¿Debemos apoyar la Reforma Fiscal?


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Siempre ha estado a favor de una reforma fiscal, pero no apoyo la que propone el actual Gobierno. El primer error es conceptual. Una reforma fiscal no implica únicamente el aumento de los tributos a los contribuyentes: debe ir más allá y modernizar el sistema. Y precisamente la modernización implica, entre muchas otras cosas, ajustar el tamaño del Estado y su nivel de gasto, a la verdadera y correcta dimensión de nuestra realidad.

Por ello, mientras no se aprueben las reformas a la Ley de Empleo Público así como las relacionadas con el Presupuesto, las Pensiones y otras relacionadas (incluyendo la eliminación de los beneficios sin sentido otorgados por Convenciones Colectivas), no debemos bajo ninguna circunstancia apoyar un incremento en los impuestos. Los mismos seguiremos pagando, mientras que los mismos seguirán disfrutando. Me da lo mismo que lo diga el FMI, la OCDE, el BID o cualquier otro organismo internacional. Antes de aprobar nuevos impuestos, deben aprobarse las medidas adecuadas que reduzcan el gasto.

El problema tampoco se resolverá dándole más potestades a la Administración Tributaria. El problema no es normativo. Ya la Administración tiene muchísimas herramientas, y potestades en exceso. Hoy día, la relación entre la Administración y el contribuyente está caracterizada por una sobreprotección del Estado en detrimento de los derechos de los contribuyentes, en donde nos han vendido la errónea idea que todos los contribuyentes somos evasores. Por supuesto que hay evasores, pero también hay contribuyentes ejemplares y cumplidores. Así también, no podemos nunca generalizar indicando que todos los funcionarios de la Administración Tributaria son arbitrarios y malos: los hay muy competentes y ejemplares en el cumplimiento de su trabajo.

Pero desgraciadamente, Hacienda ha vendido la idea que el sector privado es abusivo, incumplidor y defraudador, lo que ha generado que las leyes tributarias de nuestro país se hayan creado bajo esa errónea presunción. Es como si se asumiera que porque ha habido un aumento en la delincuencia y los asesinatos en Desamparados, todos los residentes de esa zona son delincuentes y asesinos. Por supuesto que no. Por ello, no podrían aprobarse leyes que afectaran la libertad y los derechos de todos los ciudadanos solo por tratar de “contrarrestar” y “atacar” la delincuencia de la zona.

Pues lo mismo ocurre con las leyes tributarias: no pueden diseñarse las leyes bajo la presunción que todos defraudamos, porque con ello se violan los más elementales de nuestros derechos constitucionales. Basta preguntar a quienes han sido objeto de actuaciones de control o fiscalización por parte de la Administración Tributaria y podría asegurarles que las opiniones no serán del todo favorables por lo indicado.

El Proyecto de Lucha contra el Fraude Fiscal, uno de los que ya se encuentran en la Asamblea Legislativa, es realmente un proyecto deficienteTiene muchísimos errores técnicos y, bajo la imagen de un nombre pomposo (“lucha contra el fraude”), esconde una propuesta normativa abusiva (otorgando potestades ilimitadas y en mi opinión inconstitucionales a la Administración) e introduce reglas que desincentivan la creación de empleo y riqueza de parte del sector privado. Su aprobación sería nociva. Y debe recordarse que en la Administración Chinchilla se llevaron a cabo más reformas fiscales que en anteriores Gobiernos, otorgándole potestades a la Administración casi ilimitadas y abusivas frente al contribuyente, como la desafortunadamente conocida figura del cobro coactivo (artículo 144 CNPT), cuya aplicación está suspendida dado que aún sigue en análisis por la Sala Constitucional.

Los Proyectos de Reforma al Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto General sobre las Ventas (que le convierten en un IVA), no son más que mamparas normativas que introducen incrementos en las actuales tarifas de tributos. De esta manera, bajo la imagen de una reforma comprensiva, se esconde un único y absoluto propósito de aumento de la carga tributaria de quienes ya pagamos. Así, todo es un simple adorno para vender más y más tributos, pero –claro está- sin las reformas adecuadas de reducción del gasto. Que se ha “hecho algo para bajar el gasto”…puede que sí, pero una golondrina no hace verano, y mientras las intenciones no se conviertan en reformas normativas, no habrá un verdadero compromiso estatal.

