No es raro que se den discusiones e investigaciones sobre el impacto de determinadas leyes y normas en el desempeño de las empresas. Particularmente mucho se ha mencionado el valor que tiene una ley de fomento a las pymes como herramienta de política pública. En el contexto de América Latina, son pocos los países que no cuentan con una norma jurídica dedicada especialmente a este segmento empresarial, o bien al fomento de la competitividad (y donde la pyme juega un rol importante). Sin embargo, no hay evidencia empírica internacional que muestre que tener una ley de fomento de la pyme genere mejores resultados en ellas que no tenerla. Probablemente, lo que muestra la presencia de una ley en este sentido es el interés que las instituciones públicas muestra sobre el tema.
Lo anterior tiene que ver con un fenómeno recurrente en la región; el exceso de regulación y normas jurídicas. A veces creemos que todos nuestros problemas se resuelven con crear leyes que por arte de magia todo el mundo va a cumplir. Ahí se encuentra el verdadero problema, la falta de cumplimiento de las leyes. Nada se gana poniendo en una ley que se va a invertir el X% del presupuesto público en las pymes, o que el Y% va a la educación si no se cumple. Así es como hemos ido construyendo una enorme montaña de legislación, que aunque muy bien intencionada tiene pocas posibilidades reales de ser implementada.
Y no es solo que no existan los recursos para hacer cumplir las leyes, sino que las personas, los ciudadanos, no se consideran favorecidos con su cumplimiento y por lo tanto, no les interesa cumplirlas, así de simple. Tenemos desde los triviales ejemplos del incumplimiento de las reglas más básicas del tránsito (como respetar la luz roja, las señales de alto, ceda, etc.), el irrespetar las filas en los bancos, usar la infraestructura de la empresa para fines personales, etc.; hasta los más complejos que implican corrupción de funcionarios, desvío de fondos públicos, etc. En este punto, no es que no deba existir corrupción -aunque es lo deseable- sino que no se combata, que quede impune. Al momento que eso se generaliza, el resto de la sociedad siente que tiene el campo libre para cometer sus “pequeñas fechorías”.
Entonces, ¿para que tener un cuerpo legal amplio y avanzado si no se respeta? Porque no empezar desde el principio; es decir, pocas leyes pero de total y absoluta obediencia. Si son pocas, deberíamos contar con la fuerza para hacerlas cumplir; además, podríamos integrar a la ciudadanía en su diseño. Si nosotros intervenimos en el diseño, podemos dar nuestra opinión y esta es escuchada –y eventualmente incorporada- en el cuerpo de las nuevas leyes, tendríamos por demás incentivos a cumplirla. ¿Que mejor que ser parte de una ley para obedecerla?
A veces es mejor no abarcar mucho para apretar mejor.