La Casa será de Lujo…pero el impuesto es deficiente


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El Impuesto Solidario, usualmente denominado como Impuesto a las Casas de Lujo, es uno de los tantos ejemplos que posee nuestro sistema fiscal sobre lo que no debería hacerse. Pero no me malinterprete…me parece que la finalidad del impuesto es adecuada: quienes demuestran una capacidad económica mayor a través de su patrimonio habitacional, podrán aportar más a la Hacienda Pública. Pero el objetivo inicial pareciera no haberse materializado… el impuesto es ineficiente y debería modificarse estructuralmente o, mejor aún, debería derogarse.

Empecemos por la recaudación. Según lo establece el Presupuesto de Ingresos Corrientes de la Contraloría General de la República para 2012,  la recaudación no ha llegado en años anteriores ni al 0,01% del ingreso tributario total del Gobierno Central. No tengo cifras de cuánto debe gastar el Estado para recaudar y fiscalizar el impuesto, pero ¿será eficiente? Tómese en cuenta que al final se recauda menos de US$5 millones.

Otro de los puntos criticables es la complejidad del proceso de determinación y liquidación del impuesto. En otras palabras, calcular y pagar el impuesto no es sencillo…y a ello “súmele” que no se ha facilitado al contribuyente las herramientas para su cumplimiento a tiempo. Para muestra (no uno sino) varios botones….El formulario del impuesto, es decir, la Declaración con la cual se cumple con el cálculo y pago del impuesto, fue puesto a disposición del contribuyente hasta el día 21 de diciembre solo tres semanas antes del vencimiento de la fecha de pago, escasos días antes de Navidad y en el último día laboral de gran parte del Gobierno…y de la mayoría del sector privado.

Además de la complejidad, hay que considerar que la gran mayoría de los contribuyentes han tenido que contratar algún tipo de asesoría profesional para poder cumplir con el impuesto…un perito, un contador o un abogado versado en el tema. ¿Y no era que el Estado facilitaría el pago de los impuestos?

Otro punto de discusión es el impuesto en sí: la Ley posee errores en su estructura o planteamiento. En un primer momento solo se toma en consideración el valor fiscal de la infraestructura y, si se supera un determinado umbral, entonces habrá que adicionarle otros conceptos como el terreno. Pero…¿ cuál terreno? ¿solo la huella en donde se ubica la casa o todo el terreno? Más aún…¿a qué se hace referencia cuando se menciona “la huella”? Conozco situaciones en las que la Administración Tributaria ha considerado que la huella incluye el retiro existente entre la casa y la tapia, mientras que en otros ha considerado que se debe considerar la “unión” entre la casa y las construcciones accesorias…Por ejemplo, si entre la casa y un rancho o piscina hay veinte metros de distancia…debo considerar una “conexión” de un metro de ancho o de dos o tres metros, o por qué no, de todo el terreno entre ambas edificaciones. Bajo este concepto, estamos en presencia de un Impuesto de Bienes Inmuebles ampliado o “VIP”.

La base imponible, referida al concepto de “valor fiscal”, se fundamenta en dos parámetros de valor: (a) el de las tipologías constructivas y (b) el de la Plataforma de Valores por Zonas Homogéneas. El incremento en los valores de las tipologías constructivas ha sido muy cuestionado. Y aunque la respuesta técnica ofrecida por el Órgano de Normalización Técnica me parece adecuada (había un desfase entre los anteriores valores y los actuales), lo cierto es que la práctica ha reflejado incrementos que no encajan con la realidad. Igual situación ocurre con las Plataformas de Valores por Zonas Homogéneas, las cuales han sido constantemente cuestionadas desde su implantación en algunas Municipalidades a efectos del Impuesto de Bienes Inmuebles.

En fin…solo quería compartir con ustedes brevemente sobre este tema. Si hacer que la gente pague impuestos es tan difícil, por qué se empeñan en complicarlo aún más en lugar de facilitar su cumplimiento. Ahora bien… no todo es criticable…hay que aplaudir que entre toda esta complejidad e ineficiencia , el Director General de Tributación hace muy bien en extender las fechas de pago de los impuestos cuando se han comprobado fallas en los sistemas informáticos…Aceptado el error…¿ por qué no considerar como siguiente paso el modificar o derogar este impuesto y sustituirlo por una figura recaudatoria más eficiente?


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Tribuna Fiscal Diego Salto y José María Oreamuno

Diego Salto van der Laat. Socio de Impuestos de AFC. Doctor en Derecho Financiero y Tributario por la Universidad de Sevilla (España). Columnista, Bloguero y colaborador de El Financiero por más de 15 años. Profesor de Derecho Tributario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Ha sido profesor invitado en temas de fiscalidad centroamericana en la Universidad Northwestern (Chicago) y Complutense de Madrid (España). Considerado como uno de los asesores fiscales más recomendados del país por entidades como Chambers and Partners, Latin Lawyers, Who´s Who, The Legal 500, entre otros. Galardonado con el premio Profesional Liberal del Año por la Cámara de Comercio de Costa Rica (2011). Coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios del Colegio de Abogados. Presidente de la Asociación IFA Costa Rica, representante en el país de la International Fiscal Association (IFA), de la cual forma parte de su Comité Regional Latinoamericano. Autor de publicaciones y expositor de temas tributarios tanto a nivel nacional como internacional (Costa Rica, España, Estados Unidos, Argentina, Uruguay, México, República Dominicana, Alemania, entre otros). Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en programas de capacitación a funcionarios de la Administración Tributaria, Poder Judicial, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la República, entre otros (2003).

José María Oreamuno Linares. Socio de Facio & Cañas y de Faycatax, su Servicio de Impuestos. Escribe en El Financiero desde 1995. Ejerce como litigante. Profesor de Derecho Tributario en la Universidad de Costa Rica. Miembro fundador del Instituto Costarricense de Estudios Fiscales (ICEF) y de la asociación costarricense corresponsal de la International Fiscal Association (IFA). Tiene un postgrado en Fiscalidad Internacional por la Universidad de Castilla-La Mancha (España).

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