La Sala IV se equivoca con los Precios de Transferencia


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La Sala IV recientemente emitió uno de sus peores fallos en materia tributaria. Mediante Voto 4940-12 de 18 de abril del año en curso, la Sala resolvió una acción presentada por una empresa contribuyente en contra de la Directriz 20-03, la cual pretende implantar ilegal e incorrectamente la figura de los precios de transferencia en Costa Rica. Veamos por qué.

¿Qué son precios de transferencia? De forma muy resumida y a los únicos efectos de ubicar al lector en la perspectiva del tema, “precios de transferencia” es la expresión técnica utilizada para hacer referencia a los precios de bienes y servicios pactados entre empresas vinculadas. Por ello, cuando se habla de “normas de precios de transferencia”, se hace expresamente mención a las metodologías que permiten a la Administración Tributaria ajustar los precios de bienes y servicios pactados entre empresas vinculadas, cuando considera que no se ajustan al principio de la libre concurrencia o “arm´s lenghts”.

Al afectarse el precio de bienes y servicios, lo que se realiza es una modificación directa de la base imponible del impuesto sobre la renta. Ejemplo: la sociedad XX, S.A. le vendió producto a su sociedad relacionada AA, S.A. por 10 colones. Ese mismo producto fue vendido por XX, S.A. a una entidad no relacionada por 15 colones. Con base en las normas de precios de transferencia, la Administración Tributaria podría ajustar el precio de la venta entre las partes vinculadas, al considerar que debió realizarse a los mismos 15 colones que se pactó con el tercero no relacionado. Al hacerlo, le cobraría a AA, S.A. más impuesto sobre la renta por cuanto presumiría que debió haber recibido 15 colones y no 10. Obviamente esta es una explicación sencilla y simplista de la cuestión, ya que el estudio y análisis de los precios de transferencia es probablemente el área más compleja de toda la materia tributaria, en donde deben regularse no solo las metodologías, sino también los comparables y las normas que determinan cuándo estamos en presencia de entidades vinculadas o no, entre otras.

Costa Rica no tiene normas de precios de transferencia de rango legal. En una afán de regular la materia, la Dirección General de Tributación emitió errónea e ilegalmente la Directriz 20-03 (en el año 2003), que ha venido siendo la base de muchos ajustes fiscales. Con base en ella, la Administración ajusta los precios con base en su consideración de “mercado”. Adicionalmente debe indicarse, que la gran mayoría de países poseen regulación legal sobre esta materia, o remiten –también mediante una norma de rango necesariamente legal- a los lineamientos que sobre la materia emite la OCDE, las cuales son las más relevantes a nivel mundial.

¿A dónde está el error de la Sala IV?El error de la Sala fue principalmente uno: nunca entendió el tema. Resulta evidente que la Sala no estudió a fondo ni investigó sobre precios de transferencia. Suena arriesgado decirlo, pero ello resulta evidente a partir de la lectura del Voto. La Sala considera que la Directriz 20-03 es válida y que, peor aún, la Administración Tributaria puede utilizar las disposiciones de la OCDE de Precios de Transferencia ya que ello no violenta nuestra sistema legal…son simples normas técnicas…y cualquier discusión sobre el tema debe resolverse en la vía de la legalidad. Que grave error.

Las normas de precios de transferencia solo pueden regularse vía Ley…no jurisprudencialmente ni mucho menos por medio de una Directriz. Decir lo contrario es desconocer, entre otros, el Principio de Legalidad, el Capacidad Contribuyente, el de Seguridad Jurídica y el Principio de Materia Privativa de Ley.

¿Cómo puede afirmarse que la Directriz 20-03 y las normas de la OCDE son “normas técnicas” cuando lo que hacen es modificar la base imponible que solo puede modificarse por Ley? Al validar la utilización de los Lineamientos de la OCDE en materia de Precios de Transferencia de forma abierta, resulta evidente que la Sala desconoce que dichos lineamientos los deciden un grupo de expertos mundiales nombrados por la OCDE en París, a quienes la Sala ahora les otorga el rango de legisladores costarricenses. Desconoce la Sala que los Lineamientos de la OCDE son muy cambiantes, por lo que no es lo mismo los Lineamientos de 2010 que la de años anteriores. ¿Cuáles son las normas válidas?

La Sala desconoce la figura del “soft law” (que son normas no vinculantes) reconocida internacionalmente para las regulaciones fiscales internacionales, y concretamente para los precios de transferencia, en donde incluso los países miembros de la OCDE no aceptan abiertamente la regulación de precios de la propia OCDE sin que exista una norma de rango legal que así lo indique. Pero curiosamente Costa Rica, que no es miembro de la OCDE y que apenas empezamos como país a tener los primeros contactos formales con la organización, si considera ahora que todo lo que decida la OCDE en precios de transferencia tiene igual peso que nuestras leyes.Impresionante disparate jurídico.

Tan equivocada está la Sala IV en su análisis, que el propio Ministerio de Hacienda ha estado consciente de la necesidad de regular de forma legal el tema de los precios de transferencia, por cuanto ha sido objeto de propuesta de reforma en diversos proyectos de Ley, incluyendo el Proyecto de Ley de Ordenamiento Fiscal y el de Solidaridad Tributaria. Más aún, existen declaraciones del anterior Director General de Tributación en donde expresa y públicamente indicó que Costa Rica no tiene regulación en la materia.

Esta situación fue reseñada también por mi colega y buen amigo, José María Oreamuno, en la columna de esta semana en El Financiero, con un buen análisis crítico del Voto en cuestión.

La Sala se equivocó y con su error está generando un gran perjuicio al país. La Sala debe modificar su criterio, y el Poder Ejecutivo debe necesariamente hacer algo al respecto. De lo contrario, un pequeño y mal fundamentado Voto generará consecuencias abusivas e irreparables a nuestro sistema.

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Tribuna Fiscal Diego Salto y José María Oreamuno

Diego Salto van der Laat. Socio de Impuestos de AFC. Doctor en Derecho Financiero y Tributario por la Universidad de Sevilla (España). Columnista, Bloguero y colaborador de El Financiero por más de 15 años. Profesor de Derecho Tributario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Ha sido profesor invitado en temas de fiscalidad centroamericana en la Universidad Northwestern (Chicago) y Complutense de Madrid (España). Considerado como uno de los asesores fiscales más recomendados del país por entidades como Chambers and Partners, Latin Lawyers, Who´s Who, The Legal 500, entre otros. Galardonado con el premio Profesional Liberal del Año por la Cámara de Comercio de Costa Rica (2011). Coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios del Colegio de Abogados. Presidente de la Asociación IFA Costa Rica, representante en el país de la International Fiscal Association (IFA), de la cual forma parte de su Comité Regional Latinoamericano. Autor de publicaciones y expositor de temas tributarios tanto a nivel nacional como internacional (Costa Rica, España, Estados Unidos, Argentina, Uruguay, México, República Dominicana, Alemania, entre otros). Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en programas de capacitación a funcionarios de la Administración Tributaria, Poder Judicial, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la República, entre otros (2003).

José María Oreamuno Linares. Socio de Facio & Cañas y de Faycatax, su Servicio de Impuestos. Escribe en El Financiero desde 1995. Ejerce como litigante. Profesor de Derecho Tributario en la Universidad de Costa Rica. Miembro fundador del Instituto Costarricense de Estudios Fiscales (ICEF) y de la asociación costarricense corresponsal de la International Fiscal Association (IFA). Tiene un postgrado en Fiscalidad Internacional por la Universidad de Castilla-La Mancha (España).

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