El curso lectivo arrancó esta semana bajo la misma tonica de años anteriores: ilusiones y nerviosismo de los estudiantes, políticos recalcando cuánto han aumentado el presupuesto del MEP e historias en los medios sobre las enormes deficiencias que persisten en la infraestructura de escuelas y colegios. Sin embargo, el presidente Luis Guillermo Solís rompió el molde en su discurso de inauguración al proponer que se realicen pruebas de evaluación a los docentes: “No puede enseñar bien quien no sabe lo que enseña", dijo el mandatario. Como era de esperarse, el llamado recibió una feroz respuesta de los sindicatos.
El presidente está en lo correcto y debería seguir adelante con su propuesta. Pero para eso la administración Solís Rivera debe tener claro que no puede tratar de consensuar esto con la ANDE, la SEC o la APSE. Los líderes de estas organizaciones sindicales salieron a rechazar de tajo el plantamiento presidencial señalando que "equivale a una novela de terror", "es una ofensa" o que estas pruebas "afectan la psicología del docente". Curiosamente, un sondeo entre maestros y profesores realizado por La Nación reveló que la mayoría está a favor de participar en evaluaciones. Así que la resistencia parece venir de cúpulas gremiales y no de los educadores en sí.
Y es que si los sindicatos tuvieran razón al afirmar que las pruebas de conocimiento afectan la psicología y estabilidad emocional de los docentes, siendo estos adultos con títulos universitarios, imaginemos entonces el impacto terrible que tienen los exámenes que estos mismos profesores imparten a sus alumnos que apenas son niños y adolescentes.
La propuesta del presidente Solís tiene mucho asidero puesto que en el pasado reciente se ha documentado que el MEP contrata a ciegas a maestros y profesores. Con solo tener un título universitario, sin tener que demostrar mayor aptitud o conocimiento sobre la materia que aspira a enseñar, una persona es contratada para ser docente en el sistema educativo estatal.
Y hay serias razones para preocuparse. Solo una vez, en el 2010, el MEP pudo hacer algún tipo de prueba sobre el conocimiento de los profesores en dos materias, matemática e inglés. Los resultados fueron alarmantes: un 48% de los educadores de matemática fallaron en responder preguntas de nivel de bachillerato y un 38% de los profesores de inglés se ubicaron en los peores niveles. Hay claros indicios de que un gran porcentaje de los maestros a cargo de la educación de nuestros niños y jóvenes no cuenta con las calificaciones para el trabajo.
Todo esto ocurre en el contexto de un aumento impresionante del 145% en términos reales (es decir, ajustado a la inflación) en el presupuesto educativo del 2006 al 2015. Y mientras el gasto del MEP crece en términos astronómicos, un informe de la UNESCO revela que en el período del 2006 al 2013 la calidad de la educación primaria empeoró en el país. Es decir, gastamos más pero obtenemos peores resultados. Si estamos destinando muchísima más plata en el MEP, y el 60% del presupuesto del ministerio se va en pago de salarios, resulta racional pedir controles para ver si el dinero se está empleando bien.
Ojalá el presidente Solís ponga sobre la mesa una propuesta concreta sobre evaluación de maestros. En el mundo ideal, dicho plan establecería que un docente que falle una prueba debe someterse a un curso de capacitación en la materia. Y si reprueba tres veces consecutivas, perdería su plaza. Además, los resultados de estos diagnósticos deberían ser públicos, por lo menos a nivel institucional. De tal forma, los padres de familia pueden saber cuáles escuelas y colegios cuentan con los mejores niveles de calidad docente, y presionar si las pruebas indican un deterioro en el desempeño docente de un centro educativo dado.
¿Suena todo esto insensato?