La carretera a San Ramón está llevando a una calle sin salida


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"La mujer del César no solo debe ser honesta; debe parecerlo". La cita de Plutarco resulta pertinente para entender la magnitud del problema en que se está enredando la administración de Laura Chinchilla con la concesión de la ampliación de la ruta San José- San Ramón.

Puede ser que la obra sea necesaria y que esté sustentada técnica y financieramente, pero pareciera que ya arrastra un enorme lastre, que hace cada vez más difícil que sea potable ante la opinión pública. Si, la obra fue refrendada por la Contraloría. Sí, el diseño de los planos fue supervisado, por Cacisa. Y sin embargo...

Gran parte de lo que se debate remite a historias conocidas, en las que la polémica transitó ampliamente. La carretera a Caldera, construida por Autopistas del Sol, generó denuncias de escasa supervisión. Posteriormente, Cacisa se incorporó en la labor de supervisión. Cacisa también fue incorporada a la supervisión de la trocha fronteriza desde febrero del 2012, y también participaron en la supervisión de la ruta Cañas-Liberia, ruta en la cual chocó con el Consejo Nacional de Vialidad porque supuestamente los planos del proyecto estaban incompletos.

Entonces ¿cómo se pide confianza, si experiencias recientes de carreteras remiten al escándalo y a una supervisión matizada por la polémica? ¿Cómo alegar que todo marcha sobre ruedas, si las sombras del pasado no sirvieron de experiencia para iluminar el modelo y recuperar credibilidad?

Por si fuera poco, el Organismo de Investigación Judicial allanó la sede del Consejo Nacional de Concesiones para secuestrar documentos del contrato, a petición de la Fiscalía de Probidad y Anticorrupción. Otra vez se remite a un pasado de escándalo aún tibio: recordemos que apenas en enero, la Fiscalía allanó Conavi para buscar pruebas por supuestas irregularidades en contratos de conservación vial. No es una situación inédita: en el 2009, el OIJ realizó varias visitas al Conavi con fines de investigación.

A esto su suma la avalancha de voces que cuestionan el proyecto. Está la oposición de vecinos y municipalidades, y de una oposición que puede avivar las denuncias con el calor de la precampaña electoral, pero que igual se fortalece cuando se suman clamores dentro del Partido Liberación Nacional. En las filas verdiblancas, pareciera que la consigna es evacuar las calles de esta concesión, desde su presidente Bernal Jiménez hasta el precandidato Johnny Araya, pasando por los expresidentes José María Figueres y Luis Alberto Monge... la realidad es que la presidenta Laura Chinchilla se está quedando muy sola en este tema, bajo la metralla de la oposición y sin aliados de peso.

Gran parte de este problema, entonces, es que la discusión dejó de apegarse a lo fáctico, y se convirtió en un asunto de fe. De imagen. De recuerdos. Y aquí, el Gobierno tiene todo para perder.

Con un ministro de Transportes que asesoró a la empresa que ahora hereda la concesión, la maniobrabilidad era casi nula. En ese sentido, retirar a Pedro Castro de la negociación resultó una medida inteligente, acaso tardía, pero que remite a una contradicción: que la negociación del principal conflicto de infraestructura del momento, no tiene al frente al titular de la respectiva cartera. Con todo, al menos hay una señal. Esto se suma a la decisión de detener momentáneamente el proceso, tras las protestas de la semana pasada. ¿Será suficiente para salir del estancamiento? Es poco probable, pero al menos evidencia que la administración busca cómo no seguir atascada en este caso.

Aún así, el camino es harto complicado. Con la amenaza de demandas millonarias en caso de buscar una rescisión del contrato, la posibilidad limitada de realizar adendas por otra parte (no se puede olvidar la complicada experiencia con la gestión interesada del aeropuerto Juan Santamaría) y una creciente desconfianza en contra de esta concesión, San Ramón se vuelve un destino cada vez más lejano. Y aunque la propuesta fuera adecuada en lo técnico y lo económico, y no existieran anomalías en su trámite, eso podría ser insuficiente para evitar que se convierta en una calle sin salida para la administración Chinchilla. Que la concesión no solo debe ser honesta; también debe parecerlo.

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Poli-tica Mario Bermúdez

Periodista. Fue redactor de la revista Rumbo (1990-1997) y el periódico La República (1997-2003) en los que incursionó en la cobertura de temas políticos. Ingresó a EF en noviembre del 2003, en la sección de Economía y Política. Actualmente es editor de Economía, Política y Tecnología.

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