EscucharEn tiempos del Mundial es difícil seguirle la pista a las discusiones de política pública. ¿Quién quiere prestarle atención a la Asamblea Legislativa cuando la Sele está en cuartos de final? Sin embargo, hay que permanecer atentos porque fácilmente nos pueden meter un golazo como el del colombiano James Rodríguez contra los charrúas. Y un ejemplo de eso son dos proyectos de ley que se encuentran en comisión legislativa que tendrían un impacto nefasto para el futuro tecnológico del país.
Los proyectos, ocurrencias de diputados de varias fracciones de la Asamblea Legislativa pasada*, pretenden establecer que toda persona que trabaje como técnico en informática o computación debe estar incorporada al Colegio de Profesionales de Informática y Computación (CPIC). Si usted no está afiliado a dicho ente, no podría trabajar como informático. Pero la cosa no queda ahí: uno de los proyectos contempla establecer una pena de CÁRCEL de tres meses a dos años a quien ose trabajar como informático sin haber sido habilitado por el CPIC.
La obligatoriedad en la inscripción a colegios profesionales es una afrenta a la libertad de trabajo y asociación en Costa Rica. Estos grupos actúan como carteles que pretenden limitar la oferta de servicios profesionales en el país. Profesionales de diversas ramas se ven obligados a pagar cuotas mensuales a estos colegios para que los dejen trabajar en paz. Peor aún, en algunas ramas los colegios sirven para tratar de establecer monopolios profesionales sobre ciertas ocupaciones donde la versatilidad de conocimientos es la regla. Por ejemplo, el Colegio de Periodistas ha tratado continuamente de prohibir que profesionales de otras ramas que no sean graduados de la carrera de Ciencias de la Comunicación trabajen en medios como periodistas. (Mi amigo Alejandro Fernández de El Financiero, graduado como abogado, ha librado una batalla contra el Colegio de Periodistas por este hecho).
Quizás no hay un área ocupacional donde la obligatoriedad a un colegio profesional resulte tan absurda —y potencialmente nefasta— como en la informática y la computación. Si bien muchas universidades en el país brindan esta carrera, la realidad es que miles de costarricenses se desempeñan exitosamente en el ramo sin tener un título universitario. La informática y la computación son ocupaciones donde la información y las destrezas se desarrollan libremente sin que uno necesite un bendito cartón guindando de la pared. Todo lo que una persona requiere para descollar profesionalmente en este ramo es un ordenador y mucha creatividad e ingenio. ¿Acaso Bill Gates, fundador de Microsoft, tiene un título universitario como informático? ¿O Steve Jobs de Apple (quien de hecho estudió caligrafía), o Mark Zuckerberg de Facebook? ¿Qué sería de Silicon Valley en Estados Unidos si existiera en ese país una ley como esta?
En Costa Rica muchos informáticos, cuyo desempeño laboral satisface por completo a las empresas que los contratan, no cuentan con un título universitario que los acredite como tal pero han completado cursos profesionales de empresas como Oracle, Cisco, Zend, etc. Estas certificaciones son altamente cotizadas y pagadas, algunas incluso más que las carreras universitarias. En otras palabras: no hay un monopolio en el conocimiento como para pretender que solo graduados universitarios saben cómo ejercer la ocupación. Más aún, muchos jóvenes que apenas se encuentran estudiando la carrera no podrían desarrollar proyectos comerciales hasta tener el título y estar afiliados al CPIC. Veámos el ejemplo de José Pablo Cayasso, hijo del exmundialista Juan Cayasso, quien junto con otros amigos crearon un juego de iPhone que utiliza GPS. Los muchachos llamaron la atención de inversionistas y ahora están en Nueva York desarrollando exitosamente otro proyecto de presentaciones web. De haber estado en vigencia estos proyectos de ley, en lugar de la Gran Manzana, Cayasso y sus amigos estarían en San Sebastián.
Los proyectos de marras también tendrían un terrible impacto sobre la competitividad del país. Muchas empresas, nacionales y extranjeras, pequeñas, medianas y grandes, contratan a informáticos que no cuentan con grado universitario. Actualmente se estima que 20.000 personas trabajan como informáticos en el país, pero solo 6.400 están colegiadas al CPIC. El objetivo principal de la ley es sacar del mercado laboral a quienes no cuentan con título profesional. Esto crearía una escasez de mano de obra calificada en el ramo que tendría un serio impacto sobre los costos de las empresas que operan en Costa Rica. No nos sorprendamos que, una vez establecida la obligatoriedad a inscribirse al CPIP, este imponga tasas obligatorias de cobro entre sus afiliados. El objetivo siempre es reducir la competencia para que los incompetentes puedan sobrevivir en el mercado laboral.
Afortunadamente, la comunidad de informáticos de Costa Rica se está movilizando para combatir los proyectos de ley, ya han creado un grupo en Facebook para coordinar sus acciones y están logrando generar un frente común. ¡Viva el orden espontáneo! Esperemos que el sentido común prevalezca en esta Asamblea Legislativa y dichas iniciativas sean archivadas con premura. Pero ojalá la lección quede presente de cómo, todos los días, grupos de interés parasitarios buscan utilizar la fuerza coercitiva del Estado (incluso llegando a la amenaza de cárcel) con tal violentar la libertad de asociación de las personas y encarecer el costo de vida a todos los demás.
* Para el récord, los diputados de la Asamblea Legislativa pasada proponentes de semejantes ocurrencias fueron Siany Villalobos, Ileana Brenes y Jorge Arturo Rojas (PLN), José Roberto Rodríguez, Carlos Góngora y Luis Alberto Rojas (PUSC), Manuel Hernández y Ernesto Chavarría (ML), y Víctor Emilio Granados, Rita Chaves y Martín Monestel (PASE).
