¿Tiene o no razón Hacienda con la retención del 2% en los pagos con tarjeta?

Hacienda está pensando en una sola vía: la recaudatoria


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Varios lectores me han pedido que comente sobre si tiene o no razón Hacienda con la retención del 2% sobre los pagos realizados con tarjetas de crédito. Es, sin duda alguna, un tema que no resulta pacífico y sobre el cual hay muchísimas opiniones encontradas.

Creo conveniente iniciar con dos puntos muy concretos:

  • ¿Qué interés tiene Hacienda al proponer esta retención? Dado los supuestos altos índices de evasión que tenemos en Costa Rica, Hacienda considera que deben implementarse mecanismos a partir de los cuales se garantice que la generalidad de contribuyentes pagarán impuestos. Uno de estos mecanismos lo constituyen las retenciones, es decir, obligaciones a partir de las cuales los pagadores de ciertas rentas se encargan de retener y entregar a Hacienda un determinado porcentaje, a fin de considerar dichas sumas como “adelantos” del impuesto (o “pagos a cuenta” en un lenguaje más técnico). De esta forma, al finalizar el período fiscal, el contribuyente ya habrá pagado al menos una porción de impuestos. ¿pero si al final tuve una pérdida, no tuve que pagar impuestos o tuve que pagar menos de lo que me retuvieron? Ahí empieza el problema si la herramiento no está adecuadamente “construida”.
  • ¿Tiene base legal? Si y no. Me explico. Con la Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria aprobada en 2012, se introdujo una norma que faculta a la Administración Tributaria a establecer estos mecanismos de retención mediante una simple Resolución General. Entonces pareciera que sí hay base legal. Pero el artículo que da sustento legal a esta práctica no debió haberse aprobado. ¿Por qué? Pues porque se le han otorgado potestades a la Administración Tributaria que podrían llegar a ser gravosas sin que exista un mínimo control al poder o sesgo recaudatorio de Hacienda: tal y como está ocurriendo en estos momentos. Por ello, hay base legal, pero esta base no debió haberse aprobado por cuanto las retenciones, como pagos a cuenta del impuesto, solo deberían estar reguladas por la propia ley, tal y como ocurre en la actualidad con la retención del 2% aplicable a los pagos realizados por el Estado regulados en el artículo 23 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. La buena fe en la relación debería empezar por Hacienda, y a pesar de tener base legal, a sabiendas del abuso normativo que ello representa, se deberían impulsar mecanismos de mayor control para la aprobación de estas retenciones.

Dicho lo anterior, hay que considerar otros elementos concretos:

  • La Ley (precisamente la base legal que hablamos en el párrafo anterior) establece la potestad de establecer retenciones que “no podrán exceder del 2%”. Como puede verse, es un límite máximo, pero ello no significa que la retención debe ser necesariamente del 2%. Si la decisión de política fiscal es establecer un mecanismo de retención, el porcentaje de éste debe ser razonable y pareciera que 2% es un rubro que a primera vista pareciera no serlo. Por ello, no debe generalizarse una medida que tendrá efectos diferentes en cada industria o sector de la economía. De ahí que el porcentaje deberá reducirse de forma general o en razón de los diferentes sectores.
  • Por lo anterior, deben establecerse los mecanismos eficientes de devolución sobre las sumas retenidas en exceso así como la posibilidades de que las retenciones se puedan acreditar en cualesquiera pagos que el contribuyentes requiera, incluyendo pagos parciales.
  • Las retenciones aplican sobre las rentas brutas. Por ello, aunque los “números” sean bajos, hay que tomar en cuenta que el efecto es realmente significativo. Por ello, hay que tomar siempre en consideración los sectores de la economía que tienen un alto volúmen de ingreso pero un bajo o moderado nivel de utilidad. Asimismo, hay que tomar en consideración las necesidades de flujos de efectivo de las empresas.
  • Sin otros mecanismos adecuados de control y cumplimiento, la implementación de esta medida (retención 2%) va a promover la informalidad. Precisamente ayer me comentaba un amigo sobre un médico que previo a un procedimiento quirúrgico, le exigió hacer un pago de varios millones de colones en efectivo, ya que no acepta tarjeta de crédito. Este nivel de abuso e informalidad se incrementará notablemente cuando entre en vigencia esta retención, con el consiguiente problema adicional de seguridad que generará en los pagadores.
  • La medida se ha dictado con una entrada en vigencia muy corta. Es cierto que la Ley establece que la Resolución que regula la retención deberá publicarse en La Gaceta con al menos un mes de anticipación (si…la misma norma que hemos comentado es abusiva y que no debió aprobarse). Este plazo es sin duda alguna muy reducido, máxime en una medida que –como esta- requiere ajustes en los sistemas informáticos y en el procesos de cobro, presupuestos, flujos de efectivos y muchos otros del quehacer diario de todas las empresas.

Hacienda está pensando en una sola vía: la recaudatoria. Los actuales jerarcas de Hacienda han olvidado que ellos mismos deben facilitar la creación de riqueza y empleo. Y si se implementan mecanismos como estos, sin lógica, matizaciones ni grados diferenciadores, no hacen más que seguir drenando y erosionando al verdadero motor de nuestra economía.

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Tribuna Fiscal Diego Salto y José María Oreamuno

Diego Salto van der Laat. Socio de Impuestos de AFC. Doctor en Derecho Financiero y Tributario por la Universidad de Sevilla (España). Columnista, Bloguero y colaborador de El Financiero por más de 15 años. Profesor de Derecho Tributario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Ha sido profesor invitado en temas de fiscalidad centroamericana en la Universidad Northwestern (Chicago) y Complutense de Madrid (España). Considerado como uno de los asesores fiscales más recomendados del país por entidades como Chambers and Partners, Latin Lawyers, Who´s Who, The Legal 500, entre otros. Galardonado con el premio Profesional Liberal del Año por la Cámara de Comercio de Costa Rica (2011). Coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios del Colegio de Abogados. Presidente de la Asociación IFA Costa Rica, representante en el país de la International Fiscal Association (IFA), de la cual forma parte de su Comité Regional Latinoamericano. Autor de publicaciones y expositor de temas tributarios tanto a nivel nacional como internacional (Costa Rica, España, Estados Unidos, Argentina, Uruguay, México, República Dominicana, Alemania, entre otros). Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en programas de capacitación a funcionarios de la Administración Tributaria, Poder Judicial, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la República, entre otros (2003).

José María Oreamuno Linares. Socio de Facio & Cañas y de Faycatax, su Servicio de Impuestos. Escribe en El Financiero desde 1995. Ejerce como litigante. Profesor de Derecho Tributario en la Universidad de Costa Rica. Miembro fundador del Instituto Costarricense de Estudios Fiscales (ICEF) y de la asociación costarricense corresponsal de la International Fiscal Association (IFA). Tiene un postgrado en Fiscalidad Internacional por la Universidad de Castilla-La Mancha (España).

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