¿La Presidenta pone a Aresep en la picota?


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El anuncio de la presidenta Laura Chinchilla de que se van a limitar los aumentos en las tarifas de los servicios públicos es positivo, desde el punto de vista del impacto que tendrá para los bolsillos de la mayoría de los costarricenses. Sin embargo, no es la única cara de la moneda.

Hay otros elementos que deben considerarse. Para empezar, el mensaje que se manda. Desde marzo, el Banco Central inició una especie de pulso con la Aresep, al alegar que el control de la inflación estaba siendo afectada por el alza en las tarifas de servicios públicos. Ahora, la Presidenta firmó una directriz e incluso habla de frenar el abuso en el aumento de estas tarifas. Incluso la presidenta habló en twitter de que mediante la directriz se impone un límite a los ajustes de las tarifas que han crecido "desmedidamente". Como estas entidades no definen sus tarifas unilateralmente, de alguna manera se está trasladando la responsabilidad del abuso que percibe la mandataria a la Aresep.

Estas acciones no se presentan en el aire. Debe recordarse que la Aresep no atraviesa precisamente una buena fase ante la opinión pública, cuando hace solo unas semanas se replegó ante los gasolineros para contener una posible huelga, y también tuvo su escandalito en el fallido traspaso del contrato de concesión a OAS para ampliar la vía a San Ramón. Un informe borrador de 22 páginas, con 18 conclusiones que cuestionaban las acciones, dio paso a un informe final de 8 páginas y 3 conclusiones, en las que se limitaba a señalar que Aresep no era competente para este tema.

Y estas situaciones ocurren en el contexto de la cuarta reforma al Reglamento Interno de Organización y Funciones de la Aresep, desde el 2009, como indica hoy La Nación. Es decir, un promedio de un ajuste por año. Y con una reestructuración en marcha, las declaraciones de la Presidenta sobre crecimientos excesivos en las tarifas no suenan como un espaldarazo.

Además, hay espacio para la polémica. La ley 7593 de creación de la Aresep establece en su artículo 31, sobre la fijación de tarifas, que no se permitirán fijaciones que atenten contra el equilibrio financiero de las entidades que prestan el servicio público. Es una ley, con rango superior a una directriz. Con lo que si alguna entidad siente que las disposiciones de Zapote atentan contra su equilibrio financiero, el tema puede tener que dilucidarse en los tribunales. Y aquí no entro a referirme al tema de si las fijaciones actuales han sido abusivas o no (lo que sugiere que la Aresep hace poco por cumplir con la defensa de los consumidores, que también le exige la ley 7593), sino sobre los conflictos que puede generar esta disposición a futuro. No olvidemos que las entidades que prestan los servicios también tienen que brindar un servicio, y que varias de ellas, como el ICE y Japdeva, se han quejado de que las fijaciones se quedan atrasadas.

Todo ello vuelve a poner a la Aresep en el centro de esta tormenta, para algunos como una entidad pintada en la pared, mientras para otros es tan solo un ente técnico que cumple con una labor que incomoda a algunos. Entretanto, pareciera que, al menos para la Presidenta, Aresep está en la picota.

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Poli-tica Mario Bermúdez

Periodista. Fue redactor de la revista Rumbo (1990-1997) y el periódico La República (1997-2003) en los que incursionó en la cobertura de temas políticos. Ingresó a EF en noviembre del 2003, en la sección de Economía y Política. Actualmente es editor de Economía, Política y Tecnología.

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