¿Quiere evadir impuestos?


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El próximo 17 de diciembre vence el plazo para el pago del Impuesto sobre la Renta correspondiente al período fiscal 2012 en las empresas con período fiscal ordinario (octubre-septiembre). Si usted es de los que está pensando en no pagar sus impuestos o hacerlo de forma engañosa, debe tomar en consideración que tanto la Administración Tributaria como el marco legal han cambiado…siendo que las posibilidades reales de una fiscalización son cada día mayores y las sanciones son ahora muchísimo más fuertes. Por eso, tómese muy en serio su cumplimiento tributario porque luego las consecuencias le podrán salir muy caras. Veamos por qué.

Como hemos comentado en otras oportunidades, a nadie le gusta pagar impuestos. Podemos entender el por qué tenemos que pagar impuestos, pero de ahí a que nos guste pagarlos hay un mundo de diferencia. Por esa razón e independientemente de la voluntad propia de pagar, resulta importante no perder de vista las consecuencias que el incumplimiento fiscal podría generarle a usted y su empresa. ¿qué ocurre si usted incumple su obligación de pagar los impuestos…y Tributación “le agarra”? Pues que podría ser de aplicación una sanción económica que oscila entre el 50% y el 150% del monto dejado de pagar o, incluso, condenado a prisión entre cinco y diez años.

A estos efectos, veamos una breve descripción del régimen sancionador costarricense con fundamento en la reciente modificación realizada por la Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria. En primer lugar, debemos indicar que el sistema prevé dos posibles sanciones: las infracciones administrativas y las sanciones penales. Por regla general, las sanciones administrativas son económicas, mientras que las penales presuponen prisión.

El régimen sancionador “moderno” se introdujo en 1995 con la Ley de Justicia Tributaria, en donde se estableció un mecanismo basado en infracciones, contravensiones y delitos. Posteriormente, en 1999 se modifica el régimen eliminando la figura de las contravenciones y sentando las bases del actual sistema dual: infracciones administrativas y delitos penales. En la nueva Ley de Fortalecimiento, se mantiene dicho esquema, pero se aumentan sustancialmente las sanciones.

Bajo este esquema, las infracciones administrativas se calculan con base en un nuevo concepto que han denominado “base de sanción”, que corresponde al monto “dejado” de pagar. Cabe indicar que la Ley expresamente establece la posibilidad de que algunos incumplimientos no sean sancionables, y por ello, no formen parte de una eventual base de sanción. La nueva Ley estableció el siguiente esquema de sanciones administrativas:

Multa del 50%: Esta es la norma general. Resulta aplicable a infracciones derivadas de la omisión o inexactitud de las declaraciones autoliquidativas, tales como el impuesto sobre la renta o el impuesto general sobre las ventas, entre otros. A estos efectos, se considera inexacta, aquella declaración que contenga: (i) uso de “datos falsos, incompletos o inexactos” que genere una menor obligación tributaria. (ii) diferencias aritméticas en las declaraciones, (iii) errores en retenciones, tales como no realizarla, realizarla mal o por un valor inferior. Asimismo, también procede en casos de disfrutar improcedentemente de una compensación o una devolución así como por la obtención de una devolución improcedente.

Multa del 100%: Ocurrirá cuando exista una ocultación de datos a la Administración Tributaria, ya sea por no presentar las declaraciones correspondientes o cuando éstas se presenten con hechos u operaciones inexistentes, importes falsos, “…o cualquier otro dato que incida en la determinación de la deuda tributaria.” En este caso será necesario que la deuda tributaria generada por la ocultación “sea superior al diez por ciento (10%) de la base de la sanción”.

Multa del 150%: Esta sanción será aplicable cuando se utilicen medios fraudulentos, entendidos como:

(i)  Anomalías en la contabilidad y en los libros o registros. En estos casos el concepto de “anomalía” es muy amplio, y presupone situaciones tales como no llevar contabilidad, llevarla de forma no fiable en el tanto “no permitan conocer la verdadera situación de la empresa”, llevarla incorrectamente, estar ante la falsedad de asientos, o “la contabilización en cuentas incorrectas de forma que se altere su consideración fiscal”. Estos rubros deben ser “al menos un monto equivalente a un aumento en la base imponible superior al 50% de la base de la sanción”.

(ii) Empleo de facturas, justificantes u otros falsos o falseados cuyo resultado fiscal genere un efecto de al menos el 10% de la base de sanción.

Por su parte, las sanciones penales presuponen un nuevo tipo penal para quien por acción u omisión defraude a la Hacienda Pública. En estos casos, el monto defraudado debe superar los 500 salarios base, que actualmente representa una cuantía de ₡180.300.000, sin incluir intereses ni sanciones.

Como puede observar, la Administración Tributaria ha inclinado la balanza a su favor, lo que hace que tenga fuertes herramientas para sancionar a los contribuyentes. Si a este marco normativo le sumamos el fuerte sesgo de la Administración en contra de los contribuyentes junto a una actuación harto abusiva, pareciera que no hay que darle más razones a Tributación para actuar…empecemos siendo buenos contribuyentes, cumplidores del sistema y así, no solo podremos colaborar con nuestra porción de aporte al “sostenimiento de los gastos públicos” sino que podremos exigir aún mayor transparencia y neutralidad en sus actuaciones. Recuerde que para criticar y opinar hay que votar y tributar.

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Tribuna Fiscal Diego Salto y José María Oreamuno

Diego Salto van der Laat. Socio de Impuestos de AFC. Doctor en Derecho Financiero y Tributario por la Universidad de Sevilla (España). Columnista, Bloguero y colaborador de El Financiero por más de 15 años. Profesor de Derecho Tributario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Ha sido profesor invitado en temas de fiscalidad centroamericana en la Universidad Northwestern (Chicago) y Complutense de Madrid (España). Considerado como uno de los asesores fiscales más recomendados del país por entidades como Chambers and Partners, Latin Lawyers, Who´s Who, The Legal 500, entre otros. Galardonado con el premio Profesional Liberal del Año por la Cámara de Comercio de Costa Rica (2011). Coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios del Colegio de Abogados. Presidente de la Asociación IFA Costa Rica, representante en el país de la International Fiscal Association (IFA), de la cual forma parte de su Comité Regional Latinoamericano. Autor de publicaciones y expositor de temas tributarios tanto a nivel nacional como internacional (Costa Rica, España, Estados Unidos, Argentina, Uruguay, México, República Dominicana, Alemania, entre otros). Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en programas de capacitación a funcionarios de la Administración Tributaria, Poder Judicial, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la República, entre otros (2003).

José María Oreamuno Linares. Socio de Facio & Cañas y de Faycatax, su Servicio de Impuestos. Escribe en El Financiero desde 1995. Ejerce como litigante. Profesor de Derecho Tributario en la Universidad de Costa Rica. Miembro fundador del Instituto Costarricense de Estudios Fiscales (ICEF) y de la asociación costarricense corresponsal de la International Fiscal Association (IFA). Tiene un postgrado en Fiscalidad Internacional por la Universidad de Castilla-La Mancha (España).

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