Es necesario afrontar el gasto que implica la reforma al empleo público

Por:  17 marzo, 2016

La dinámica del gasto del gobierno central no es sostenible, tal como se observa en el primer gráfico que acompaña este post, su crecimiento va mucho más allá de la capacidad de sostenerlo de la economía costarricense, crece mucho más rápido, el PIB creció 1.4 veces en ese periodo y los gastos lo hicieron 2.3 veces. Sin embargo, en los últimos años se ha utilizado la excusa de la inflexibilidad que caracteriza a los rubros de remuneraciones y transferencias, para justificar que es prácticamente imposible cualquier recorte considerable del gasto.

Las remuneraciones y transferencias, estas últimas que en su mayoría son remuneraciones y pensiones, representan el 104% de los ingresos del gobierno central, o sea, los ingresos apenas alcanzan para pagar sueldos y salarios. Esto nos indica que el crecimiento del gasto en remuneraciones y transferencias ha desplazado o minimizado la mayoría de las funciones que justifican la existencia del Estado.

Estimaciones que había presentado en la investigación "Sostenibilidad, solvencia y contribución al crecimiento de la política fiscal costarricense" para el Programa Estado de la Nación, indicaban que en el 2012 el recorte de gastos necesario para solo estabilizar la deuda, ni siquiera disminuirla, equivalía al 1.3% del PIB, hoy ese recorte debería ser de al menos 2.7% del PIB: ¡el problema sigue creciendo!

Las distorsiones que genera el Estado como empleador son evidentes, según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, el salario promedio de los empleados públicos es 137% mayor al de los privados, las diferencias salariales entre estos, si se controlan las actividades productivas donde convergen el Estado y el sector privado, disminuyen a 48%, una cifra que aún sigue siendo obscena. La función del Estado no es inflar el mercado laboral, es facilitar el bienestar de todos, sin discriminaciones.

Esto resalta la necesidad de emplearse a fondo en la reforma del empleo público, lo que implica necesariamente incurrir en gastos puntuales y específicos en lo que respecta a la liquidación de los empleados públicos que se sometan a la nueva figura de salario único, los cuales serían recontratados bajo nuevas condiciones, así como, a aquellos que laboren en instituciones que eventualmente puedan ser fusionadas con otras y que se acojan a la movilidad laboral.

Para poner en orden el empleo público se necesitaran recursos, además de reformas legales y constitucionales, de ahí la importancia de un impuesto específico y temporal, los detalles y condiciones para aprobarlo no los vamos a afinar todos aquí, pero sí podemos dar algunas luces que iluminen ese camino.

Debería ser un impuesto directo, ya Costa Rica es un país sumamente caro como para seguir basándonos en impuestos indirectos, debe estar acompañado de reglas fiscales con responsabilidad efectiva, no como ocurre hoy, donde seguimos financiando gasto corriente con deuda y no pasa nada, el objetivo de la regla fiscal debe ser alcanzar y mantener el grado de inversión, y finalmente se debería pensar en una regla fiscal para la estructura de los gastos respecto a los ingresos, no queremos volver a una situación donde el gasto sin incluir intereses es 20% mayor al ingreso.

Son decisiones políticas difíciles, que involucran al Ejecutivo y al Legislativo, que si no son tomadas voluntariamente, vendrán desde fuera cuando necesitemos ayuda financiera, tal como ocurrió con los programas de ajuste estructural anteriormente.

¿Por qué es importante este impuesto temporal y específico? Porque si únicamente lo que hacemos es aumentar los ingresos del gobierno, ese aumento de ingresos será posteriormente alcanzado por la dinámica de crecimiento del gasto público, o sea, no estaríamos alcanzando la sostenibilidad de las finanzas públicas que es a la larga lo que nos interesa a todos.

El siguiente gráfico se basa en el hecho de que la campaña contra impuestos llamada "Costa Risa" hubiera fallado, y que en el 2012 se hubiera aprobado una aumento de impuestos que representaba el 2.7% del PIB de ese año.

Como se observa, al mantenerse la trayectoria del gasto con el pasar de los años la diferencia entre ingresos y gastos se mantiene y tiende a ensancharse, esto lo que nos dice es que únicamente hubiéramos comprado tiempo, y que la discusión actual de "emergencia fiscal" la podríamos estar teniendo alrededor del 2020 o 2022.

En esto, estamos asumiendo que el gasto se comporta igual a como lo ha hecho en los últimos 4 años, en lo que hay que resaltar que podríamos estar pecando de ilusos, ya que si en medio de los problemas fiscales actuales el gasto se ha comportado así, ¿qué podríamos esperar si como sociedad le hubiéramos dado más ingresos a estas administraciones?, esta duda razonable nos lleva a la posición que antes de cualquier aumento de impuestos, es necesario reformar el empleo público, Costa Rica necesita estabilidad, y solo tocando este enorme nervio se logrará.

Este post es un resumen de la presentación realizada hoy en el Foro Política Fiscal y Empleo, organizado por ANFE, la misma la pueden acceder aquí.