Gobierno de Laura Chinchilla, atascado en la trocha


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La entrega del informe de la comisión legislativa que investigó la trocha fronteriza vuelve a poner a la defensiva a la administración de la presidenta Laura Chinchilla y obliga a repensar algunas de las soluciones que se quieren dar a los problemas políticos del país.

Por el momento no voy a entrar al tema de la responsabilidad política (o debería decir, de tratar de traspasar a otro la responsabilidad como pelota), por lo que no voy a referirme a si están justificadas o no la solicitud del PAC y el Movimiento Libertario de solicitar sanciones contra el ministro René Castro, el viceministro Mauricio Boraschi y la presidenta de la Comisión Nacional de Emergencias Vanessa Rosales, y el vicepresidente Luis Liberman. Solo apuntaré en este aspecto que se debe poner sobre el tapete el tema del control político que cada vez se diluye más en el país, independientemente de si es excesivo o acertado.

Empero, la Presidenta está contra la pared, y particularmente por el hecho de que la trocha era una obra que su administración consideró prioritaria, y que declaró como emergencia para agilizarla. Si era una prioridad de alto nivel ¿Dónde quedaron los controles de alto nivel? ¿Dónde están los responsables, más allá de un ministro de Transportes, que precisamente comunicó a Chinchilla que había problemas con la ejecución de la obra? ¿O las prioridades de la administración Chinchilla son huérfanas, se hacen sin seguimiento ni responsables de peso?

Esto vuelve a plantear un tema que no es menor: actualmente se busca declarar emergencias y procedimientos expeditos para eliminar controles, porque se alega que las obras son muy lentas y no se hacen o se retrasan por los trámites excesivos. Pero cuando se dan esos procedimientos expeditos, suelen presentarse problemas por la falta de controles, precisamente. Repasemos una lista rápida: las reformas en casos como el Fondo de Emergencias, el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), la Dirección General de Aviación Civil, el Banco Anglo... solo son algunos casos con esta premisa: se realizan ajustes para agilizar, pero al final, se terminan debilitando controles y abriendo la puerta a los desvíos de recursos.

Y  voy a otro tema, vinculado con este concepto. Justo la semana anterior, el Poder Ejecutivo anunció reformas a la ejecución del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) para tratar de agilizarlo. Eso está muy bien: los recursos no tienen valor si están atascados en la burocracia, pero que no se olviden las lecciones del pasado: cambiar para correr, buscar atajos para realizar obras que luego se lucirán cual medallas, es una idea peligrosa.

E insisto, como mencioné en un post anterior del blog, me preocupa que algunas de las reformas que se piden, incluso entre las recomendaciones de los Notables, pareciera que le apuestan a correr ante la ingobernabilidad. Esto no quiere decir que los controles deben ser intocables, ni que los trámites eternos son sinónimo de excelencia. Quiere decir que no se debe pasar a la tergiversación de pensar que desmentelar controles, a lo loco, es la reforma de Estado que el país requiere. Y tratar de impulsarla a la carrera, al final de la administración, es una receta segura para atascarse aun más en el lodo.

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Poli-tica Mario Bermúdez

Periodista. Fue redactor de la revista Rumbo (1990-1997) y el periódico La República (1997-2003) en los que incursionó en la cobertura de temas políticos. Ingresó a EF en noviembre del 2003, en la sección de Economía y Política. Actualmente es editor de Economía, Política y Tecnología.

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