Vicisitudes del cementazo


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Escribir sobre el cementazo a estas alturas parecería llover sobre mojado. Las hipótesis y versiones sobre posibles confabulaciones van y vienen y desenmarañar a los actores y sus relaciones se vuelve cada vez más complicado. El economista Eli Feinzaig ha hecho un organigrama del caso que rápidamente ha quedado desactualizado por las revelaciones que salen todos los días. Pero de lo que no queda duda es que estamos ante un hecho altamente irregular –posiblemente criminal– que ya está haciendo trizas el legado de la administración Solís Rivera. 

Sobre todo lo que se ha dicho, me gustaría agregar unas cuentas observaciones:

¿Liberales conversos? Uno puede intuir que hay algo extremadamente irregular con el cementazo cuando escucha a Luis Guillermo Solís y a su "Rasputín" Mariano Figueres asegurar que promovieron la apertura del mercado del cemento porque creen en la competencia y en beneficiar a los consumidores. ¿De qué nos perdimos? Este es el mismo presidente que duplicó el arancel al arroz para favorecer a un puñado de industriales de Conarroz a expensas de los consumidores más pobres. Este es el mismo gobierno que, ante un estudio del MEIC que indicaba que las importaciones de azúcar brasileño estaban disminuyendo el precio de ese producto en el mercado nacional, decidió meterle aranceles antidumping para favorecer al oligopolio de LAICA –tras una reunión con sus representantes en Casa Presidencial–. Esta es la misma administración que prohibió las importaciones de aguacate mexicano haciendo de esa fruta un producto de lujo en la mesa de los costarricenses. Y este es el mismo mandatario que ha lanzado una campaña de persecución contra Uber por ofrecer un servicio que la gente prefiere sobre los taxis rojos. Una y otra vez este gobierno ha buscado limitar la competencia, nunca ampliarla. Su prioridad jamás han sido los consumidores. Por eso levanta muchas sospechas el interés repentino que ahora muestra el presidente por abrir un mercado.

Libre mercado versus mercantilismo: Nadie disputa que el mercado del cemento en Costa Rica estaba secuestrado por un poderoso duopolio que a lo largo de los años había movido sus tentáculos políticos para impedir la competencia. Y no me queda duda que detrás de este escándalo hay un interés de las dos empresas otrora dueñas del mercado para atacar la apertura. Eliminar las trabas y regulaciones absurdas que impedían la importación de cemento era lo correcto. Pero aquí no estamos ante una apertura liberal del mercado. Estamos ante una desregulación y acomodo de intereses –préstamo de banca estatal incluído– a la hechura de un empresario particular, quien fue recibido nada menos que seis veces en Casa Presidencial. Eso no es libre mercado, es mercantilismo puro y simple. 

La izquierda mercantilista: Como lo vimos en Brasil con Lula y el Partido de los Trabajadores –hacia los cuales en su momento Luis Guillermo Solís expresó muchísima admiración– la izquierda que representa este gobierno no busca destruir a la empresa privada, sino someterla, extraerle favores y hacer negocios con ella. Esta izquierda mercantilista busca una relación simbiótica del empresariado con el gobierno, en donde el Estado brinda créditos, regulaciones y facilidades ad hoc a cambio de favores de esos empresarios hacia los tomadores de decisiones –o traficantes de influencias–. En el caso del cementazo, esos favores y sus traficantes empiezan a hacerse aparentes. "Economía social solidaria" le llaman...

