¿Existe una intimidad fiscal…o todo es público?


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El fracaso del Proyecto de Ley de Solidaridad Tributaria y la renuncia de los jerarcas de Hacienda y la Administración Tributaria, ha generado un sentimiento en contra de la intimidad fiscal como nunca antes se había visto en nuestro país. Todos debemos abrir nuestras cuentas al país entero…ya no solo a Hacienda, sino a todos aquellos que deseen conocer sobre ellas incluyendo por supuesto a los periódicos, las revistas y los telenoticiarios. Estamos en presencia de una especie de Marcanthismo fiscal a la tica, en donde todos somos culpables sin importar las circunstancias. Al culparse al evasor de gran parte del actual estado de las finanzas, se ha intentado entrar en una especie de “toque de queda fiscal”, en donde todos seremos culpables y cederemos toda nuestra intimidad fiscal en aras de mantener el orden. ¿Es esto correcto? Al igual que en un Estado Autoritario con el toque de queda…como algunos son malos, a pesar de que otros muchos puedan ser buenos, vamos a eliminar algunos derechos de forma general. ¿Es esto respetuoso con los Derechos y Garantías del Contribuyente y los derechos constitucionalmente tutelados? Veamos.

La disponibilidad de la información fiscal tiene su referencia constitucional principalmente en dos artículos. En primer lugar, el artículo 18 de la Constitución Política (CP) establece que todos debemos contribuir al sostenimiento de las cargas públicas. La norma habla de “todos”, y no de “los que deseen” o los que “no puedan esconder su riqueza”. Ante este mandato, el legislador aprueba y diseña un sistema tributario que permite que cada quien aporte de acuerdo a su capacidad contributiva. ¿Cómo puede medir el contribuyente y la propia Hacienda la capacidad económica de cada uno de nosotros? Ello se hace a través de lo que se denominan métodos de estimación, es decir, metodologías a partir de las cuales se mide cuánto se ha generado para determinar precisamente cuánto debemos aportar. Estas metodologías pueden basarse en documentos y hechos tangibles (estimación directa) o indicios (estimación indirecta). Por esta razón, resulta importante que la Administración Tributaria tenga acceso a la información del contribuyente. Ahora bien, ¿puede la Administración Tributaria acceder a toda la información o existe una intimidad fiscal inalienable para el contribuyente? Acá entra el segundo artículo constitucional que indicaba.

El artículo 24 CP establece el derecho a la intimidad, estableciendo –en cuanto a materia tributaria– que la “los funcionarios competentes del Ministerio de Hacienda” podrán tener acceso a “los libros de contabilidad y sus anexos para fines tributarios.” Esta redacción no es la más adecuada ni la mejor en términos conceptuales, pero nos da una idea inicial de análisis: el Estado puede tener acceso a la información de trascendencia tributaria. Dicho acceso viene a estar desarrollado en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, en donde se establecen diversas disposiciones que regulan los requerimientos de información que la Administración Tributaria puede realizar. ¿Es esto correcto? Por supuesto que sí…para poder cumplir con el deber constitucional de contribuir, hay que conocer la fuente de la información fiscal. Hasta acá vamos bien…hasta que en los últimos meses ha empezado a florar la idea de que las cuentas fiscales de los contribuyentes deben ser todas públicas, sin importar los procedimientos ni los derechos, dado que se ha ponderado que quien no lo hace traiciona a la patria.

Este sentimiento se ha manifestado en diversas formas. Veamos algunas.

El proyecto de Ley de Transparencia Fiscal establece que la Administración Tributaria podrá tener acceso a las cuentas bancarias del contribuyente, previa autorización de un juez, en cualquier momento. En otras palabras, no es indispensable que el contribuyente esté en una auditoría fiscal…puede ser cuando ellos lo consideren oportuno. Esto se llama en derecho comparado “expediciones de pesca”…es decir, solicito la apertura de las cuentas bancarias de los contribuyentes “para ver que pesco o agarro mal colocado”. Esto está prohibido a nivel internacional. Recordemos que este proyecto busca cumplir con la comunidad internacional y el Foro Global de la OCDE para que Costa Rica deje de ser considerado una jurisdicción no cooperante en materia fiscal. Entonces…¿por qué mantener esta disposición abusiva y contraria al derecho?

El Proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Administración Tributaria establece algunas modificaciones en este mismo sentido. Entre otras, recientemente fue aprobada una moción del Diputado José María Villalta (Frente Amplio), que establece la publicidad absoluta de la información fiscal de los deudores con Hacienda. En lo que interesa dice lo siguiente:

“(…) Sin embargo, será de acceso público la información sobre los nombres de las personas físicas y jurídicas que tienen deudas tributarias con la Hacienda Pública y el monto de dichas deudas. Facúltese a la Administración Tributaria para publicar listas de personas deudoras con la Hacienda Pública y los montos adeudados, así como los nombres de personas físicas o jurídicas que no han presentado sus declaraciones o que realizan actividades económicas sin haberse inscrito como contribuyentes. (…)”.

Esta moción omite un elemento importantísimo: la Administración solo debería publicar la lista en aquellos casos en los cuales existe una resolución administrativa o judicial firme. Si el contribuyente tiene una discusión de interpretación o aplicación de una norma concreta y se emite un Traslado de Cargos…será el juez administrativo o judicial quien resolverá. Pero solo ahí, una vez firma la sentencia, podría publicarse el nombre del deudor.

Otro ejemplo. Actualmente se protege a algunos sujetos de brindar información: (i) quienes tengan la obligación de respetar el secreto profesional, (ii) cónyuges del contribuyente, (iii) ministros de culto (sacerdotes o pastores), (iv) la familia del contribuyente (ascendientes y descendientes de hasta tercer grado). El Proyecto de Ley de Fortalecimiento elimina estas protecciones. La que más me preocupa es la del Secreto Profesional…cualquier abogado o contador deberá compartir con la Administración Tributaria todo lo analizado y visto con su cliente…so pena de una sanción. Se elimina a porrazo limpio el secreto profesional.

Por supuesto que hay que atacar la evasión pero no en desconocimiento de los derechos de todos los contribuyentes. Quizás cuando se analizan o piensan estas normas solo se tiene en mente al evasor, al quien se burla de la Ley, la Constitución y, principalmente, de todos nosotros. Pero no puede generalizarse esa imagen en todos los demás contribuyentes…Aunque no lo crea, hay muchos y muy buenos contribuyentes…todos los que aportan su cuota al fisco y que hacen bien su tarea.

Luego de que trascendiera la información fiscal del ex Ministro de Hacienda y del ex Director de Tributación, los comentarios generalizados en las redes sociales era de rotundo apoyo a lo ocurrido, sin entrar en el análisis de si se violentaron o no derechos o normasEl fin justificó los medios aunque podría no estar amparados en la legalidad (…según tendrá que determinar más adelante el Poder Judicial…) ¿No tiene un asesino derechos? Pues estamos sobreponiendo un derecho económico por encima del mismo derecho a la vida, ya que pareciera que el bien tutelado es más reprochable en cuanto a evasión se refiere que a la vida misma. Interesante para el análisis…pero peligroso en su contenido.

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Tribuna Fiscal Diego Salto y José María Oreamuno

Diego Salto van der Laat. Socio de Impuestos de AFC. Doctor en Derecho Financiero y Tributario por la Universidad de Sevilla (España). Columnista, Bloguero y colaborador de El Financiero por más de 15 años. Profesor de Derecho Tributario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Ha sido profesor invitado en temas de fiscalidad centroamericana en la Universidad Northwestern (Chicago) y Complutense de Madrid (España). Considerado como uno de los asesores fiscales más recomendados del país por entidades como Chambers and Partners, Latin Lawyers, Who´s Who, The Legal 500, entre otros. Galardonado con el premio Profesional Liberal del Año por la Cámara de Comercio de Costa Rica (2011). Coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios del Colegio de Abogados. Presidente de la Asociación IFA Costa Rica, representante en el país de la International Fiscal Association (IFA), de la cual forma parte de su Comité Regional Latinoamericano. Autor de publicaciones y expositor de temas tributarios tanto a nivel nacional como internacional (Costa Rica, España, Estados Unidos, Argentina, Uruguay, México, República Dominicana, Alemania, entre otros). Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en programas de capacitación a funcionarios de la Administración Tributaria, Poder Judicial, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la República, entre otros (2003).

José María Oreamuno Linares. Socio de Facio & Cañas y de Faycatax, su Servicio de Impuestos. Escribe en El Financiero desde 1995. Ejerce como litigante. Profesor de Derecho Tributario en la Universidad de Costa Rica. Miembro fundador del Instituto Costarricense de Estudios Fiscales (ICEF) y de la asociación costarricense corresponsal de la International Fiscal Association (IFA). Tiene un postgrado en Fiscalidad Internacional por la Universidad de Castilla-La Mancha (España).

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