Balance fiscal: ¿negativo o positivo?


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Hace unas semanas que no escribía. En un intento de actividad deportiva, el codo me hizo una mala jugada (siempre es bueno en estos asuntos echarle la culpa a alguien más…) y terminé enyesado e inmovilizado durante más tiempo del esperado. La imposibilidad de escribir, y llevar a cabo algunas de las tareas que siempre he considerado sencillas y básicas, sirvió no solo para apreciar aún más las ventajas que la vida nos da, sino que también para observar con alguna pauta la realidad tributaria “post-intento-de-reforma”.

Me resultó particularmente curioso lo ocurrido luego de la resolución negatoria de la Sala. Parecía que incluso los propios adversarios al proyecto se asombraron del resultado…fue como si al fiscal acusador le sorprendiera la sentencia favorable a sus intereses. Fueron unos días, casi semanas, de resaca fiscal. Y como si fuera poco, todo esto ocurrió en una coyuntura acéfala tanto en el Ministerio de Hacienda como en la Dirección General de Tributación.

Con el pasar de las semanas, la realidad fiscal ha vuelto a su cauce…pero con un enfoque particularmente distinto del caracterizado en los últimos meses. Veamos qué ha ocurrido y cómo se está desarrollando este “nuevo” escenario.

Proyectos de Ley. De los proyectos que se encuentran en la actual corriente legislativa, conviene rescatar el de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria así como el de Transparencia Fiscal. Ambos son necesarios e inicialmente pareciera que su aprobación era cuestión de tiempo…pero los acontecimientos políticos a lo interno de los partidos así como en la Asamblea Legislativa han atrasado el tema. Afortunadamente. Estos proyectos son tendencialmente buenos en su objetivo, pero poseen gravísimos errores que francamente prefiero que no pasen a que se aprueben tal cuales. ¿Cuáles errores? Veamos los principales.

En el Proyecto de Gestión Tributaria se elimina el proceso de consulta tributaria. Así como lo lee. Actualmente cuando el contribuyente posee dudas sobre la aplicación de una norma y posee un interés legítimo, puede solicitarle a la Administración Tributaria que le confirme si su criterio es el correcto o no. La consulta tributaria (usualmente llamada “consulta del artículo 119” por su ubicación en el Código) es un logro enorme del cual Costa Rica debe sentirse orgulloso de tener, demuestra madurez en el sistema y sobretodo, otorga seguridad jurídica.Eliminar esta facultad es un absoluto error, cuyas razones desconozco. Solo este asunto amerita oponerse abiertamente al proyecto.

Adicionalmente, el Proyecto elimina la actual limitación a brindar información tributaria que poseen los ascendientes y descendientes (hijos, padres) sobre los temas fiscales de un contribuyente, así como del confesor sobre su confesado, o del profesional asesor sobre su cliente cuando le proteja el secreto profesional. Caemos en el ridículo normativo de pensar que un abogado tendrá que violentar su secreto profesional para dar toda la información confidencial de su cliente, aún y cuando ello le hace caer no solo incumplir su función sino caer en una sanción penal por revelar información. Las ansias de recaudación no pueden incumplir ni desconocer el Derecho.

Por su parte, en el Proyecto de Transparencia Fiscal se permite que la Administración Tributaria solicite la apertura del secreto bancario…lo cual es algo correcto y deseable. Ahora bien, la apertura de cuentas solamente debería proceder cuando el contribuyente se encuentre en un proceso de fiscalización, tal y como lo indica la OCDE. Pero resulta que el Proyecto va más allá, y establece que la apertura procede aún en ausencia de una fiscalización y ante cualquier investigación que la Administración Tributaria realice. Este tipo de actuaciones, llamadas “expediciones de pesca”, son consideradas indeseables a nivel internacional y prohibidas por la OCDE. ¿Por qué seguir con la necedad de tratar de violentar los derechos de los contribuyentes? A pesar de haberse comentado este asunto una y otra vez, se insiste en aprobar el proyecto tal cual.

Los otros proyectos que están en la Asamblea, incluyendo el del Impuesto a los Casino que ha sido aprobado en Primer Debate, son importantes pero no poseen implicación general. Sin embargo, igual nos referiremos a ellos en los próximos días.

