Por:  7 abril, 2015

Ha sido uno de los episodios más extraños que nos ha regalado esta atropellada administración. Se podría catalogar como una novatada, pero eso sería darle el beneficio de la duda al gobierno. Muy probablemente se trató de una intentona absurda, pero muy peligrosa, por limitar como nunca antes la libertad de prensa en Costa Rica.

La periodista Any Pérez ha hecho un trabajo magnífico en recabar toda la secuencia de hechos alrededor de la discusión sobre iniciativas legislativas que afectan la libertad de prensa. Lo que sabemos sobre este último caso es lo siguiente:

El Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT) hizo público hace más de un mes el borrador de un proyecto de ley que vendría a sustituir la Ley de Radio de 1954. De inmediato, algunos actores políticos y sociales advirtieron que el proyecto atentaba contra los medios de comunicación radiales y televisivos, al poner restricciones de contenido y establecer fuertes sanciones. El gobierno y otras voces oficialistas negaron que este fuera el caso.

Anoche Telenoticias y hoy La Nación salieron con sendas notas especificando cómo efectivamente el anteproyecto de ley faculta al MICIT a revocar frecuencias por, inter alia, la acumulación de dos "infracciones graves" en el lapso de un año. Dentro de las faltas graves se encuentran (artículo 68): 1- "La transmisión o circulación de noticias falsas, seriales o llamadas de alarma sin fundamento", 2.- "El uso de lenguaje vulgar o contrario a las buenas costumbres", 3.- "Usar lenguaje injurioso que perjudique el honor o integridad de las personas" y 4.- "La transmisión de mensajes publicitarios sin la debida autorización de los entes gubernamentales que dispone la normativa atinente".

Consultados por ambos medios, tanto la ministra como el viceministro del MICIT defendieron en un primer momento los alcances del anteproyecto. La ministra Gisela Kopper dijo que la facultad que tendría su ministerio para cerrar medios no constituía una "ley mordaza", sino que "es más un asunto de ética, de asegurar la ética en toda la función pública y la función de transmisión de cualquier noticia". El viceministro Allan Ruíz dijo sin tapujos que "Por supuesto que sí. El texto sí pone en discusión la libertad de expresión y prensa".

Hoy, ante la fuerte reacción negativa al anteproyecto de ley, ambos jerarcas salieron a desmarcarse del mismo diciendo que se trataba simplemente de un borrador que pusieron para "tener una discusión" con los diferentes sectores. Afirmaron, además, que el proyecto que presentarán a la Asamblea Legislativa no contendrá nada referente a control de contenido. Pero lo cierto es que hasta ayer ambos jerarcas parecían no tener problemas con el carácter represivo del anteproyecto.

Es cierto lo que dice el viceministro, la ley vigente ya contempla como una falta sancionable (art. 17): 1.- "La transmisión o circulación de noticias falsas, señales o llamadas de alarma sin fundamento", 2.- "El uso de lenguaje vulgar o contrario a las buenas costumbres" y 3.- "Usar lenguaje injurioso que perjudique el honor e intereses personales". Ruíz dice que el MICIT lo único que hizo fue poner sobre la mesa lo que ya está en la ley actual para que sirviera de marco de discusión. Pero claramente hubo revisiones. Por ejemplo, el enigmático término "seriales" fue incluído dentro de la falta sobre circulación de noticias falsas. El texto sobre lenguaje injurioso también fue revisado. La infracción sobre la transmisión de mensajes publicitarios sin la debida autorización gubernamental no se encuentra en la ley actual. En la legislación se cita como infracción "Proporcionar informes al enemigo en caso de guerra", algo que no está en el borrador del MICIT. Es decir, sí hubo revisiones y ediciones claras al texto de 1954.

La ley vigente establece sanciones para los medios que incurran en esas infracciones, las cuales incluyen, de manera escalonada, multas económicas y suspensiones de quince días, un mes y hasta seis meses en las concesiones en caso de reincidencia (art 23). Sin embargo, señala que "serán competentes los Alcaldes de lo Penal" en definir si hubo violaciones a lo establecido en la sección de infracciones. Es decir, deja en manos del Poder Judicial la decisión final sobre si hubo delito o no. En el anteproyecto del MICIT, este ministerio se convierte en el juez. No solo eso, también se estipula la revocación definitiva de una frecuencia en el simple caso de que un medio haya cometido dos faltas graves en el período de un año.

El anteproyecto del MICIT, que no es siquiera un proyecto de ley formal, nunca tuvo chance alguno de convertirse en ley. Costa Rica no es Venezuela ni Ecuador. ¡Hasta el Frente Amplio ha salido a denunciar los alcances del texto! Entonces queda la duda: ¿qué es lo que pretendía? ¿Cuál era el propósito de poner eso ahí si no había chance alguno de que llegara a aprobarse y más bien iba a mancillar irremediablemente la imagen del gobierno? ¿Son tan torpes en el Poder Ejecutivo?

El presidente Luis Guillermo Solís no ha dicho nada aún sobre lo que estaban cocinando sus subordinados en el MICIT. Pero en las semanas previas a la publicación del anteproyecto, Solís venía manejando una retórica bastante hostil hacia los medios de comunicación. En el programa "Hablando Claro" de Vilma Ibarra, el presidente se refirió a los medios como "poderes fácticos que gobiernan desde las sombras con una comodidad espeluznante..." (minuto 21 del audio). También, Solís dijo que si un medio no "ejerce su papel con equilibrio, con mesura, sentido de la responsabilidad... no son medios que construyen democracia sino que la socavan" (min. 5). El presidente además había hablado de la necesidad de un debate nacional sobre la "ética de la prensa", un elemento esbozado por su ministra para justificar la facultad que se quería arrojar para poder cerrar medios de comunicación.

El presidente Solís probablemente ni siquiera estableció los alcances del anteproyecto del MICIT, pero ciertamente contribuyó con el relato de que "había que hacer algo" con los medios.

En resumen, mi lectura de los hechos es que hubo una intención evidente de algunos elementos dentro del MICIT por controlar los contenidos de los medios de comunicación, dándole garras a lo que ya establece la Ley de Radio. No sé en qué país creyeron estar, pero estos funcionarios pensaron que algo así no iba a crear revuelo. El viceministro Ruíz no pudo decirlo más claro: "El texto sí pone en discusión la libertad de prensa". Esa intención de "poner en discusión" un derecho fundamental de los costarricenses es razón suficiente para que el presidente Solís le pida su renuncia inmediata. Con la libertad de prensa no se juega.

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