Nadie pone en duda la importancia de conservar las cuencas hidrográficas con el valor agregado de los servicios ambientales que nos generan. Lo que parece no estar tan claro siempre es quién debe asumirlo, pese a que es vital.
Un caso es el de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), enfrentada a una situación no muy diferente a la de otras regiones del país, donde los cambios de uso de la tierra en las partes altas de las cuencas ponen en peligro las fuentes de agua potable.
Desde el año 2000, esta compañía local de servicios públicos puso en marcha un mecanismo económico, pionero en Costa Rica, mediante el cual residentes heredianos pagan por el servicio ambiental generado por el manejo y conservación de la cuenca alta de ríos como Ciruelas, Tibás y Segundo, aporte que se integra al sistema tarifario local/municipal.
De esta forma, un monto mensual de 13 colones es cobrado adicionalmente por metro cúbico (15 colones para clientes sin medidor) como tarifa hídrica en el recibo de agua potable, y los propietarios de bosque que participan reciben una cantidad de cerca de US$120 por hectárea por año.
Este monto representa el costo de oportunidad del uso de la tierra por generar el servicio ambiental de captación frente a usos como la ganadería de leche, además del valor que los residentes locales le otorgan al agua como un servicio ambiental.
No solo se trata de un monto muy pequeño (no viene a representar siquiera el equivalente a un dólar estadounidense en el recibo promedio de una familia), sino que constituye una forma solidaria y responsable de asumir un costo que en realidad es una inversión y que puede garantizar el volumen y la calidad del líquido requerido ahora y en el futuro.
Además, el que más consume, más paga.
Según datos de la compañía, con estos fondos, que incluyen también el aporte de empresas, se financia la protección de cerca de 1190 hectáreas de bosque natural y reforestación en propiedades privadas y estatales dentro del área de interés.
El modelo no ha carecido de críticas y dificultades, pero está a la vanguardia al incorporar un canon para la protección de bosques y acuíferos como parte de la tarifa de agua potable, haciéndolo funcional y financieramente sostenible también. Incluso ha servido de modelo para su puesta en práctica en otras latitudes, pero en el país solamente el acueducto municipal de Cartago lo ha tomado como referencia.
La pregunta es: ¿por qué no se implementa en el resto del país? Ya es hora de pagar soldariamente un precio más justo por el agua.