Además del esfuerzo legislativo, la Administración ha seguido en su esfuerzo fiscalizador…unas veces positivamente y otros, por desgracia, arbitraria y abusivamente. ¿Cómo lo está haciendo? En primer lugar ha seguido manteniendo las políticas positivas implementadas por el anterior Director General de Tributación, en donde se ha buscado una forma de generar eficiencia administrativa con los limitados recursos que se poseen. Entre estas políticas, se ha “invitado” a muchos de los contribuyentes que declararon pérdidas o no declararon impuestos en los años anteriores, a que se apersonen a la Administración Tributaria a explicar las razones de esta situación. Inicialmente es una buena práctica, lo que pone en evidencia la necesidad que tiene la Administración Tributaria de conocer al contribuyente. Este proceso lo realiza “Gestión de Cumplimiento”, por lo que no es una fiscalización y, como tal debe ser entendido. Eso quiere decir que, si las potestades que se poseen en esta etapa son limitadas, y si la Administración considera necesario solicitar documentación o información, pues deberá hacerlo por las vías procesales adecuadas e iniciar un proceso de fiscalización. ¿Por qué? Pues porque de no hacerlo, se estaría en presencia de un proceso de fiscalización de facto pero sin la posibilidad de que se respete el proceso legal indicado normativamente en perjuicio del contribuyente.

La Administración Tributaria seguirá en este esfuerzo dado que no solo tiene que hacer su trabajo, sino que también debe demostrar y probar que está llevando a cabo una adecuada labor de fiscalización como paso previo a una posible futura reforma. En otras palabras, si el Poder Ejecutivo quiere aumentar la carga tributaria, primero deberá probar que la recaudación se realiza de manera diligente pero que, aún así, la cobija no da…

Y, finalmente, este “nuevo” escenario se completa con dos nuevas caras en la jerarquía fiscal del país. No conozco al nuevo Ministro de Hacienda, pero muchas de las personas con las que he conversado y que le conocen me han compartido comentarios muy positivos de él como profesional: solo esto es un buen inicio. El Ministro ya adelantó recientemente en otro medio de comunicación que no descarta una nueva reforma en los próximos meses, siempre que logre probar el aumento en la recaudación y un mayor control en el gasto. En todo caso, ¿fue un ejercicio de retórica para “tantear” el terreno o de guerra al sonar los tambores? Aún es temprano para saberlo, además que ello no depende solo de él sino de un entramado político cada vez más complejo en la Asamblea.

En cuanto al nuevo Director General de Tributación, resulta importante indicar que es un profesional “de la casa”…que conoce a fondo la estructura de la Administración y que ha participado de cerca en el proceso de reforma de los últimos meses. Me parece que él es un punto muy positivo dentro del nuevo escenario fiscal del país, y que –con una forma o enfoque de trabajo distinto al del anterior Director- puede jugar un papel importantísimo en seguir el esfuerzo de recaudación y fiscalización iniciado hacer casi un par de años…y que tanto necesita el país.

La Administración Tributaria debe fiscalizar y recaudar en cumplimiento del marco normativo vigente, y tener siempre presente que no todos los contribuyentes son defraudadores,…pero al mismo tiempo, debe demostrar que los defraudadores no salen impunes. Por ello, resultará importante seguir observando la práctica fiscal en los próximos meses y, sobre ello, trataremos en los siguientes días para ir analizando algunos temas que afectan tanto a la Administración Tributaria como a los contribuyente.

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Tribuna Fiscal Diego Salto y José María Oreamuno

Diego Salto van der Laat. Socio de Impuestos de AFC. Doctor en Derecho Financiero y Tributario por la Universidad de Sevilla (España). Columnista, Bloguero y colaborador de El Financiero por más de 15 años. Profesor de Derecho Tributario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Ha sido profesor invitado en temas de fiscalidad centroamericana en la Universidad Northwestern (Chicago) y Complutense de Madrid (España). Considerado como uno de los asesores fiscales más recomendados del país por entidades como Chambers and Partners, Latin Lawyers, Who´s Who, The Legal 500, entre otros. Galardonado con el premio Profesional Liberal del Año por la Cámara de Comercio de Costa Rica (2011). Coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios del Colegio de Abogados. Presidente de la Asociación IFA Costa Rica, representante en el país de la International Fiscal Association (IFA), de la cual forma parte de su Comité Regional Latinoamericano. Autor de publicaciones y expositor de temas tributarios tanto a nivel nacional como internacional (Costa Rica, España, Estados Unidos, Argentina, Uruguay, México, República Dominicana, Alemania, entre otros). Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en programas de capacitación a funcionarios de la Administración Tributaria, Poder Judicial, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la República, entre otros (2003).

José María Oreamuno Linares. Socio de Facio & Cañas y de Faycatax, su Servicio de Impuestos. Escribe en El Financiero desde 1995. Ejerce como litigante. Profesor de Derecho Tributario en la Universidad de Costa Rica. Miembro fundador del Instituto Costarricense de Estudios Fiscales (ICEF) y de la asociación costarricense corresponsal de la International Fiscal Association (IFA). Tiene un postgrado en Fiscalidad Internacional por la Universidad de Castilla-La Mancha (España).

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