Eso que llaman “Precios de Transferencia”…¿qué es?


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Diversas personas me han preguntado en estos días sobre el tema de los precios de transferencia. Como muchos de ustedes habrán notado, en los últimos meses ha aumentado la mención a este término tanto en los medios de prensa especializados (como El Financiero) como en las empresas. Muchas firmas de servicios están ofreciendo seminarios y cursos en la materia, y será –sin duda alguna- uno de los temas principales que analizaremos en las próximas Jornadas Tributarias Costarricenses (el mayor evento nacional en materia tributaria) del próximo mes de octubre. Por ello, la consulta no solo resulta válida sino –hasta cierto punto- necesaria.

Bajo el término “precios de transferencia” se hace mención a las formas de determinación de los precios de bienes y servicios transados entre empresas o personas vinculadas. En realidad el término se ha simplificado, dado que verdaderamente hace referencia a las metodologías de cálculo de los precios que se hubiera pactado entre partes no vinculadas. Pongamos un ejemplo.

Pensemos en una empresa fabricante de automóviles localizada en Estados Unidos. Esta empresa ha deslocalizado parte de su operación en diversos países: los motores se fabrican en Japón, las llantas en Indonesia, los componentes tecnológicos en Alemania y todo se ensambla en México, en donde finalmente se vende el vehículo al consumidor final. Asumamos que en cada país se posee una sociedad u otro vehículo legal apto para llevar a cabo la actividad. Entonces, la dinámica de los precios de transferencia pretende “vigilar” que los precios a los cuales la sociedad de Japón le venderá el motor a la entidad mexicana sean de mercado, es decir, sean equivalentes o similares a los que dos entidades no relacionadas estarían transando. Y en caso de que no sean de mercado, establecer una valoración de cuál debió ser el precio indicado para efectos fiscales.

¿Por qué? El objetivo concreto de los precios de transferencia es evitar la llamada “erosión de bases imponibles”, es decir, la manipulación artificial de los precios de transferencia a fin de, entre otras razones, asignar el ingreso en un país o jurisdicción con bajos impuestos, o, por ejemplo, en una en donde la sociedad del grupo tenga pérdidas y por lo tanto, disminuya o reduzca el impuesto sobre la renta global del grupo. En definitiva, no pagar o pagar menos impuestos.

Como puede observarse del ejemplo anterior, las regulaciones de precios de transferencia buscan evitar el abuso de las estructuras a nivel internacional, principalmente cuando se está en presencia de grupos económicos con presencia en varios países. No obstante, la práctica internacional ha resultado que también han sido utilizados en transacciones locales, cuando se ha comprobado que efectivamente ha existido una disminución del impuesto a través de la afectación de los precios de transferencia.

Los precios de transferencia presupone, entonces, que las transacciones entre partes vinculadas se lleven a cabo según lo harían partes independientes. Esteprincipio, llamado “de libre concurrencia” y referido en inglés como “arm´s lenght” (por cuanto asume que las partes no relacionadas no están “juntas” sino al menos a un “brazo de distancia”) pretende que todas las transacciones se valoren según un parámetro de mercado. Para poder llevar esto a cabo, las regulaciones de precios de transferencia deben en primer lugar, definir los parámetros bajo los cuales una o más entidades o personas son partes vinculadas. es decir, cuándo dos empresas son relacionadas. En el ejemplo anterior, habrá que determinar si la participación accionaria entre las distintas empresas es relacionada a partir de un porcentaje (e.g. más del 25% de las acciones pertenecen a la misma entidad) o del grupo de control (uno, dos o más directores son los mismos), u otros parámetros según cada legislación (e.g. relación de consanguinidad o afinidad entre socios o directores).

Por su parte, una vez determinada la relación entre ellas, se deben regular los llamados “comparables”, es decir, los elementos que deben tomarse en consideración a fin de establecer si el precio transado entre la empresa de automóviles japonesa y la mexicana están o no reguladas por el principio de la libre concurrencia. En otras palabras, para saber si el motor se transó a un valor de mercado, tenemos primero que determinar “cuál es el valor de dicho motor”, y acá resultan importantísimas las características concretas. No es comparable un motor de gasolina a un motor eléctrico o híbrido, ni un motor de un vehículo sedán ordinario a un motor de un Fórmula 1 o uno de avión.

Y finalmente están las metodologías de valoración. En palabras del Reglamento que regirá la materia en Costa Rica: “La determinación del precio o margen que hubieran pactado partes independientes en operaciones comparables” deberá realizarse por medio de las metodologías que cada legislación desarrolla. En el caso nuestro, se pretende regular las siguientes: (i) Método del precio comparable no controlado, (ii) Método del costo adicionado, (iii) Método del precio de reventa, (iv) Método de la partición de utilidades y (v) Método del margen neto de la transacción.

