¿Renta Mundial en Panamá? ¡No por mucho tiempo!

Error político introduce renta mundial en Panamá, la cual podría derogarse en estos próximos días


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Los días de fin y principio de año han estado muy movidos en Panamá. El pasado 30 de diciembre se publicó en el Diario Oficial la Ley No. 120, la cual modificó el artículo 694 de Código Fiscal panameño, modificando el muy conocido sistema territorial de tributación por uno basado en la renta mundial. La reforma, muy escueta y poco desarrollada, introdujo una frase que eliminó de golpe el centenario principio, estableciendo que se considerará gravado en Panamá, toda renta generada “…dentro o fuera del territorio de la República de Panamá, sea cual fuere el lugar donde se perciba.”

En una economía de servicios como la panameña, la modificación de este criterio ha generado, sin duda alguna, un absoluto rechazo de prácticamente todos los sectores. Entre el día 31 de diciembre y el 1 de enero he tenido oportunidad de conversar con varios colegas y amigos panameños, así como de revisar diversas publicaciones a través de internet, incluyendo las cuentas de Twitter del Presidente Ricardo Martinelli así como del Director de la Administración Tributaria, Luis Cucalón. Todos coinciden en que la norma aprobada constituye un error (¡haberlo pensado antes!) y que se presentará un proyecto de Ley para derogar esta disposición. Por eso, pareciera que lo ocurrido podría llegar a trascender como una mera anécdota, aunque no exenta de consecuencias para la economía de servicios de Panamá.

¿Qué fue lo que realmente ocurrió? Según he podido ver en artículos de prensa y con base en lo información obtenida, la discutida modificación fue introducida, sin mayor publicidad, como parte de una Ley relacionada con el Régimen Fiscal y Aduanero Especial de Zona Franca Turística y de Apoyo Logístico Multimodal en la zona de Barú. Por ello, la aprobación de esta Ley fue una gran sorpresa para todos, ya que al parecer no fue incluida en la lista de proyectos que debían discutirse en las sesiones extraordinarias del Congreso entre el 5 y el 30 de diciembre pasados. Por esta razón, hay quienes consideran –como lo reseñó el Diario local La Prensa- que la modificación es inconstitucional, por cuanto el Ejecutivo nunca conoció expresamente de esta modificación, situación que resulta contraria al artículo 149 de la Constitución Política.

En la cuenta de Twitter de Luis Cucalón, quien es el mediático Director de Tributación panameña, puesto que en dicho país se denomina “Administrador Nacional de Ingresos Públicos”, se pueden leer diversas conversaciones que este señor ha mantenido con terceros defendiendo la modificación planteada. No obstante, ha indicado expresamente Yo propuse los artículos 2 y 3 de la Ley 120 y me equivoque. No estamos preparados para renta mundial.” “Le he solicitado al Sr. Presidente que derogue dichos artículos lo cual acepto (sic)”

Para saber a ciencia cierta cómo afectará a Panamá este arriesgado y aventurado experimento del Sr. Cucalón,  debemos dejar pasar mucho tiempo aún. Primero habrá que esperar a que el Proyecto de derogatoria se realice el día de hoy, fecha en la que inician las sesiones ordinarias en la Asamblea, tal y como se ha indicado informalmente. Por ello, se espera que la aprobación en la Asamblea se realice lo antes posible. No me queda la menor duda que ello ocurrirá, más pronto que tarde. Pero qué pasará de ahí en adelante, nadie puede saberlo. Panamá es una de las economías de servicios más desarrolladas del mundo y la líder en la región en este segmento, por lo que habrá que ver si existe algún cambio en el índice de confianza que Panamá ofreció a los inversionistas hasta el día 30 de diciembre pasado.

Si usted posee una sociedad panameña, no se apresure a realizar cambio alguno ni entre en pánico. Los panameños están más urgidos que cualquier otra persona en llevar a cabo el cambio, por lo cual, hay que estar seguros que ello realmente ocurrirá.

No obstante, los sistemas fiscales están cambiando drásticamente en todo el mundo, por lo que sí puede ser este el momento de preguntarse a sí mismo si la utilización de la sociedad panameña que usted o su empresa está realizando es la correcta. Recuerde que las utilización de sociedades off-shore es total y absolutamente legal, pero la validez fiscal de dichas entidades dependerá del contenido económico y la justificación de negocio (el llamado “business purpose”) que estas posean, máxime ante la posible evolución del sistema tributario costarricense hacia la llamada “tributación territorial extensiva” incluida en las propuestas del Ministerio de Hacienda presentadas a finales del pasado año.

Aprovecho para desearles a todos un gran 2014, y la mejor de las suertes para ustedes y los suyos en este nuevo año.

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Tribuna Fiscal Diego Salto y José María Oreamuno

Diego Salto van der Laat. Socio de Impuestos de AFC. Doctor en Derecho Financiero y Tributario por la Universidad de Sevilla (España). Columnista, Bloguero y colaborador de El Financiero por más de 15 años. Profesor de Derecho Tributario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Ha sido profesor invitado en temas de fiscalidad centroamericana en la Universidad Northwestern (Chicago) y Complutense de Madrid (España). Considerado como uno de los asesores fiscales más recomendados del país por entidades como Chambers and Partners, Latin Lawyers, Who´s Who, The Legal 500, entre otros. Galardonado con el premio Profesional Liberal del Año por la Cámara de Comercio de Costa Rica (2011). Coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios del Colegio de Abogados. Presidente de la Asociación IFA Costa Rica, representante en el país de la International Fiscal Association (IFA), de la cual forma parte de su Comité Regional Latinoamericano. Autor de publicaciones y expositor de temas tributarios tanto a nivel nacional como internacional (Costa Rica, España, Estados Unidos, Argentina, Uruguay, México, República Dominicana, Alemania, entre otros). Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en programas de capacitación a funcionarios de la Administración Tributaria, Poder Judicial, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la República, entre otros (2003).

José María Oreamuno Linares. Socio de Facio & Cañas y de Faycatax, su Servicio de Impuestos. Escribe en El Financiero desde 1995. Ejerce como litigante. Profesor de Derecho Tributario en la Universidad de Costa Rica. Miembro fundador del Instituto Costarricense de Estudios Fiscales (ICEF) y de la asociación costarricense corresponsal de la International Fiscal Association (IFA). Tiene un postgrado en Fiscalidad Internacional por la Universidad de Castilla-La Mancha (España).

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