DEBERÁN REALIZARSE MODIFICACIONES EN LOS PRIMEROS MESES SI SE DESEA AVANZAR ADECUADAMENTE

¿Dos años para una reforma fiscal?…¡no lo creo!



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En una reciente entrevista con La Nación, don Helio Fallas describió el plan de acción fiscal que el PAC desea implementar. Algo similar hizo Henry Mora esta semana en Canal 7. Y reciéntemente tuve oportunidad de moderar una charla organizada por la Cámara Británico Costarricense con Luis Guillermo Solís y Helio Fallas. Con base en estas tres fuentes, me permito compartir lo que considero debemos esperar en estos primeros meses de Gobierno PAC en relación con el tema fiscal.

Primero hay que hacer una precisión conceptual. La idea de una “reforma fiscal” se ha equiparado con un proceso legislativo en el cual se incrementan las tarifas de los impuestos actuales o se crean nuevas cargas. El Partido Libertario acuñó el malogrado término de “paquete o paquetazo de impuestos” para describir o hacer alusión a cualquier proyecto de reforma fiscal. Es una idea errónea el equiparar una reforma fiscal con el mero sentido recaudatorio. No todas las reformas fiscales deberían buscar únicamente recaudar (hay que buscar equidad, progresividad y redistribución de la riqueza, entre otros), ni resulta necesario que se incrementen las tarifas o se crean nuevos tributos para que ello ocurra. Para muestra un botón: el actual Gobierno de Laura Chinchilla ha sido –por mucho- el mayor reformador tributario de los últimos años, se han aprobado muchísimas normas fiscales, no se han aumentado los impuestos y la recaudación en términos reales ha aumentado muy poco.

Veo inevitable que se tengan que hacer modificaciones en los primeros dos años de Gobierno. En otras palabras, me parece que sí tendremos una cierta reforma fiscal. ¿cuál reforma? Esa es la incógnita que se tendrá que dilucidar, pero no por ello hay que desentenderse del tema. Por ejemplo, la Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria aprobada en septiembre de 2012 no incrementó impuesto alguno, pero aprobó normas que le otorgaron poderes y facultados en muchos casos ilimitadas a la Administración Tributaria, cuyo resultado está siendo más gravoso para el contribuyente que lo que hubiera significado cualquier otra reforma fiscal.

En la charla realizada por la Cámara Británico Costarricense le pregunté expresamente a don Helio si la negativa a una reforma fiscal en los dos primeros años significaría que (i) no se crearían nuevos impuestos, (ii) no se incrementarían las tarifas de impuestos actuales o (iii) si no se realizaría modificación fiscal alguna. La respuesta fue que no se aumentarían ni crearían más impuestos, pero que si las condiciones políticas se presentan, se podrían realizar modificaciones normativas en los actuales impuestos, tal y como ocurriría con la introducción de un concepto global del impuesto sobre la renta, según comentó. En otras palabras, se harán reformas pero no se incrementarán impuestos ni crearán nuevas cargas.

¿Qué ocurrirá con el IVA? La conversión del actual Impuesto General sobre las Ventas es algo que estaba consensuado entre los diversos partidos desde hace tiempo. Los impuestos al consumo, como el IVA, son fácilmente gestionables y además obtienen una recaudación importante. Si se asimila “reforma fiscal” a incremento en la carga fiscal del contribuyente, entonces la creación del IVA no debería ocurrir en los dos primeros años, ya que la simple ampliación de la base generaría una afectación al contribuyente y a nuestra economía. Henry Mora aclaró que no se ampliarán bases ni se aumentarán tarifas. No obstante, me parece un error no proceder con esta modificación cuanto antes.

Por su parte, Henry Mora describió esta semana en Canal 7 las cinco grandes áreas en las que se centrarán en la parte recaudatoria: Aduanas, Ventas, Contrabando, Grandes Contribuyentes y Profesionales Liberales. Además, insistió en la necesidad fortalecer a la Administración Tributaria.

