El peligro de limitarse a correr ante la ingobernabilidad


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En medio del debate que se realiza sobre las medidas propuestas en el Informe de los Notables, hay un tema que debería analizarse con cuidado. Me refiero a la idea de que gran parte del problema de gobernabilidad del país se origina en que las decisiones políticas son muy lentas, particularmente las de la Asamblea Legislativa, por lo que las reformas deben orientarse a acelerar los procesos.

Particularmente, creo que hay aspectos que se deben mejorar en la eficiencia legislativa y en general de los cuerpos políticos, pero miraría con mucho recelo la solución de simplemente pisar el acelerador hasta el fondo. Asi, se proponen medidas como reducir los tiempos de la palabra en diputados, eliminar la consulta facultativa, poner plazas a proyectos, reformar el reglamento legislativo, entre otras, con el fin de recortar los plazos para la toma de decisiones. Las propuestas merecen analizarse, pero quisiera que en esta reflexión se incluyan tres elementos.

Lo primero es que no es cierto que todas las discusiones son eternas. El plazo promedio para la aprobación de un proyecto de ley son dos años y cuatro meses, según reportaba el Informe del Estado de la Nación XVII. No es expedito, pero tampoco es un plazo descabellado, dado que un expediente merece consultas y debate. El problema parece concentrarse, entonces, en la posibilidad de que un solo diputado, o una fracción, pueda detener indefinidamente un proyecto que no es de su agrado, asi que más que un asunto de velocidad, es un tema de evitar el bloqueo.

Un segundo aspecto es la preocupación con los defectos asociados al vértigo. Cuando quieren correr, los diputados suelen aumentar exponencialmente sus errores. A manera de ejemplo, podemos citar las reformas a la ley de tránsito, como repetidamente incurrieron en defectos que prácticamente obligaban a revisar la ley recién remozada. También podemos recordar como la ley contra la corrupción, en un afán de ser una respueta rápida a escándalos concretos, terminó por incorporar decisiones desproporcionadas y poco meditadas, como incluir dentro de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos el menaje de la casa y los servidores domésticos.

Esto me lleva a un tercer punto. A veces, la forma de acelerar procesos es desmantelar controles. Ahora molestan revisiones como los de la Sala IV a los proyectos, o el control previo de la Contraloría. Sin embargo, eliminar los controles para poder correr puede ser contraproducente. ¿Debemos recordar el caso de la trocha? ¿debemos recordar cuando el presidente José María Figueres intentó acelerar la asistencia social con un sistema más expedito, que terminó en el escándalo por los desvíos de dineros en Compensación Social? Más rápido no es sinónimo de más eficiente, sino de descuidado.

A esto quiero agregar que las consultas facultativas, por ejemplo, tienen éxito precisamente porque los diputados o en la mayoría de los casos, Casa Presidencial, han sido negligentes con los trámites y con temas de fondo. Es decir, el problema no es que la Sala IV paraliza proyectos, sino que quienes fabrican las normas suelen menospreciar el proceso y sus requisitos, porque solo les interesa el resultado.

Empero, estamos claros de que no se trata realizar una apología al tortuguismo, de pretender que lo lento es lo deseable, o garantía de excelencia. Se trata de tener claro que tampoco la celeridad es la solución a los problemas de la gobernabilidad. En la búsqueda de modernizar la gobernabilidad, deberíamos rescatar el concepto del equilibrio. Procesos realizados con mesura, diálogos y debates reales (no dar un tiempo para que los otros hablen sin siquiera tener la decencia de escuchar), plazos lógicos, votaciones que no son eternas ni relampagueantes. Que la ingobernabilidad no se resuelve a la carrera, y la democracia demanda su tiempo.

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Poli-tica Mario Bermúdez

Periodista. Fue redactor de la revista Rumbo (1990-1997) y el periódico La República (1997-2003) en los que incursionó en la cobertura de temas políticos. Ingresó a EF en noviembre del 2003, en la sección de Economía y Política. Actualmente es editor de Economía, Política y Tecnología.

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