Prepárese...Tributación necesita auditarle en 2015


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Ante la imposibilidad de ajustar los gastos a través del Presupuesto y sin un acuerdo claro para incrementar la carga fiscal a través de nuevos impuestos, el Gobierno necesitará buscar fuentes de ingreso que, al menos, impida la merma de recursos que requiere. Y usted y su empresa podrían ser una fuente de recursos al que, a través de los procesos de fiscalización, el Estado deba acudir en mayor medida. Por ello, esté preparado…Tributación podría necesitar auditarle en 2015.

Los recientes eventos políticos nacionales que han minado la credibilidad política de Luis Guillermo Solís, hacen poco viable una pronta solución al problema fiscal que arrastramos desde hace muchos años. Las ocho medidas anunciadas por el Ministro Helio Fallas el día de ayer, son un compromiso solamente, que aún no está escrito como una hoja de ruta definida.

A pesar de tener un marco jurídico totalmente inclinado a su favor, con prerrogativas casi ilimitadas en algunas áreas, la Administración Tributaria se ha cegado ante la necesidad de ampliar su base de fiscalización a fin de atacar la informalidad, y sigue enfocada en las mismas grandes empresas que por muchísimo tiempo han venido sosteniendo las maltrechas finanzas públicas. Pero ello deberá cambiar en 2015 sí Hacienda desea obtener algunos recursos adicionales que sopesen el efecto de la actual inoperancia política, la falta de liderazgo y la cada vez más lejana opción de un recorte de los gastos públicos o de una posible reforma fiscal que incremente los niveles de recaudación.

¿Más impuestos? Por ahora no. El irrespeto jurídico que conllevó la aprobación del presupuesto de manera autoritaria por parte del Presidente de la Asamblea, así como del levantamiento del veto a la reforma procesal laboral, genera una convulsión política que hace difícil pensar en una alianza fiscal a corto plazo, que pudiese generar consenso en el proceso de aprobación de nuevos impuestos. El proyecto del IVA se presentará sin duda a la Asamblea, pero no tendrá un camino sencillo dado, entre muchos otros, el componente político que representa la discusión de diversos intereses que se mezclarán al regularse las exenciones.

Se ha satanizado al sector empresarial. No hay que sangrar a los mismos de siempre, sino atacar la informalidad de quienes hoy están volando “bajo el radar”. Y acá es donde el Ministerio de Hacienda debe entender que las empresas formales, principalmente organizadas a través de las Cámaras Empresariales, son aliados y no enemigos. Los mayores beneficiados en cumplir la normativa fiscal son los propios empresarios, y por ello se insiste tanto en atacar la informalidad de quienes defraudan.

Una de las primeras manifestaciones que hicieron Henry Mora y Helio Fallas al iniciar labores, reflejaron un sesgo ideológico totalmente alejado de la realidad tributaria del país. Ambos manifestaron su intención de acabar con la evasión de las grandes empresas. En una reciente actividad, el vice Ministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, presentó unos datos relacionados con los criterios de riesgo fiscal, en donde se puede extraer que la evasión podría estar en las pequeñas y medianas empresas y no necesariamente en los Grandes Contribuyentes. Entre los datos, destaca que al identificar empresas cuyos ingresos no gravables son mayores que sus ingresos gravables, se identificaron 46 Grandes Contribuyentes, 24 Grandes Empresas Territoriales y 5.157 contribuyentes de la masividad, es decir, de las pequeñas y medianas empresas que conforman nuestra economía formal. Similar situación ocurre al identificar las empresas cuya renta bruta o renta neta es menor o igual a cero. Es cierto que estos números no hay que verlos nominalmente, sino en cuento al porcentaje que representan de cada una de las muestras, pero al menos nos da una visión diferente.

