, es ilegal interpretar las normas en contra de los derechos fundamentales, como el acceso a la información de interés público. En todo caso, más parece la norma referirse al cobro de anuarios estadísticos y otros productos elaborados por el INEC para difundir el conocimiento, los cuales, tiene sentido, tengan un precio(al costo) para el público. De hecho, como puede verse en la imagen, el INEC clasifica las “publicaciones”, en su sitio Web, de la siguiente forma (y en ninguna está la base de datos que yo solicito):

Los funcionarios del INEC deben leer, completa, la sentencia constitucional, pues están irrespetando la Constitución, y se alejan de cualquier ideal de “Gobierno Abierto”, promovido por el Poder Ejecutivo bajo los estándares de la Open Government Partnership.

Cito un extracto esencial del voto salvado de tal fallo:

“Existe un nuevo derecho o derecho de la cuarta generación que consiste en la facultad de los ciudadanos de acceder por medios electrónicos los archivos, registros y bases de datos en poder de los ente públicos, que debe ser fomentado en el marco de la sociedad de la información y ante el surgimiento de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.”

La información que solicito no solo debe ser gratuita, sino que debiera estar disponible en el sitio Web del INEC. ¿Entonces por qué el INEC promueve un “Gobierno Cerrado” y costoso?

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Dataset Alejandro Fernández S. y Andrés Fernández

Alejandro Fernández S.: Soy periodista de datos de EF. Obtuve una licenciatura en leyes de la UCR y una maestría en análisis de políticas públicas de la Universidad de Chicago. Siga las actualizaciones de este blog en mi perfil de Facebook haciendo click acá.

Andrés Fernández A.: Soy economista de la UCR. En mis investigaciones me he especializado en temas de economía de la educación y desigualdad de ingresos.

 

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