Para muestra, no uno, sino muchísimos botones. En los proyectos indicados, se aumenta –entre muchos otros- el Impuesto al Salario, el Impuesto General sobre las Ventas (incluyendo la ampliación de la base al gravar todos los servicios), el Impuesto de Traspaso de Bienes Muebles e Inmuebles (con incrementos sustantivos y excesivos), las Ganancias de Capital, las rentas de las grandes Cooperativas, los excesos en los pagos de Cesantía, el impuesto a los diviendos entre sociedades costarricenses, se busca introducir una renta mundial (o territorial extensiva)… en fin, aumentos, aumentos y más aumentos en la carga tributaria de todos nosotros.

Discutiendo este tema con algunos alumnos del curso de Derecho Tributario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, comentábamos la situación arriba descrita, y nos cuestionábamos si una correcta fundamentacion académica o teórica resulta suficiente para apoyar una reforma. En otras palabras, nos planteamos si debíamos o no apoyar esta reforma en el supuesto que consideremos que algunos conceptos que se introducen a través de los proyectos son técnicamente correctos –como la introducción de un IVA o la ampliación de la base de gravamente a todos los servicios. Desde mi punto de vista, la introducción del IVA es válida y adecuada, pero no por ello se debe aprovechar la reforma para incrementar la tarifa del 13% al 15% (ni siquiera de manera escalonada).

El conocimiento académico y conceptual debe ayudarnos a entender la realidad y a plantear soluciones adecuadas a los problemas que nos aquejan, pero no por ello debemos aceptar todo de manera ciega y sin mayores miramientos. Aunque nos muestren un análisis comparativo de la región, aduciendo que nuestra tarifa de IVA es menor en comparación con la de otros países, no podemos aislar dicho análisis de la realidad fiscal de nuestro país. Es cierto que la tarifa puede ajustarse para incrementar la carga fiscal, pero el análisis y la discusión se vuelven estériles si lo hacemos de forma aislada a nuestra realidad fiscal: si no hay una reforma normativa que ajuste el gasto estatal, no debemos apoyar reforma fiscal alguna.

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Tribuna Fiscal Diego Salto y José María Oreamuno

Diego Salto van der Laat. Socio de Impuestos de AFC. Doctor en Derecho Financiero y Tributario por la Universidad de Sevilla (España). Columnista, Bloguero y colaborador de El Financiero por más de 15 años. Profesor de Derecho Tributario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Ha sido profesor invitado en temas de fiscalidad centroamericana en la Universidad Northwestern (Chicago) y Complutense de Madrid (España). Considerado como uno de los asesores fiscales más recomendados del país por entidades como Chambers and Partners, Latin Lawyers, Who´s Who, The Legal 500, entre otros. Galardonado con el premio Profesional Liberal del Año por la Cámara de Comercio de Costa Rica (2011). Coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios del Colegio de Abogados. Presidente de la Asociación IFA Costa Rica, representante en el país de la International Fiscal Association (IFA), de la cual forma parte de su Comité Regional Latinoamericano. Autor de publicaciones y expositor de temas tributarios tanto a nivel nacional como internacional (Costa Rica, España, Estados Unidos, Argentina, Uruguay, México, República Dominicana, Alemania, entre otros). Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en programas de capacitación a funcionarios de la Administración Tributaria, Poder Judicial, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la República, entre otros (2003).

José María Oreamuno Linares. Socio de Facio & Cañas y de Faycatax, su Servicio de Impuestos. Escribe en El Financiero desde 1995. Ejerce como litigante. Profesor de Derecho Tributario en la Universidad de Costa Rica. Miembro fundador del Instituto Costarricense de Estudios Fiscales (ICEF) y de la asociación costarricense corresponsal de la International Fiscal Association (IFA). Tiene un postgrado en Fiscalidad Internacional por la Universidad de Castilla-La Mancha (España).

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