¿Qué regulan las nuevas Leyes fiscales?


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Hoy salieron publicadas dos nuevas leyes que en días pasados había firmado la Presidente Laura Chinchilla, las cuales introducen muchísimas modificaciones al sistema tributario costarricense.

¿Qué incluyen dichas leyes? ¿Qué afectación práctica tendrán? Las respuestas a estas dos preguntas son los objetivos que se desarrollan en los siguientes párrafos. Asimismo, en los próximos días iremos describiendo y desarrollando algunos de estos temas con mayor profundidad.

Resulta curioso que, a pesar del sentir popular, la Administración Chinchilla ha sido la mayor reformadora tributaria de las últimas décadas. Tómese en cuenta que, en lo que llevamos de Gobierno, se han aprobado las nuevas leyes del Impuesto a las Sociedades, de Medidas Urgentes, Impuesto a los Casinos así como las recién aprobadas Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria y la Ley para el Cumplimiento del Estándar de la Transparencia Fiscal. A ello debemos sumarle dos temas “menores” pero de gran trascendencia, como el referido a los Precios de Transferencia y el Impuesto General sobre las Ventas a los empaques y etiquetas. Por lo tanto, resulta evidente que –estemos o no en acuerdo con el actual Gobierno- lo cierto es que tendrá que ser reconocida su valentía fiscal al afrontar –no siempre de la mejor manera– diversos temas tributarios.

Empecemos por la Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria. En términos generales, la intención inicial de esta Ley era otorgarle más herramientas a la Administración Tributaria a fin de poder fiscalizar y recaudar eficientemente los tributos. Por ello, el eje principal de la reforma se centra en lo siguiente:

  • Un reforzamiento del marco sancionador, tanto en lo referente a las sanciones administrativas como a los delitos de carácter fiscal.
  • Modificación del proceso determinativa de la obligación tributaria derivado de las actuaciones de la Administración Tributaria. Este es probablemente el mayor error de la ley según veremos más adelante.
  • Establecimiento de un Capítulo de Derechos y Garantías del Contribuyente.
  • Otras modificaciones, principalmente a la Ley General de Aduanas, al Código de Comercio y a la Ley del Impuesto de Traspaso de Bienes Inmuebles. Estas dos últimas son de gran importancia práctica al menos al corto plazo.

Nuevo marco sancionador. La Ley aumenta considerablemente las sanciones administrativas, estableciendo dos posibles parámetros: (i) las infracciones materiales generales se sancionarán con un monto equivalente al 50% de la “base de sanción” (que en la mayoría de casos es el monto dejado de pagar). (ii) infracciones calificadas como “graves”, se sancionarán con un monto equivalente al 100% de la base de sanción. Dada la pluridad de opciones, podrán revisar los tipos sancionables en los documentos que se adjuntan.

Cabe resaltar la incorporación de una sanción que consideramos excesiva: cuando el contribuyente no facilite información o no comparezca cuando se le es requerido, será sancionado con una multa de hasta el “2% de la cifra de ingresos brutos del infractor”, con un mínimo de 10 salarios base y un máximo de 100 salarios base.

Nuevo proceso de determinación tributario. Este es sin duda alguna el mayor desacierto de la Ley. Hasta el día de hoy, cuando un contribuyente era fiscalizado y le notificaban un Traslado de Cargos, se tenía la posibilidad de impugnar administrativamente el acto administrativo y, hasta que éste estuviera firme, no se tenía la obligación de pagar. Esto resulta lógico, ya que un acto aún no firme no debería generar derechos máxime de contenido patrimonial. Pues a partir de ahora, el contribuyente recibirá después de la fiscalización un acto de Liquidación en donde se indicará la suma que la Administración Tributaria aduce que se debe. Pero, a diferencia de lo que ocurre ahora, dicha suma –la aún supuesta y que no se encuentra firme- resulta líquida y exigible, por lo que deberá pagarse dentro de los siguientes treinta días o rendir garantía. Téngase presente el absoluto irrespeto legal y abuso de parte de la Administración: debo pagar y/o rendir garantía antes de que se determine si llevan o no razón. Y argumentan que la Ley da la opción de rendir garantía…como si ello no afectara al contribuyente o llevara implícito costos. Abusivo. Muy abusivo.

En cuanto al Capítulo de Derechos y Garantías del Contribuyente, nos referiremos en detalle en próximas oportunidades. Basta decir por ahora que dichos Derechos no son más que un decálogo de buenas prácticas, la gran mayoría de ellas ya existentes, que la Administración Tributaria debería respetar. Sin duda alguna dará espacio a grandes discusiones litigiosas que, por ello, considero oportuno comentar en posteriores blogs.

