La elegante forma con que la CCSS violenta el acceso a datos públicos


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Lo hace de forma sutil y hasta amable, pero siempre ilegítima. La junta directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) practica, desde hace mucho tiempo, dos malos hábitos cuando se le solicita información pública: 

  1. Cuando un periodista envía un correo pidiendo ciertos datos (en mi caso, los salarios reportados por todos los servidores públicos), exige que la petición, para ser tramitada, se haga por fax.
  2. Además exige que en tal fax se le diga a la junta directiva por qué la información solicitada es de interés público

¿Está bien que la CCSS imponga esas condiciones? 

No. 

Sobre el mal hábito 1 (exigir la petición por fax): es el ciudadano el que elige entre diferentes vías para hacer la petición de información. La Administración no puede imponerle una. La propia Sala Constitucional ha reconocido que el correo electrónico es una vía legítima para pedir datos.

Los magistrados son bastante claros: “Cualquier medio es idóneo para gestionar una petición ante la Administración” en el voto 6037-08. Sobre el uso del correo electrónico ha dicho en el mismo fallo que “Cuando se trata (…) de solicitudes información pública, cuya respuesta y atención no requiere de ningún procedimiento formal, el correo electrónico resulta una vía útil efectiva para que la Administración conteste (…)”. Tal criterio se ha reiterado en votos del 2010 (6131-2010). 

Sobre el mal hábito 2 (justificar el interés público ante la junta directiva):

El problema es serio: 

a)      Los magistrados constitucionales establecen que el interés y acceso público a la información se presumen. El secreto es la excepción. Salvo prueba o norma en contrario, la Administración debe dar acceso a los datos públicos, y si no lo hace, debe motivar ante el ciudadano su decisión (y tal decisión es cuestionable ante la Sala IV). La carga de demostrar el interés público no recae en el ciudadano. El administrado tampoco debe justificar qué uso dará a los datos (otro obstáculo frecuente es exigir que se diga qué uso se dará a los datos solicitados, y eso es ilegítimo).

b)      El derecho a la información no depende de la decisión de un órgano colegiado como la junta directiva de una institución pública. Ese grupo de personas está sometido—independientemente de su voluntad a entregar o negar los datos—al artículo 30 constitucional, el cual dice: “Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público. Quedan a salvo los secretos de Estado.” Ningún acuerdo de junta directiva puede privar a los ciudadanos de esa garantía.  La propia Sala Constitucional ha establecido la información pública debe ser entregada “sin cuestionamiento previo”(ver sentencia 9455-2011 al respecto).

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Dataset Alejandro Fernández S. y Andrés Fernández

Alejandro Fernández S.: Soy periodista de datos de EF. Obtuve una licenciatura en leyes de la UCR y una maestría en análisis de políticas públicas de la Universidad de Chicago. Siga las actualizaciones de este blog en mi perfil de Facebook haciendo click acá.

Andrés Fernández A.: Soy economista de la UCR. En mis investigaciones me he especializado en temas de economía de la educación y desigualdad de ingresos.

 

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