Hay muchos símiles entre lo que ha ocurrido con el tema de la concesión de obra pública y lo que sucede con la política hacia las pymes. En primer lugar, hay que dejar sentado que la eficiencia en el uso de una herramienta de política (como puede ser la concesión), depende tanto de su diseño como de la forma de majearla. En esa línea, el mecanismo de concesión es una herramienta utilizada en muchos países para delegar una responsabilidad pública en manos privadas bajo ciertas condiciones. Esa delegación no es –por supuesto- ajena a los controles y el monitoreo, y por lo general se fundamenta en la imposibilidad del Estado (física o financiera) de ejecutar por sí mismo la tarea. Hasta aquí hablamos de una herramienta de política como cualquier otra. Como siempre (o casi siempre), el problema se encuentra en la ejecución.
1) Como en cualquier otro caso, para que una política funcione, lo mejor es que los involucrados participen en su diseño, así, todos sabrán de qué se trata y no aprobarán algo que les genere un perjuicio superior al beneficio esperado. Así, una política para pymes sin concurso de las pymes no tendrá ni impacto ni resultados. Y hasta probablemente se encuentre con una férrea oposición por el simple hecho de no haber sido involucrados en el diseño.
2) La delegación de facultades supone que ellas deben estar sujetas al escrutinio público mediante mecanismos claros y transparentes, es decir, debe existir una clara “rendición de cuentas”. En el caso de las pymes, en varios países existen proveedores de servicios de desarrollo empresarial que ejecutan directamente acciones sobre las pymes, pero que son monitoreados por un ente público responsable de controlar tanto los resultados como el uso de los recursos. Sin controles, la delegación se presta para corrupción.
3) La disposición a pagar es otro elemento central. Nadie paga un alto precio por un producto que considera que no lo vale. Si en las acciones que se implementan el público consumidor / beneficiario de las políticas no encuentra que hay un verdadero valor, no pagará por el servicio. Así, la disposición a pagar solo se encuentra cuando el producto / servicio proporciona valor al consumidor, de forma que nadie pagará de más por algo que no le genera más valor. En el caso de las acciones de formación para las pymes, la queja generalizada es que la formación o es muy simple o muy compleja, pero como sea, es poco aplicable y por lo tanto, el empresario no siente que le sacó ningún provecho a la formación. La consecuencia es que no quiere pagar por ella.
Por lo tanto, así como la concesión de una carretera, una política de fomento debe ser diseñada de la mano con los beneficiarios, debe contar con controles que permitan un adecuado y permanente monitoreo y el precio debe estar acorde a lo que le aporta a los beneficiarios. Hace algún tiempo, en Chile pude ver las quejas de los consumidores de las carreteras de cuota que pagaban bajo el esquema del “quick pass” porque en sus cuentas aparecían más pasadas por la carretera de las que ellos habían hecho en realidad. ¿Ante quien quejarse si no hay un ente regulador?
Hay muchas lecciones que sacar de esta experiencia, tomémoslas como un aprendizaje a futuro y no como un veto a una herramienta que bien manejada, funciona.