Seguramente no soy el único que ha escuchado hablar de empresas u organizaciones donde algunos tienen privilegios que no tienen otros. Desde posiciones ejecutivas con salarios absurdamente altos poco asociados a sus resultados, hasta acuerdos colectivos diferenciados que generan distorsiones o bien cosas más simples como el tomar un tiempo libre cuando la empresa está repleta de clientes esperando. Hay de todo y a todo nivel. El asunto es, ¿es correcto para unos y no para los otros? ¿Existen casos válidos de ese comportamiento? A veces unas son resultado de reglas, y otros de negociaciones entre grupos.
La ventaja de las reglas es que como principio, ellas deben ser para todos, claras, ampliamente difundidas, y de acatamiento obligatorio. No es posible (o no debiera serlo), establecer una regla y luego cambiarla a mitad de camino, mucho menos aun, sin avisar. Ello resquebraja la confianza en las autoridades e incentiva la apatía entre el equipo de trabajo. Además, tener muchas reglas es irrelevante si no hay nadie que las haga cumplir (lo que se denomina en políticas públicas, la “amenaza creíble”).
La ventaja de la discrecionalidad es que supone tener margen de flexibilidad, la comprensión del “caso por caso” y además la posibilidad de fortalecer la imagen del “líder comprensivo”. Sin embargo también puede ser vista como la lógica del privilegio y como dice el refrán, “lo malo de la argolla es no ser parte de ella”.
Ante ambas posiciones, ¿Cuál usaría usted? A mí en lo personal me gustan las reglas, tener claro el panorama, el piso parejo. Sin embargo, no dejo de reconocer que existen casos particulares, en los que la regla general no puede ser aplicada. Suponga que existen cámaras para determinar la velocidad en carretera, y usted, por una emergencia médica (que puede ser demostrada), violenta esta norma. ¿La multa es legal? sin duda, pero, ¿es justa? Es decir, pareciera que en ese caso no existe blanco y negro sino escalas de grises. Sin embargo, si la multa es perdonada, puede crear un precedente para que otras acciones (no tan transparentes) puedan ser objeto de “clemencia”.
De otro lado, el “caso por caso” es tremendamente costoso y tardado, y si queremos ser justos con todos al final no lo somos con ninguno. Además, muchas veces ello genera inacción en las organizaciones por el procedimiento y sus “etapas”. Pensemos en una obra pública que necesita “expropiar” propiedades privadas. ¿Cuál es el precio justo? ¿Cuánto nos vamos a demorar en fijarlo? ¿Y si los afectados no están de acuerdo con el precio fijado? ¿Y si apelan el resultado? ¿Cuándo estará finalmente la obra? Probablemente nunca. Además no falta quien se quiere aprovechar de la situación. En ese caso que es más importante, ¿el bien privado o el bien público? ¿Suena conocido? ¿Entonces?
Es cierto que ambas tienen pros y contras. Pero América Latina ha mostrado a lo largo de su historia que nos hemos movido entre estas dos aguas más pegados a la segunda. Y ya vimos adonde estamos. ¿No será momento de convertirnos no en un país de derecho, ¿sino en uno de reglas, y donde ellas se hacen respetar? ¿Qué opinan?