La partida del ministro invisible que no apagó el incendio visible


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Fue uno de los ministerios creados por la presidenta Laura Chinchilla al inicio de su gestión, por lo que se supondría que sería uno de los protagonistas. Sin embargo, la cartera de Descentralización observa como luego de tres años de visibilidad casi nula, el ministro Juan Marín deja el cargo.

No se trata de un asunto de figuración. Un funcionario puede tener un perfil bajo y cumplir con sus objetivos. Sin embargo, en el caso de Marín, no solo tenía que abrir campo para la cultura de la descentralización en un país casi obsesionado con la centralización (población en la Gran Área Metropolitana es casi la mitad del país, y llegará a ser un 60% antes de 2030. Todo es un territorio que representa el 5% del país), sino que tenía entre sus manos un incendio que resolver: la obligación constitucional de trasladar recursos y competencias del Poder Ejecutivo a las municipalidades.

La reforma constitucional se aprobó en el 2001, y estableció que se debía trasladar el 10% de los ingresos ordinarios del Presupuesto del Gobierno a los gobiernos locales, pero que se les debían asignar qué competencias del Poder Ejecutivo se trasladarían a los municipios. Recién en el 2010 se logró la ley para regular esta disposición constitucional, que debía complementarse con siete leyes posteriores, a razón de un 1,5% de ingresos presupuestarios por norma, hasta completar el 10%. Según el presupuesto del 2013, estamos hablando de unos ¢96 mil millones por cada ley, que una vez finalizado el proceso de transferencias, deberían alcanzar unos ¢640 mil millones. No es una suma para minimizar.

Sin embargo, la polémica ha evitado que este proceso se consolide. La entonces ministra de Planificación Laura Alfaro alegó que habría contradicciones, por tener que transferir competencias nacionales a entes que solo tienen ámbito local, además de recalcar los enormes abismos entre municipalidades, que podrían afectar la prestación de servicios y el uso eficiente de los servicios. Además, el exministro de Competetitividad Jorge Woodbridge agregó el tema de que hay competencias que no se pueden trasladar, como en educación, salud y aspectos fiscales, lo que complica el panorama. Woodbridge incluso presentó una acción de inconstitucionalidad que la Sala IV rechazó recién en enero de este año.

Así que no se trata solo de un asunto de descentralizar o no, sino que hay aspectos técnicos, legales y políticos que complican esta decisión que, sin embargo, es ley y norma constitucional. Un incendio que el Gobierno no ha logrado apagar, al punto de que la primera de las leyes para trasladar competencias, el proyecto 18.001, que procuraba traspasar la responsabilidad por cuidar la red cantonal, dormita en la comisión de asuntos municipales en la Asamblea Legislativa, en el puesto 52 de una agenda de 67. Y no está finiquitado: el ministro de Planificación Roberto Gallardo advertía en enero que este proyecto requería de un texto sustitutivo.

Este incendio está lejos de estar apagado. Sin embargo, Juan Marín no logró llevarlo a los primeros planos del debate nacional. El exalcalde de Hojancha se retira luego de tres años de gestión y alega que cumplió sus objetivos, en los que cita sacar al IFAM de las pérdidas y lograr un superávit. Sin embargo, pareciera que se requería de lograr más visibilidad para estos debates de la descentralización, que en el inicio del Gobierno prometían protagonismo y a casi diez meses de finalizar la administración, todavía están ardiendo.

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Poli-tica Mario Bermúdez

Periodista. Fue redactor de la revista Rumbo (1990-1997) y el periódico La República (1997-2003) en los que incursionó en la cobertura de temas políticos. Ingresó a EF en noviembre del 2003, en la sección de Economía y Política. Actualmente es editor de Economía, Política y Tecnología.

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