Cinco razones para defender una ley de Gobierno Abierto (en vez de los parches de la Sala IV)

La vaguedad de las normas y procedimientos se está utilizando contra el ciudadano.


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Me enteré de que mañana, miércoles 28 de agosto, saldría a la luz pública el primer borrador de proyecto de ley que pretende crear un Gobierno Abierto en Costa Rica.

Se trata de una muy esperada iniciativa de la Open Government Partnership coordinada por Maikol Porras, como representante de la Secretaría de Gobierno Digital junto con otras instituciones.

La norma resulta esencial para quienes hacemos periodismo y tenemos una creciente demanda por datos públicos de alta calidad.

En algún momento apoyé la tesis de quienes consideran preferible no regular el acceso a la información pública con una ley. Su argumento, básicamente,es que los diputados, al entrar a discutir el tema, ya sea por mala fe o por ignorancia, pueden verse tentados de quitar o disminuir libertades que la jurisprudencia constitucional ya concede, por lo que es mejor quedarse con lo que dice la Sala IV.

Temen, además, no sin justificación, que se construya un proceso largo, engorroso y complejo que se convierta en una barrera para los ciudadanos, en vez de un elemento que facilite el acceso a la información.

Hoy, con un poco más de experiencia sobre los fuertes obstáculos para tener acceso a las bases de datos públicas, me separo de ellos y creo que el cambio que queremos se debe impulsar desde una ley (lea acá sobre  las arbitrariedades que se cometen en la UCR para bloquear el trabajo de la prensa).

Tengo altas expectativas sobre el proyecto y, claro, ciertas inquietudes, pero el proceso desregulado actual basado en los parches constitucionales me parece indeseable. La vaguedad de las normas y procedimientos se están utilizando contra el ciudadano.

Estas son las cinco razones básicas por las creo que que ese tema debe regularse cuanto antes, y no dejarse más en manos de la jurisprudencia constitucional:

 

  1. La Sala IV desconoce los aspectos técnicos de un Gobierno Abierto: este año denuncié que los magistrados constitucionales consideran por cumplida la entrega de datos públicos con solo que una institución la tenga disponible en su sitio Web, sin importar si los formatos,  interfaces y otros elementos usados en sus páginas dan cumplimiento efectivo y real de las garantías constitucionales. Las bases de datos institucionales deben ser descargables completas y de una sola vez. Por eso una norma es necesaria, ya sea porque creemos que los magistrados desconocen del tema o porque no deben entrar a discutir sobre tanto detalle técnico en sus fallos.
  2. Más allá de la pregunta, los días hábiles y la respuesta: Un Gobierno Abierto del siglo XXI nos permitiría tener acceso a los datos desde cualquier lugar del mundo y en todo momento. Es un deber de las instituciones estar abiertas a que el ciudadano consulte desde Internet y obtenga los datos en formatos amigables. Sin embargo, la lógica de la jurisprudencia constitucional vigente se basa en una visión muy distinta, en la cual se pretende regular estos aspectos bajo la inteligencia tradicional del derecho de petición y los 10 días hábiles de respuesta. Es hora de exigir la difusión activa, periódica y obligatoria de los principales indicadores de las instituciones en las plataformas modernas. Una ley debe crear esa obligación.
  3. La plata: los recursos son limitados y las instituciones no tienen incentivos para usar parte de su presupuesto con el fin de crear departamentos de gestión y difusión de información necesarios para hacer una realidad del Gobierno Abierto. Esos incentivos también deben crearse y exigirse por ley.
  4. Las multas: muchos funcionarios públicos no le temen a los recursos de amparo. Muy pocas personas que ganan un proceso constitucional inician otro proceso para cobrarles por el daño sufrido por la violación al acceso a la información. Así, la consecuencia para el funcionario que deliberadamente interpreta normas de forma ilegal, atrasa procesos de información, otorga datos imprecisos o falsos es, de hecho, inexistente. La Sala Constitucional no puede crear tales multas ni a los órganos que las apliquen, solo los diputados por medio de leyes.
  5. La solidez de las normas: las garantías del acceso a la información reconocidas por la Sala IV son valiosísimas, pero pueden cambiar en cuestión de una tarde por decisión de siete magistrados. Como contraste, consolidar y desarrollar tales derechos y deberes en un cuerpo legal junto con un reglamento trae mayor solidez y claridad de tales garantías para el disfrute de los ciudadanos y el correcto proceder de la Administración. Me inclino por que reformar una norma es mucho más complejo, costoso, y público que un cambio de criterio de la Sala IV. Si las garantías son buenas, su solidez también es buena.

 

Esperemos el borrador del proyecto.Discutámoslo abiertamente.

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Dataset Alejandro Fernández S. y Andrés Fernández

Alejandro Fernández S.: Soy periodista de datos de EF. Obtuve una licenciatura en leyes de la UCR y una maestría en análisis de políticas públicas de la Universidad de Chicago. Siga las actualizaciones de este blog en mi perfil de Facebook haciendo click acá.

Andrés Fernández A.: Soy economista de la UCR. En mis investigaciones me he especializado en temas de economía de la educación y desigualdad de ingresos.

 

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