EscucharEl ministro de Relaciones Exteriores, Enrique Castillo, contestó esta semana en la versión impresa de El Financiero mi comentario sobre la actuación precipitada e irresponsable de la Cancillería alrededor del juicio político que culminó con la remoción de Fernando Lugo como presidente de Paraguay. En su respuesta, Castillo denota que en los pocos meses que ha estado como ministro ha aprendido rápidamente las artes de la administración Chinchilla de tratar a la gente como si fuera tonta, además de la arrogancia propia de este gobierno de no reconocer errores por más patentes que sean.
En primer lugar, Castillo señala que no es cierto que se le ofreciera asilo político a Lugo como se reportó en diversos medios de comunicación. Según el canciller, lo que se manifestó en ese momento era que Costa Rica estaba en la mejor disposición de considerar una solicitud de asilo político en caso de que Lugo formulara una petición en ese sentido. En otras palabras, no se invitó a Lugo a que viniera al país como asilado, pero se le dijo que si quería venir sería bienvenido. ¿Acaso piensa el canciller Castillo que vamos a creernos que para efectos prácticos no se trata de la misma cosa? Lo cierto es que hacer siquiera la insinuación de asilo politico a Lugo, quien no enfrenta ningún tipo de proceso judicial o persecución en Paraguay y se mueve a sus anchas por el país ejerciendo plenamente sus derechos civiles y políticos, fue una tremenda pifia diplomática. Peor aún, en la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno del 10 de julio, el ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, reiteró que seguía en pie “la oferta de asilo político a Lugo”. Ahora Castillo quiere maquillar el exabrupto con un juego de palabras, pero lo cierto es que el ofrecimiento fue claro (y torpe).
Más adelante, Castillo defiende la condena que emitió el gobierno costarricense a la remoción de Lugo, pero curiosamente se abstiene de utilizar el mismo lenguaje contenido en su declaración inicial, cuando dijo que el procedimiento utilizado por el Congreso paraguayo “muestra indicios de golpe de Estado”. Fueron palabras gruesas las del canciller costarricense al equiparar un procedimiento claramente establecido en el artículo 225 de la Constitución de Paraguay con un rompimiento del orden constitucional (definición de “golpe de Estado”). De hecho hasta la OEA luego determinaría que no hubo golpe de Estado en Paraguay, lo cual revela que la declaración inicial del canciller utilizando dicho término fue temeraria e irresponsable.
Castillo defiende la condena diplomática a la remoción de Lugo amparándose nuevamente en la supuesta falta del debido proceso. Lo cierto es que durante el juicio político se le otorgó a Lugo su derecho a la defensa, el cual ejerció durante dos horas (el mismo tiempo que se le dio a la parte acusatoria). Castillo resta méritos a la diferencia entre un juicio judicial y uno político, pero la realidad es que no importa cuánto tiempo se le otorgara a Lugo para su defensa, el veredicto (político) ya estaba dado: iba a ser removido. La Corte Constitucional de Paraguay ratificó la naturaleza especial del procedimiento utilizado contra Lugo al señalar que “no es un juicio ordinario” y hasta citó en su fallo a un libro de Derecho Constitucional escrito por uno de los abogados defensores de Lugo para defender el proceso:
“Pretender equipararlo (el juicio político) a un proceso judicial es desconocer la naturaleza misma del juicio político, además de constituir una perversión inadmisible del principio de responsabilidad política, esencial e inherente a la democracia misma. Lo que debe garantizarse a una persona sometida a juicio político es que pueda ejercer su defensa dentro de un juicio político y no dentro de un proceso judicial, que se rige por otras normas muy diferentes”.
¿Será que Castillo pretende conocer mejor el espíritu y letra de la Constitución paraguaya que la misma Corte Constitucional de ese país? Cabe señalar que diversos asambleístas constituyentes que estuvieron a cargo de la redacción de dicha carta magna también han salido en defensa de la manera en que se condujo el juicio político.
Claramente las declaraciones iniciales del canciller Castillo, insinuando que hubo golpe de Estado en Paraguay y ofreciendo asilo político a Fernando Lugo, fueron una tremenda pifia diplomática que ahora quiere disimular. El que muestre extrañeza por mi crítica y diga que más bien lo debí haber felicitado es prueba fehaciente que el canciller ya probó el Kool-Aid que beben todos los días en Zapote.