Los precios de transferencia son probablemente el tema de mayor desarrollo tributario a nivel mundial. Lo que ha ocurrido, sin embargo, es que Costa Rica no ha tenido regulación al respecto y, por ello, hemos tenido un desarrollo tardío aún comparándonos con la región centroamericana (El Salvador en 2009, Panamá en 2010, Guatemala en 2013, mientras que en Nicaragua será en 2016 y en Honduras en 2014). Aunque aquí hay que hacer énfasis que la ausencia de regulación no ha impedido a la Administración Tributaria atacar de forma directa, y a mi juicio arbitraria, a muchísimos contribuyentes en relación con este tema.

En este último punto, cabe mencionar en síntesis lo siguiente: Las disposiciones de precios de transferencia deben necesariamente regularse por la vía legal ya que, al afectar la base imponible del contribuyente, no debe regularse vía reglamento, resolución o directriz. Costa Rica no tiene norma alguna de rango legal que desarrolle este tema, si bien ha habido intentos de incluirla, tanto en el proyecto de Ley de reforma fiscal de la Administración de don Abel Pacheco como en la recientemente fallida de la actual administración. Ante esta ausencia, la Administración Tributaria emitió una Directriz en 2003 (No. 20/2003), que fue utilizada ampliamente por la Administración Tributaria para realizar ajustes, a mi juicio ilegales y arbitrarios.

Adicionalmente, la Administración utilizó la normativa desarrollada por la OCDE, la cual no debería ser aplicable en nuestro país. Desgraciadamente, el desconocimiento que sobre el tema han tenido nuestro órganos resolutores, concretamente el Tribunal Fiscal Administrativo, el Tribunal Contencioso Administrativo e incluso la Sala Constitucional, ha derivado en que las actuaciones ilegales de la Administración se han validado en estos procesos y, por ello, hoy por hoy se encuentran a Derecho. Asimismo, la Sala IV ha indicado que las disposiciones de la OCDE son aplicables aún en ausencia de una Ley, algo inconcebible recientemente resuelto por la Sala que refleja serias falencias en conceptos muy básicos de Derecho Tributario.

En definitiva, seguimos sin tener una norma de rango legal. Ya está prácticamente listo un Reglamento que debería entrar en vigencia en los próximos días, el cual regula los elementos arriba indicados. Algunos puntos de la regulación son adecuados y algunos son excesivos y arbitrarios (como que se haga vía reglamento y sobretodo lo relacionado con la normativa de empresas vinculadas). Adicionalmente, ya existe un proyecto de Ley que vendría a darle base legal a la materia, pero cuya aprobación en una Asamblea Legislativa en proceso electoral es aún muy incierta.

Sin duda es un tema que invita al estudio y que representa un enorme reto para todo el país, tanto para el contribuyente como –principalmente- para la Administración. Volveremos muchas veces sobre este tema y no dude en compartir sus dudas o consultas sobre la materia.

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Tribuna Fiscal Diego Salto y José María Oreamuno

Diego Salto van der Laat. Socio de Impuestos de AFC. Doctor en Derecho Financiero y Tributario por la Universidad de Sevilla (España). Columnista, Bloguero y colaborador de El Financiero por más de 15 años. Profesor de Derecho Tributario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Ha sido profesor invitado en temas de fiscalidad centroamericana en la Universidad Northwestern (Chicago) y Complutense de Madrid (España). Considerado como uno de los asesores fiscales más recomendados del país por entidades como Chambers and Partners, Latin Lawyers, Who´s Who, The Legal 500, entre otros. Galardonado con el premio Profesional Liberal del Año por la Cámara de Comercio de Costa Rica (2011). Coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios del Colegio de Abogados. Presidente de la Asociación IFA Costa Rica, representante en el país de la International Fiscal Association (IFA), de la cual forma parte de su Comité Regional Latinoamericano. Autor de publicaciones y expositor de temas tributarios tanto a nivel nacional como internacional (Costa Rica, España, Estados Unidos, Argentina, Uruguay, México, República Dominicana, Alemania, entre otros). Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en programas de capacitación a funcionarios de la Administración Tributaria, Poder Judicial, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la República, entre otros (2003).

José María Oreamuno Linares. Socio de Facio & Cañas y de Faycatax, su Servicio de Impuestos. Escribe en El Financiero desde 1995. Ejerce como litigante. Profesor de Derecho Tributario en la Universidad de Costa Rica. Miembro fundador del Instituto Costarricense de Estudios Fiscales (ICEF) y de la asociación costarricense corresponsal de la International Fiscal Association (IFA). Tiene un postgrado en Fiscalidad Internacional por la Universidad de Castilla-La Mancha (España).

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