De las otras modificaciones que se introducen, quisiera centrar este comentario en dos de ellas que son también excesivas en su regulación y que, esperamos, se limiten reglamentariamente. En primer lugar, se indica que será aplicable el Impuesto de Traspaso de Inmuebles a toda transferencia de propiedad, aún aquella que ocurra a través de medios indirectos. De esta forma se gravaría con el Impuesto la transferencia de acciones cuando éste involucre una transferencia de inmuebles. La nueva ley considera que una transferencia indirecta es en la cual existe una “transferencia del poder de control”. La definición de esta frase es aún ambigüa: cambio de acciones o cambio de administración. Si bien la intención es detener la constante utilización de la cesión de acciones como medio para evitar el impuesto de traspaso obviaron la implicación práctica en otros temas, tales como las fusiones o reorganizaciones empresariales. ¿Por qué tendría que pagar impuesto el acto de fusión de dos sociedades que tengan inmuebles dentro de su patrimonio? Las fusiones, adquisiciones y demás formas legales de reorganización empresarial deben estar no sujetas a este impuesto. ¿Cómo va a probarse la cesión de acciones en un régimen legal en donde solo se requiere el endoso nominativo y el registro en el libro de accionistas? ¿Cómo controlarlo sin violentar el levantamiento del velo y el anonimato de las sociedades?

Y finalmente quisiera compartir un último tema: la eliminación de la exención del impuesto de traspaso cuando se contribuyente inmuebles a fideicomisos. La nueva ley restringe esta exención a que el fiduciario sea regulada por SUGEF, lo que me parece adecuado, pero también exige que el beneficiario sea “…un fideicomisario constituido como sociedad o empresa dedicada a prestar servicios financieros”. ¿por qué exigir este segundo requisito? ¿Y los préstamos sindicados o los multilaterales? No considero que exista justificación más allá de un intento excesivo de control sobre un área que es indispensable para el desarrollo económico y social de nuestro país. ¿Cómo se estructurarán los proyectos?

En cuanto a la Ley de Transparencia Fiscal, sirva por ahora indicar que se flexibiliza la apertura del secreto bancario, eliminándose la necesidad de contar con un indicio de ilícito y solo bastar con estar en un proceso de fiscalización. Esto generalizará dichas aperturas en los procesos de fiscalización.

En los próximos días analizaremos más de estos temas, pero aprovecho para recomendarle que no pierda de vista estas nuevas modificaciones…El que no se haya aumentado directamente la tasa del impuesto sobre las ventas o de la renta no significa que no exista un costo alto e indirecto que usted y yo tendremos que asumir desde ahora.



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Tribuna Fiscal Diego Salto y José María Oreamuno

Diego Salto van der Laat. Socio de Impuestos de AFC. Doctor en Derecho Financiero y Tributario por la Universidad de Sevilla (España). Columnista, Bloguero y colaborador de El Financiero por más de 15 años. Profesor de Derecho Tributario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Ha sido profesor invitado en temas de fiscalidad centroamericana en la Universidad Northwestern (Chicago) y Complutense de Madrid (España). Considerado como uno de los asesores fiscales más recomendados del país por entidades como Chambers and Partners, Latin Lawyers, Who´s Who, The Legal 500, entre otros. Galardonado con el premio Profesional Liberal del Año por la Cámara de Comercio de Costa Rica (2011). Coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios del Colegio de Abogados. Presidente de la Asociación IFA Costa Rica, representante en el país de la International Fiscal Association (IFA), de la cual forma parte de su Comité Regional Latinoamericano. Autor de publicaciones y expositor de temas tributarios tanto a nivel nacional como internacional (Costa Rica, España, Estados Unidos, Argentina, Uruguay, México, República Dominicana, Alemania, entre otros). Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en programas de capacitación a funcionarios de la Administración Tributaria, Poder Judicial, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la República, entre otros (2003).

José María Oreamuno Linares. Socio de Facio & Cañas y de Faycatax, su Servicio de Impuestos. Escribe en El Financiero desde 1995. Ejerce como litigante. Profesor de Derecho Tributario en la Universidad de Costa Rica. Miembro fundador del Instituto Costarricense de Estudios Fiscales (ICEF) y de la asociación costarricense corresponsal de la International Fiscal Association (IFA). Tiene un postgrado en Fiscalidad Internacional por la Universidad de Castilla-La Mancha (España).

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