EscucharPasado el pan y circo de la inauguración de la campaña presidencial de Johnny Araya los Juegos Centroamericanos (que casi termina en un incendio al mejor estilo de Roma en los tiempos de Nerón), el país no debería restarle importancia a la gravedad del patrocionio gubernamental al Congreso de Biotética que inicia el próximo jueves y donde destaca la participación de un orador que afirma que la homosexualidad es una "enfermedad que puede ser curada".
Empecemos por lo básico: Costa Rica debe ser un país donde ante todo prevalezca la libertad de expresión, aún cuando se trate de manifestaciones que encontremos repugnantes. Es un principio básico de una República liberal. De ahí que las presentaciones del Dr. Jokin de Irala, incluyendo una titulada "Comprendiendo la homosexualidad hoy", deben respetarse dentro del marco de dicha libertad constitucional.
El problema no radica ahí, sino en que la administración Chinchilla haya declarado de "interés público" el susodicho Congreso de Biotética, y con dicha declaratoria esté facilitando recursos públicos a su realización. Sobra explicar que bajo ninguna circunstancia se justifica que el Estado patrocine o apoye de cualquier forma un foro donde se ventilen opiniones discriminatorias contra una minoría. ¿En qué está pensando la presidenta Chinchilla?
Como siempre con este gobierno, nos vemos enfrentados a la duda de si se trata de mala intención o simple ineptitud. Ante las protestas bien fundamentadas del porqué la administración Chinchilla declaró de "interés público" este evento, la ministra de Salud afirmó que la declaratoria se dio sin conocer los contenidos de las charlas. Queda avisado entonces el Kux Kux Klan si algún día deciden hacer su próximo Congreso en Costa Rica con patrocinio gubernamental.
No obstante, habiendo sido enterada de la situación sobre el doctor que "cura la homosexualidad" y habiendo recibido una solicitud de la Sala IV pidiendo explicaciones del porqué la declaratoria de "interés público" a este evento, la presidenta Chinchilla, en un típico acto de arrogancia, ha decidido defender el apoyo estatal a esta actividad. ¿Por qué no mejor hacer lo decente y rescindir la declaratoria de "interés público"?
La búsqueda por la igualdad de derechos y el fin de la discriminación a la comunidad LGTB es la lucha de derechos civiles de nuestra generación. El papel de la administración Chinchilla hasta ahora había sido reprobable. No solo la presidenta ha dicho en repetidas ocasiones que los proyectos que buscan legalizar las sociedades de convivencia de las parejas del mismo sexo no son prioridad, sino que, en un acto de maquiavelismo político, el partido de gobierno dio sus votos para que un homófobo por excelencia, Justo Orozco, presidiera la Comisión de Derechos Humanos que estudiaba dichos proyectos, a sabiendas que Orozco lo primero que haría sería enterrar dichos proyectos.
Con la declaratoria de "interés público" a un congreso donde se ventilarán opiniones abiertamente homofóbicas ―¿qué más se puede decir de tratar a la comunidad LGTB de "enfermos" ―la presidenta ha cruzado la línea de la simple indiferencia en un tema trascendental para nuestros tiempos y ha ubicado a su gobierno en el bando que discrimina a una minoría que busca la igualdad.
En unas décadas, cuando la gente vuelva a ver atrás y lea sobre la lucha por la igualdad de derechos de la comunidad LGTB en Costa Rica, recordará que la administración Chinchilla no solo obtaculizó la marcha por la igualdad, sino que abiertamiente se alió con homófobos que ven en la comunidad LGTB a "enfermos" que pueden ser curados. Que la historia sea implacable en su juicio a la presidenta Chinchilla.