Acá resulta importante que el PAC conozca la realidad actual de la Administración Tributaria, no la teórica o conceptual, sino la práctica. Hoy día los contribuyentes estamos a merced de la Administración Tributaria, la cual posee todo tipo de disposiciones normativas que le benefician indiscriminadamente frente a los contribuyentes. Insistimos en la inconstitucional medida del cobro coactivo: Tributación nos quiere cobrar una supuesta deuda que ningún juez independiente ha validado, en clara violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Por qué no empezar el nuevo proceso político en la Administración Tributaria dando muestras de respeto al marco jurídico actual y eliminar de una vez esta figura arbitraria e inconstitucional? Por ello, decir simplemente que “queremos o vamos” a fortalecer a la Administración Tributaria no resulta ni correcto ni refleja un adecuado conocimiento de la actual relación Tributación – Contribuyente.

Otro ejemplo. Se habla mucho de la factura electrónica y la necesidad de su implementación. Efectivamente sería importantísimo que se implemente, pero la actual normativa posee algunas deficiencias y vacíos que no resulta adecuada su adaptación generalizada. Entre otras, no resulta claro el mecanismo bajo el cual la Administración Tributaria podrá acceder al llamado “repositorio” que presupone una acceso al sistema de contabilidad de la empresa: ¿bajo qué circunstancias se accede? ¿qué seguridad tendremos los contribuyentes en cuanto al sigilo y confidencialidad de la información?.

Por supuesto que hay que castigar al evasor. Pero para ello no hacer falta darle más herramientas a Hacienda. No es un tema de normas sino de ejecutores. Las normas que hay son más que suficientes, lo que hace falta es que los funcionarios las apliquen correctamente, sin arbitrariedades. Existen estudios que relacionan de manera directa la aplicación arbitraria de las normas de parte de la Administración Tributaria con el desincentivo al cumplimiento, es decir, con una menor contribución (entre otros, Klaus Tipke, Joao Bosco Coelho). Por lo que sería recomendable que la Administración Tributaria empiece por velar que sus funcionarios hagan bien la labor que constitucional y legalmente le es encomendada, y ello tendrá –con toda seguridad- un efecto positivo en el cumplimiento tributario de todos los contribuyentes.

Y por supuestos que todo esto dependerá de la visión, el compromiso y el conocimiento de quien asuma tanto el Ministerio de Hacienda, como -principalmente- del Director General de Tributación, lo cual esperamos conocer en los próximos días.

Finalmente hay que reiterar lo muchas veces dicho: el problema de nuestro sistema fiscal no se resuelve solo desde el punto de vista del ingreso ya que tenemos un problema de gasto que es aún más serio. El problema del ingreso no se resuelve haciendo pagar más a quien ya paga, ni generando normas que diluyan aún más los derechos de los contribuyentes ni los asimilen a todos a defraudadores. Hay buenos contribuyentes, y a ellos hay que facilitarles el cumplimiento.

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Tribuna Fiscal Diego Salto y José María Oreamuno

Diego Salto van der Laat. Socio de Impuestos de AFC. Doctor en Derecho Financiero y Tributario por la Universidad de Sevilla (España). Columnista, Bloguero y colaborador de El Financiero por más de 15 años. Profesor de Derecho Tributario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Ha sido profesor invitado en temas de fiscalidad centroamericana en la Universidad Northwestern (Chicago) y Complutense de Madrid (España). Considerado como uno de los asesores fiscales más recomendados del país por entidades como Chambers and Partners, Latin Lawyers, Who´s Who, The Legal 500, entre otros. Galardonado con el premio Profesional Liberal del Año por la Cámara de Comercio de Costa Rica (2011). Coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios del Colegio de Abogados. Presidente de la Asociación IFA Costa Rica, representante en el país de la International Fiscal Association (IFA), de la cual forma parte de su Comité Regional Latinoamericano. Autor de publicaciones y expositor de temas tributarios tanto a nivel nacional como internacional (Costa Rica, España, Estados Unidos, Argentina, Uruguay, México, República Dominicana, Alemania, entre otros). Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en programas de capacitación a funcionarios de la Administración Tributaria, Poder Judicial, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la República, entre otros (2003).

José María Oreamuno Linares. Socio de Facio & Cañas y de Faycatax, su Servicio de Impuestos. Escribe en El Financiero desde 1995. Ejerce como litigante. Profesor de Derecho Tributario en la Universidad de Costa Rica. Miembro fundador del Instituto Costarricense de Estudios Fiscales (ICEF) y de la asociación costarricense corresponsal de la International Fiscal Association (IFA). Tiene un postgrado en Fiscalidad Internacional por la Universidad de Castilla-La Mancha (España).

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