¿Dónde quedaron los arcángeles? Detrás de todo el escándalo hay una lección sobre filosofía política. El PAC se presentó originalmente al electorado enarbolando la bandera de la ética y la transparencia. Ideológicamente no se distinguía mucho del PLN –de donde provenían la mayoría de sus figuras–, por lo que su mensaje básicamente consistía en que el aparato estatal era despilfarrador e ineficiente únicamente porque estaba manejado por un grupo de vivazos y corruptos. Todo lo que se requería para solucionar los problemas del país era ética, mística y acción ciudadana. Hoy no solo vemos que el Estado sigue igual de despilfarrador e ineficiente bajo un gobierno del PAC –o peor–, sino que la corrupción y el tráfico de influencias también continúan –aunque ahora se les llame "errores administrativos" u "omisiones"–. ¿Qué otra cosa podíamos esperar? Cuando tenemos un Estado elefantíasico y todopoderoso que a diario escoge ganadores y perdedores, hay que ser muy ingenuo para pensar que las personas que lleguen a ejercer cargos de poder –ya sea en ministerios, instituciones autónomas, juntas directivas de bancos, etc.– van a ser incorruptibles. El mensaje electoral del PAC siempre fue una venta de humo.

El espeluznante Mariano Figueres: Cuando Mariano Figueres fue anunciado como director de la DIS, califiqué su nombramiento de "espeluznante". El tiempo ha comprobado mis temores. No solo hemos visto cómo el jerarca de la policía política se ha convertido en una de las figuras más poderosas del gobierno, sino que en este caso del cementazo ha salido una y otra vez mencionado como una de las fichas claves detrás del turbio negocio del cemento chino, al punto de haber participado en la decisión de colocar a un amigo personal como gerente del Banco de Costa Rica. Peor aún, en la conferencia que dio Luis Guillermo Solís el lunes pasado, donde se le vio descompuesto y salido de sus casillas, el presidente trató jocosamente de "inútil" a Mariano Figueres por no mantenerlo al tanto de lo que se discute en las reuniones de partidos opositores, al tiempo que insistía en tener "absolutamente ubicados" a quienes supuestamente conspiran contra él. Saquemos conclusiones...

¿Y el fiscal general? Es muy tentador hacer leña del árbol caído con el presidente Solís y su partido. Pero lo cierto es que a este gobierno le quedan 8 meses y la historia lo recordará justamente como el fiasco que es. Ojalá, eso sí, que el elector sepa reconocer la estafa y no se embauque una segunda vez con quien en precampaña presentó como única credencial para gobernar ser "la continuación del cambio". Pero el énfasis ahora debe estar en limpiar la podredumbre que ha infestado al sistema político nacional, así como lo están haciendo en Brasil y Perú. Eso requiere de una fiscalía activa y valiente. En Costa Rica no tenemos eso. Jorge Chavarría ha demostrado ser un completo inútil al frente del Ministerio Público. Su respuesta a por qué decidió desestimar una denuncia relacionada al cementazo es simplemente inaceptable. En los siete años que tiene de ser Fiscal General no se ha procesado ni un solo caso importante de corrupción en el país, a pesar de los múltiples escándalos que han proliferado. ¿Será que tenemos una clase gobernante sueca y no nos hemos dado cuenta? La presión popular y política debe enfocarse ahora en exigir la renuncia inmediata de Jorge Chavarría y su reemplazo por una persona verdaderamente competente. 

No hemos oído lo último sobre el cementazo. Pero sí podemos sacar desde ya conclusiones y derivar lecciones de todo este triste episodio.

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Por la Libre Juan Carlos Hidalgo

Juan Carlos Hidalgo es analista de políticas públicas sobre América Latina en el Cato Institute, en Washington DC. Escribe frecuentemente sobre temas de actualidad y sus artículos han sido publicados en medios estadounidenses como el International New York TimesMiami Herald, New York Post, Huffington Post, Forbes, y en importantes periódicos iberoamericanos como El País (España), La Nación (Argentina), El Tiempo (Colombia), El Universal (México), El Mercurio (Chile), entre otros. Es autor de la columna "De frente" en La Nación. También participa regularmente como comentarista en medios internacionales como CNN en Español, NTN24, BBC News, Al Jazeera y Voice of America. Se graduó en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional y sacó su maestría en Comercio y Política Pública Internacional en George Mason University en Estados Unidos. Además es miembro de la Mont Pelerin Society y Premio ANFE a la Libertad 2014.

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