El costo fiscal de la Concesión


  • Facebook (Recomendar)
  • Tweetea!

La decisión tomada por la señora Presidenta no solo tiene un enfoque político. Está claro que la motivación del anuncio de rescisión del contrato de concesión del corredor San José-San Ramón es un acto de conciliación entre un maltrecho Poder Ejecutivo y un pueblo cansado de la inercia política de los últimos años. Pero tal decisión tiene sin duda una gran consecuencia fiscal que resulta importante no perder de vista.

El modelo de Concesión de Obra y Servicios Público ha sido conceptualizado para generar el desarrollo en sectores en los cuales el Estado no puede participar por razones de costos o de experiencia, principalmente. En el caso costarricense, el rezago en la construcción de obras de infraestructura pública como carreteras y puertos, hace necesario que el Estado deba invertir grandes sumas de dinero para poder responder a las necesidades inmediatas de la sociedad, tanto sociales como económicas. Y por esta razón, no debe obviarse el por qué del rezago en infraestructura en Costa Rica: nuestras finanzas públicas no han sido sanas ni adecuadamente gestionadas.

En este sentido, debe entenderse que por “finanzas públicas” hacemos referencia necesaria a sus dos principales componentes: el ingreso y el gasto. Por ello, podemos obtener una primera conclusión, no absoluta dado que hay muchos otros factores, pero sí importante: si el Estado tuviera un adecuado nivel de ingresos, tendría los fondos suficientes para llevar a cabo las labores inherentes que constitucionalmente se le imponen, siempre que, al mismo tiempo, gestione de manera adecuada el gasto asociado con los recursos obtenidos. En otras palabras, si el Estado logra obtener recursos correctamente y logra gastarlos eficientemente.

En la medida en que el Estado ni tenga los recursos ni los administre bien, pues tendrá que buscar otras formas por medio de las cuales pueda solventar las necesidades de infraestructura que nuestro país tiene. Pero, ¿qué es primero: arreglar el problema de las finanzas o proveer los instrumentos de desarrollo?

Por lo anterior, la rescisión contractual que anunció doña Laura el día de ayer no es más que el reflejo del mayor problema que tiene nuestro Estado: la imposibilidad de manejar adecuadamente nuestras finanzas públicas.

Tan incorrecta es la evasión fiscal, como el aprovechamiento del sistema para recibir una pensión excesiva. Tan abusivo es el uso indebido de una exención, como el no pagar impuestos por un alquiler, por no pedir factura, por gozar de una incapacidad laboral sin justa causa. En estas y muchas más situaciones estamos golpeando a una sola Hacienda Pública maltrecha y adolorida. Esta misma Hacienda Pública que, en ausencia de los recursos necesarios para cubrir todas las necesidades, tendrá que priorizar sus inversiones y buscar opciones para financiar algunas de sus obras…y por supuesto que la Ley de Concesión de Obra y Servicio Público es una de las alternativas que el país optó por utilizar como solución a este problema.

Tenemos el derecho de exigir transparencia, máxime luego de los desagradable episodios de corrupción continua que hemos observado en los últimos años. Pero considero importante que el régimen de concesión no se ataque ni cuestione como instrumento de desarrollo, aunque sí se exijan mejoras en su marco normativo. Mientras las finanzas públicas no mejoren, tendremos que seguir apoyándonos en instrumentos de desarrollo como las concesiones.

Ahora bien, ello no significa que el apoyo a las concesiones presuponga una complicidad con el estado actual de ineficiencia de nuestras finanzas. Muy por el contrario. El régimen de concesiones es importante para nuestro desarrollo, pero el Ministerio de Hacienda deberá no solo mejorar sus niveles de recaudación (por supuesto que amparados a un sistema normativo y no arbitrario como en muchas oportunidades ocurre), sino también iniciar cuanto antes el proceso de reducción de gastos de un Estado ineficiente en sus salarios, en sus pensiones y en sus funciones…y para ello tenemos un Ministro de Hacienda “de lujo” que ha dado muestras suficientes para pensar que los cambios están por venir.

Al final de cuentas, la infraestructura que requiere el país –incluyendo el corredor San José – San Ramón- requiere una inversión que alguien deberá cubrir: o lo hacemos todos a partir de nuestros impuestos y del adecuado uso de nuestros recursos público, o tendremos que seguir solicitando la participación de empresas que deseen aventurarse en un ambiente negocial costarricense cada día más caracterizado por una menor seguridad jurídica.


INCLUYA SU COMENTARIO

img-title-blogs author-image

Tribuna Fiscal Diego Salto y José María Oreamuno

Diego Salto van der Laat. Socio de Impuestos de AFC. Doctor en Derecho Financiero y Tributario por la Universidad de Sevilla (España). Columnista, Bloguero y colaborador de El Financiero por más de 15 años. Profesor de Derecho Tributario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Ha sido profesor invitado en temas de fiscalidad centroamericana en la Universidad Northwestern (Chicago) y Complutense de Madrid (España). Considerado como uno de los asesores fiscales más recomendados del país por entidades como Chambers and Partners, Latin Lawyers, Who´s Who, The Legal 500, entre otros. Galardonado con el premio Profesional Liberal del Año por la Cámara de Comercio de Costa Rica (2011). Coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios del Colegio de Abogados. Presidente de la Asociación IFA Costa Rica, representante en el país de la International Fiscal Association (IFA), de la cual forma parte de su Comité Regional Latinoamericano. Autor de publicaciones y expositor de temas tributarios tanto a nivel nacional como internacional (Costa Rica, España, Estados Unidos, Argentina, Uruguay, México, República Dominicana, Alemania, entre otros). Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en programas de capacitación a funcionarios de la Administración Tributaria, Poder Judicial, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la República, entre otros (2003).

José María Oreamuno Linares. Socio de Facio & Cañas y de Faycatax, su Servicio de Impuestos. Escribe en El Financiero desde 1995. Ejerce como litigante. Profesor de Derecho Tributario en la Universidad de Costa Rica. Miembro fundador del Instituto Costarricense de Estudios Fiscales (ICEF) y de la asociación costarricense corresponsal de la International Fiscal Association (IFA). Tiene un postgrado en Fiscalidad Internacional por la Universidad de Castilla-La Mancha (España).

Post por fecha

Diciembre 2014
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31