Cuando el poder ciudadano doblega al Gobierno. Apuntes del colapso de la concesión a San Ramón


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Luego de un mes de hermética defensa de la concesión para ampliar la vía San José-San Ramón, el Gobierno ha tenido que optar por un repliegue sin condiciones y por tratar de minimizar las pérdidas por el desastre, ante lo que era un proyecto bacheado de dudas y que había perdido la viabilidad política. Sin embargo, más allá de los cabos sueltos que aún quedan, hay que empezar a entresacar las lecciones de este colapso, en el que destaca un nuevo capítulo del poder ciudadano doblegando un acto que el Gobierno había concedido.

El poder ciudadano está logrando cada vez hacerse sentir más, doblar al poder político y obligar a Gobiernos a retiradas costosas. En ese sentido, marzo y abril se han vuelto meses complicados para los gobernantes. El 24 de abril de 1970 fueron las movilizaciones estudiantiles para protestar contra el contrato de Alcoa, aprobado en la Asamblea Legislativa. Y en marzo y abril del 2000, se dieron las protestas en todo el país por la aprobación del combo del ICE en la Asamblea Legislativa. En ambos casos, se trató del rechazo popular a acciones que el Gobierno impulsó y logró aprobación política, pero que luego no se pudieron concretar. Como el caso de la concesión para San Ramón, que ya tenía el aval del MOPT, Concesiones, Aresep (por declararse incompetente) y hasta la Contraloría.

Esto nos recuerda que, cada vez más, al Gobierno no le basta con lograr los pasos que la institucionalidad demanda. La democracia costarricense es cada vez más complicada que eso, se requiere de grados de legitimidad que son escasos. No basta con permisos y trámites, que en muchos casos se realizan a espaldas de la gente, en círculos cerrados. Se deben oxigenar las grandes decisiones, particularmente si afectan a muchos. Y si las explicaciones no son convincentes... bueno, es mejor un retiro ordenado, que una desbandada obligada.

También hay llamados de atención que atender con urgencia. La actuación de Aresep, de la Contraloría, del MOPT y del Consejo de Conseciones debe revisarse, porque en lugar de disipar dudas y ofrecer confianza, sus actuaciones se prestaron para la polémica. Si la concesión no tenía ilegalidades, anularla remitirá al pago de indemnizaciones. Y si tenía anomalías que permitan justificar la anulación del contrato, entonces hay que preguntarse cómo fue que pasaron el tamiz de estas entidades. ¿Tiempo de revisar el MOPT, los Consejos de Vialidad y Concesiones, Aresep, la Contraloría?

Especial atención merece el tema de los controles. La mayoría de las reformas que piden gobernabilidad alegan que hay exceso de trámites en esta materia y se pide eliminarlos, pero estas situaciones sugieren lo contrario. Muchos controles no detectaron situaciones que merecían aclararse, por lo que pareciera que hay controles que sobran, y hay otros que hacen falta. Un debate que se debe plantear con seriedad y sin prejuicios.

Urge revisar el manejo de la concesión. De parte del gobierno, es inaceptable los problemas en expropiaciones y arranque, pero también en una fiscalización que luce débil, inoportuna y con autoridad escasa. La legislación para concesionar se ha vuelo un tema recurrente: la ley de 1994 requirió una reforma en 1998 para dejarla "a prueba de balas", según dijeron entonces, pero luego requirió otra en 2006... que todavía parece haberse quedado corta. Mas allá de un tema de ley, pareciera que hay problemas de fondo que deberán resolverse para que esta herramienta necesaria funcione adecuadamente.

Y hay un tema de fondo. De Alcoa al combo pasaron 30 años, pero del combo a San Ramón solo pasaron 13 años. La ciudadanía se aleja de estructuras formales como partidos políticos y las instituciones estatales. Hay una peligrosa pérdida de confianza, que va más allá del dirigente político, del partido político o del gobernante de turno, y se vuelve estructural. Ojo, mucho ojo con eso. Hay que recuperar la confianza de los ciudadanos en la institucionalidad.

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Poli-tica Mario Bermúdez

Periodista. Fue redactor de la revista Rumbo (1990-1997) y el periódico La República (1997-2003) en los que incursionó en la cobertura de temas políticos. Ingresó a EF en noviembre del 2003, en la sección de Economía y Política. Actualmente es editor de Economía, Política y Tecnología.

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