Y ello hace más evidente la necesidad de obtener información. Con la nueva redacción del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, se refuerza la potestad de la Admnistración Tributaria de realizar “fiscalizaciones de escritorio”, a través de la información de que tanto el contribuyente como terceros le han proporcionado. La Administración Tributaria no necesita visitarle para cobrarle, y por ello, los procesos de obtención de información como el AMPO o los Registro Electrónicos de Compras y Ventas resultan tan relevantes para la política recaudatoria de Tributación. Al obtener información de los Grandes Contribuyentes, se pueden redirigir los recursos de fiscalización hacia otros segmentos, y allí deberá atraerse a tributación muchas empresas que hoy no lo están haciendo adecuadamente.

Afortunadamente la Sala Constitucional acogió a estudio varias acciones de inconstitucionalidad sobre el artículo 144 del Código, el cual le permite a la Administración cobrar supuestas deudas que no han respetado el debido proceso ni han sido revisadas por un tercero independiente. Hay que fortalecer a la Administración, pero no se deben aceptar prácticas recaudatorias a costa del desconocimiento del actual marco constitucional.

La potestad de fiscalización de la Administración Tributaria es necesaria para poder identificar las prácticas fiscales que podrían estar minando la recaudación. Pero los jerarcas del Ministerio de Hacienda deben en todo momento instruir a sus funcionarios que sus actuaciones de fiscalización deben estar siempre apegadas al marco normativo vigente, siendo que las fiscalizaciones no son el espacio para buscar cambiar las normas o ampliar su alcance. Ya tenemos muchos ejemplos en donde las fiscalizaciones no se ajustaron al marco jurídico actual, y han respondido a prácticas “uniformadas” de búsqueda de nuevos recursos, como en los precios de transferencia, en el diferencial cambiario, en el gravamen al acceso a internet o en los más recientes cuestionamientos a la utilización de UEPS.

Por ello, hay que insistir en la necesidad que Tributación respete el marco jurídico vigente. Que fiscalicen, pero con las reglas que la Ley le otorgan. Pero tanto en uno como en otro escenario, todo contribuyente deberá estar atento al cumplimiento de sus obligaciones de manera adecuada, porque más temprano que tarde, Tributación lo “invitará” a colaborar en un proceso de fiscalización.

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Tribuna Fiscal Diego Salto y José María Oreamuno

Diego Salto van der Laat. Socio de Impuestos de AFC. Doctor en Derecho Financiero y Tributario por la Universidad de Sevilla (España). Columnista, Bloguero y colaborador de El Financiero por más de 15 años. Profesor de Derecho Tributario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Ha sido profesor invitado en temas de fiscalidad centroamericana en la Universidad Northwestern (Chicago) y Complutense de Madrid (España). Considerado como uno de los asesores fiscales más recomendados del país por entidades como Chambers and Partners, Latin Lawyers, Who´s Who, The Legal 500, entre otros. Galardonado con el premio Profesional Liberal del Año por la Cámara de Comercio de Costa Rica (2011). Coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios del Colegio de Abogados. Presidente de la Asociación IFA Costa Rica, representante en el país de la International Fiscal Association (IFA), de la cual forma parte de su Comité Regional Latinoamericano. Autor de publicaciones y expositor de temas tributarios tanto a nivel nacional como internacional (Costa Rica, España, Estados Unidos, Argentina, Uruguay, México, República Dominicana, Alemania, entre otros). Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en programas de capacitación a funcionarios de la Administración Tributaria, Poder Judicial, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la República, entre otros (2003).

José María Oreamuno Linares. Socio de Facio & Cañas y de Faycatax, su Servicio de Impuestos. Escribe en El Financiero desde 1995. Ejerce como litigante. Profesor de Derecho Tributario en la Universidad de Costa Rica. Miembro fundador del Instituto Costarricense de Estudios Fiscales (ICEF) y de la asociación costarricense corresponsal de la International Fiscal Association (IFA). Tiene un postgrado en Fiscalidad Internacional por la Universidad de Castilla-La Mancha (España).

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