EscucharEn el ámbito de la fiscalidad existen dos enfoques que deben tenerse en mente al momento de plantear una política con orientación hacia las pymes (y en este punto, voy a incluir en la pyme a la microempresa –cosa que en general no hago- solo para simplificar el argumento). (1) Existe un grupo de micro/pequeñas empresas que se mantendrán en una situación de subsistencia durante toda su vida; (2) La política tributaria para pyme más que un fin recaudador, debe tener un fin de monitoreo. Explico estas condiciones para señalar el tipo de políticas pertinentes.
En el primer caso, la evidencia internacional muestra que la mayoría de las unidades económicas de menor tamaño se encuentran en una situación de subsistencia y solo un 25% de ellas (microempresas), podrán pasar a un nivel superior de desarrollo. Este es un cálculo de la OECD y otro hecho para México. Partiendo de ello, pretender subir la recaudación de forma significativa incluyendo en la base tributaria a estas empresas es una ilusión, ya que el hacerlo incluso podría hacer inviable su actividad económica. De ahí que a este grupo (de subsistencia) se le solicite la inscripción y una declaración anual con el fin de monitorear su vigencia o eventualmente cobrarles un pequeño monto fijo con el cual obtienen acceso al registro tributario y quizás también al financiamiento. Esto supone implicitamente que solo el 25% de estas empresas de menor tamaño tienen opción de desarrollo y por tanto serían las empresas sujetas de una tributación convencional (pero gradual).
Lo segundo es consecuencia de lo primero, por lo que la política tributaria para el segmento con opción de desarrollo debe ser gradual de forma de asegurar la viabilidad de la empresa; es decir, exonerarla durante un tiempo y luego empezar el cobro de manera escalonada con el fin de no ahogarla desde el inicio, sino darle viabilidad y luego convertirla en un sujeto más de pago.
Ejemplos interesantes existen en la región con el SIMPLES en Brasil, mientras que en Argentina, Chile, Perú y Uruguay existen esquemas de tributación simplificada. Los mecanismos en algunos casos son similares, mientras que en otros incluyen beneficios adicionales. La idea principal es inscribirse y pagar un pequeño monto fijo único, exonerándolas de otros impuestos (como el de las ventas); el esquema incluye al denominado microemprendedor individual. En este pago se van varios impuestos e incluso el seguro social y la previsión.
De esta forma, este pago le asegura una pensión mínima o acceso a los servicios básicos de la seguridad social. Si en algún momento la empresa mejora su desempeño es posible cambiar de sistema e incorporarse al resto de beneficios de pensión o seguridad social. Si bien del lado de los emprendedores podría implicar –además de la reducción de trámites y requisitos- un beneficio por el lado de las pensiones, debe venir acompañada del lado del Estado por un proceso franco de simplificación y coordinación interinstitucional que trabaje a fondo en un solo proceso de registro para la empresa y luego un mayor monitoreo. En la actualidad las cosas van al revés, trámites excesivos para la creación de empresas y una vez creada, cero fiscalización.
La necesidad de una mayor coordinación interinstitucional se muestra con el ejemplo de la planilla electrónica en Perú (requisito de las empresas de enviar por medios electrónicos su planilla de trabajadores). Ella se encuentra asociada a la SUNAT (ente recaudador de impuestos), pero también es un requisito que deben llenar las empresas ante el Ministerio de Trabajo. Dada la mayor eficiencia tecnológica y de fiscalización de la SUNAT, las empresas le reportan a ella información correspondiente a sus trabajadores y con ese solo proceso la capacidad de fiscalización del Ministerio de Trabajo aumentó sustancialmente.
En suma, es importante fortalecer la fiscalidad pero con criterios realistas y pensando en el crecimiento económico como el eje de una mayor recaudación. Un modelo como el planteado sin duda avanza en la formalización de las empresas pero debe venir de la mano de una mayor eficiencia del Estado y una mayor coordinación
