Privacidad tributaria

Divulgación indebida de datos fiscales es delito


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Vivimos en la era de la información, lo que inevitablemente significa también que el ámbito de la privacidad ha ido sufriendo recortes, alguno de ellos realmente agresivo: el acoso telefónico de las empresas que cobran, el de las que quieren colocar un plan de viajes o una oferta de cualquier clase… Protectoras de crédito que le venden mis datos a los entes bancarios o de seguros… Patronos con acceso a los correos electrónicos de sus empleados, aunque sean personales, si se enviaron o recibieron desde una cuenta de la empresa... Todo ello por no hablar de la información que voluntaria o impensadamente ponemos en las redes sociales.

En este contexto, aparece el Fisco como el mayor consumidor de información patrimonial y financiera de los ciudadanos. No sólo tiene un registro de contribuyentes con nombre, domicilio, datos de contacto, clasificación de actividad económica, sino que periódicamente exige declaraciones juradas sobre los resultados de mi actividad y la información de trascendencia tributaria de terceros. Para la Administración tributaria el secreto bancario apenas tiene el escaso contratiempo de solicitar autorización a un juez (siempre la dan), y también puede ordenar a determinados actores sociales que le proporcionen por suministro cantidades masivas de datos, que luego se cruzan informáticamente para detectar diferencias o inconsistencias entre lo que informaron adquirentes y proveedores. A finales de enero se publicó un proyecto de resolución por el que Tributación quiere que se le informe sobre el nombre e identificación del accionista, su país de origen, fecha de adquisición, cantidad y valor de sus acciones, porcentaje de participación, etc.

La invasión de la intimidad por parte del Fisco no parece estar en un punto de llegada sino en uno de partida: el 13 de febrero la OCDE emitió en París un nuevo estándar global único sobre el intercambio automático de información tributaria. Costa Rica no es ajena a esa tendencia, pues esta misma semana se publicó en La Gaceta el proyecto de ley para incorporar el artículo 106 quáter al Código Tributario, que dispondrá que, si en un convenio internacional de intercambio de información hay instrumentos para hacerlo de modo automático, en ese caso “las entidades financieras deberán suministrar periodicamente a la Administración Tributaria toda la información requerida de sus clientes y usuarios”, sin que se requiera autorización judicial.

En ambos casos (registro de accionistas, suministro de datos financieros), la Administración fiscal no quiere pedir información mediante "requerimiento individualizado" ni en una fiscalización, sino que quiere tenerla a su disposición por si llegara a ocuparla, para lo cual hace un "requerimiento por suministro" general, dirigido a todos los actores económicos que puedan proporcionársela.

¿Es Tributación un depositario confiable de la información? Hace ocho años trascendió a la prensa la situación tributaria de Ottón Solís durante la campaña electoral. Hace dos años, algún funcionario pasó a los medios que el jerarca tenía una declaración pendiente de pagar. Hace un mes, fue también público que Otto Guevara había sido llamado a declarar sobre quién le había dado un préstamo. Y esta semana el notificador de otro requerimiento a Johnny Araya llegó acompañado de periodistas, convocados vía Twitter por Albino Vargas.

Cuestionado sobre cómo había obtenido esa información, dijo: “Si yo le contara las barbaridades que sabemos de evasión de impuestos, este país colapsaría, porque sí, la ANEP tiene acceso a bastante información tributaria porque hay mucha persona en Tributación, con una altísima ética, que está conmocionada con los niveles de robo de impuestos en Costa Rica con ropaje legal y sin ropaje legal”. Y añadió: “Obviamente tenemos fuentes confidenciales que nos cuentan cosas, yo no voy a Tributación y me enseñan un papel, pero sí hay fuentes confidenciales que nos dicen y nos cuentan cosas. Usted sabe que para hablar de eso hay que tener papeles y no me van a dar papeles, pero sí hay una indignación que allegados al poder en este país hacen barbaridades para evadir impuestos. Son fuentes confiables”.

