TRIBUTOS

Impuestos a la grasa…



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Cuando era adolescente se puso de moda una cancioncilla que decía: ¡Que se mueran los feos!... que se mueran todos, toditos, que no quede ninguno de feo… Me acordé de ella porque el 30 de octubre el Senado mexicano decidió incrementar a 8% el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a alimentos con alto valor calórico, que contengan 275 kilocalorías o más por cada 100 gramos, tales como dulces, confites, bombones, chocolates, nieves y helados, galletas y pastas alimenticias, cerveza y refrescos embotellados. También se gravará con 1 peso más por litro de bebidas saborizadas, así como a los concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener bebidas que contengan cualquier tipo de azúcares añadidos.

Enrique Peña Nieto, el presidente mexicano, declaró que “estas medidas no van en contra de empresa o industria alguna; son a favor de lo más preciado que tenemos, la salud de nuestros niños y jóvenes”, durante la presentación de la Estrategia Nacional para la Prevención y Control de Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes.

En el 2011 Dinamarca aprobó un “impuesto a las grasas” de 16 coronas (2,9 dólares) por kilogramo de grasas saturadas en productos alimenticios; Hungría aprobó un “impuesto a la hamburguesa” de 10 florines ($0,5) que no sólo grava esos sandwiches sino todos los alimentos ricos en azúcar, sal, cafeína e hidratos de carbono. Al siguiente año Francia incrementó significativamente el impuesto a los refrescos con edulcorantes, y se discuten propuestas impositivas al fast food en Portugal y Nueva Zelanda.

A pesar de que en todos los casos la industria alimentaria puso el grito en el cielo, es sorprendente el alto grado de aceptación que este tipo de tributos obtiene en el imaginario colectivo. No es sólo la natural disposición favorable a impuestos que afecten a otros (“los feos”) y no a mí, ni a mi grupo más cercano. Quizás sea también superficialidad en el análisis.

Los políticos venden este tipo de medidas prometiendo que los recursos obtenidos nos permitirán sufragar los costos sociales de conductas poco saludables, pero no nos explican como superarán la paradoja de que, si el impuesto tiene éxito recaudatorio es porque no tuvo éxito en disuadir esas conductas, y viceversa. En esta segunda hipótesis, podría argumentarse que sería buen negocio que el tributo no tenga éxito recaudatorio porque logró disminuir o eliminar la conducta dañina, pero la evidencia empírica es que esos tributos no provocan un cambios sustanciales en los hábitos alimenticios de la mayoría, y que para modificar conductas sería mucho más eficaz subsidiar alimentos “sanos” como frutas y verduras.

La verdad es que ya lo sabíamos: en Costa Rica los impuestos a los licores y al tabaco tienen éxito recaudatorio, pero muy limitada eficacia como modificadores de hábitos. Sucedía lo mismo antes, con los impuestos selectivos de consumo que gravaban las llantas (las de los vehículos), y más atrás con el decimonónico impuesto a las tierras ociosas…

La industria alimentaria se ha desgañitado afirmando que el azúcar, la sal, las grasas y los carbohidratos no tienen –por sí mismos- efectos negativos para la salud, e incluso que son necesarios para la vida; que los problemas de obesidad no provienen de los alimentos sino del exceso en su consumo y del sedentarismo, y que este tipo de impuestos no atacan el fondo del problema, sino que sólo pretenden engrosar las arcas del Estado a costa de las empresas del sector, lo cual, a su vez, plantea un problema de violación al principio constitucional de igualdad en el sostenimiento de las cargas públicas…

Usted, ¿qué opina? ¿Un impuesto puede o no ayudar a cambiar un estilo de vida?

Postdata: después de poco más de un año de tenerlo en vigor, Dinamarca decidió derogar el “impuesto a las grasas”. El Gobierno danés explicó que la retirada se debe a que produjo un aumento en el precio de los alimentos, la reducción de las ventas en el territorio nacional y el incremento de las compras de alimentos de otros países, la pérdida de puestos de trabajo daneses y, finalmente, a que el impuesto afectaba especialmente a las familias con economías más deprimidas.

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Tribuna Fiscal Diego Salto y José María Oreamuno

Diego Salto van der Laat. Socio de Impuestos de AFC. Doctor en Derecho Financiero y Tributario por la Universidad de Sevilla (España). Columnista, Bloguero y colaborador de El Financiero por más de 15 años. Profesor de Derecho Tributario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Ha sido profesor invitado en temas de fiscalidad centroamericana en la Universidad Northwestern (Chicago) y Complutense de Madrid (España). Considerado como uno de los asesores fiscales más recomendados del país por entidades como Chambers and Partners, Latin Lawyers, Who´s Who, The Legal 500, entre otros. Galardonado con el premio Profesional Liberal del Año por la Cámara de Comercio de Costa Rica (2011). Coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios del Colegio de Abogados. Presidente de la Asociación IFA Costa Rica, representante en el país de la International Fiscal Association (IFA), de la cual forma parte de su Comité Regional Latinoamericano. Autor de publicaciones y expositor de temas tributarios tanto a nivel nacional como internacional (Costa Rica, España, Estados Unidos, Argentina, Uruguay, México, República Dominicana, Alemania, entre otros). Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en programas de capacitación a funcionarios de la Administración Tributaria, Poder Judicial, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la República, entre otros (2003).

José María Oreamuno Linares. Socio de Facio & Cañas y de Faycatax, su Servicio de Impuestos. Escribe en El Financiero desde 1995. Ejerce como litigante. Profesor de Derecho Tributario en la Universidad de Costa Rica. Miembro fundador del Instituto Costarricense de Estudios Fiscales (ICEF) y de la asociación costarricense corresponsal de la International Fiscal Association (IFA). Tiene un postgrado en Fiscalidad Internacional por la Universidad de Castilla-La Mancha (España).

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