Contrastan esas declaraciones con lo que dispone el artículo 117 del Código Tributario: “Las informaciones que la Administración Tributaria obtenga de los contribuyentes, responsables y terceros, por cualquier medio, tienen carácter confidencial; y sus funcionarios y empleados no pueden divulgar en forma alguna la cuantía u origen de las rentas, ni ningún otro dato que figure en las declaraciones, ni deben permitir que éstas o sus copias, libros o documentos, que contengan extractos o referencia de ellas sean vistos por otras personas que las encargadas en la Administración de velar por el cumplimiento de las disposiciones legales reguladoras de los tributos a su cargo”.

¿Por qué esa norma no impide lo que no parece ser una divulgación esporádica, sino habitual, de información tributaria?  En primer lugar por una razón cultural: somos un pueblo informal, que le damos poca importancia al chisme. En segundo lugar, porque hasta donde sé, nunca nadie ha sido acusado por el delito de divulgación de secretos, según el cual “será reprimido con prisión de tres meses a dos años el funcionario público que divulgare hechos, actuaciones o documentos, que por ley deben quedar secretos” (artículo 346 del Código Penal).

Porque el secreto profesional del periodista impide revelar la fuente de sus noticias. Porque nos encanta “chotear” al que destaca, sobre todo si es político, y ver la cara que pone cuando lo interrogan sin previo aviso de un asunto delicado. Porque algunos o muchos –quizás el propio interesado- comparten la opinión de que filtrando esa información no sólo no hizo nada malo, sino algo de “altísima ética”. Hasta un editorial de La Nación los elogió como alertadores de anomalías o whistle blowers. ¿Y si hubiera/n recibido pago? ¿Y si la información llegara a un secuestrador o a un extorsionista?

Seguridad es el conjunto de medidas preventivas y reactivas que permiten resguardar y proteger la información, con el propósito de mantener su confidencialidad, disponibilidad e integridad. Confidencialidad es una medida preventiva que garantiza que la información es accesible únicamente a personal autorizado, de conformidad con estándares tales como la norma ISO/IEC 27002.

El problema es que los sistemas informáticos de Tributación no tienen suficiente trazabilidad sobre quién accedió a qué información, ni quién la emitió hacia qué destinatario. Por tanto, las medidas reactivas son inexistentes o ineficaces.

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Tribuna Fiscal Diego Salto y José María Oreamuno

Diego Salto van der Laat. Socio de Impuestos de AFC. Doctor en Derecho Financiero y Tributario por la Universidad de Sevilla (España). Columnista, Bloguero y colaborador de El Financiero por más de 15 años. Profesor de Derecho Tributario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Ha sido profesor invitado en temas de fiscalidad centroamericana en la Universidad Northwestern (Chicago) y Complutense de Madrid (España). Considerado como uno de los asesores fiscales más recomendados del país por entidades como Chambers and Partners, Latin Lawyers, Who´s Who, The Legal 500, entre otros. Galardonado con el premio Profesional Liberal del Año por la Cámara de Comercio de Costa Rica (2011). Coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios del Colegio de Abogados. Presidente de la Asociación IFA Costa Rica, representante en el país de la International Fiscal Association (IFA), de la cual forma parte de su Comité Regional Latinoamericano. Autor de publicaciones y expositor de temas tributarios tanto a nivel nacional como internacional (Costa Rica, España, Estados Unidos, Argentina, Uruguay, México, República Dominicana, Alemania, entre otros). Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en programas de capacitación a funcionarios de la Administración Tributaria, Poder Judicial, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la República, entre otros (2003).

José María Oreamuno Linares. Socio de Facio & Cañas y de Faycatax, su Servicio de Impuestos. Escribe en El Financiero desde 1995. Ejerce como litigante. Profesor de Derecho Tributario en la Universidad de Costa Rica. Miembro fundador del Instituto Costarricense de Estudios Fiscales (ICEF) y de la asociación costarricense corresponsal de la International Fiscal Association (IFA). Tiene un postgrado en Fiscalidad Internacional por la Universidad de Castilla-La Mancha (España).

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